La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) se reunió este lunes con la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para entregar y explicar 20 recomendaciones de cambios a la nueva Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia.
Las recomendaciones, en resumen, exponen que todas las leyes del país deben “eludir cualquier rastro de autoritarismo” como el vivido durante la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo.
Entre las observaciones a la ley, el vicepresidente de Finjus, Servio Tulio Castaños, expresó a los diputados que la normativa adolece de una ausencia de definición de términos y conceptos jurídicos que son indeterminados, como las definiciones de inteligencia estratégica, amenazas, contrainteligencia, operaciones encubiertas o información clasificada, unas concepciones que se pueden malinterpretar por su ambigüedad en la ley.
Otro punto de propuesta para la ley es establecer de “manera llana, precisa y clara” cómo se entregará la información a la nueva DNI, ya que la forma en que se obligaría a los ciudadanos a entregar datos violaría ciertas garantías y derechos.
Con esto, la Finjus se refiere al artículo 11 de la ley, que obliga a los ciudadanos a entregar cualquier tipo de información a la DNI sin la orden de un juez. Como propuesta, se sugirió a la comisión de diputados que se determine un orden o procedimiento para aprobar la recolección de datos.
En ese orden, las autoridades de Finjus argumentaron a la comisión de congresistas que la autorización judicial debe ser una garantía esencial para que se respete la Constitución ya que, en caso de que no se especifique en la ley, se abriría un margen amplio de “indeterminación e imprecisión”.
Además, la institución explicó a los legisladores que “hay riesgos” en la protección del manejo de la información privada que manejan las entidades de telecomunicaciones, por lo que “la DNI no puede atribuirse el control de estas informaciones” que pudieran ser delicadas.
Secreto profesional
De acuerdo con las observaciones, la Ley 1-24 no contempla definiciones para el secreto profesional que debería imperar en la DNI y, además, se sugiere que después de un tiempo, la información entregada a la institución debe ser destruida.
“Hay un acceso indiscriminado a la Unidad de Análisis Financiero que contiene la ley, disponiendo un margen desproporcional, sin rastros y sin limitantes bajo potestades de la DNI“, sostiene el vicepresidente de Finjus al referirse a aspectos que contiene la ley sobre manejos de información bancaria o financiera de los ciudadanos.
Otras propuestas
Asimismo, las observaciones entregadas a la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados incluyen falta de delimitación clara del Sistema de Inteligencia, apropiación de atribuciones del Ministerio Público, omisión de régimen disciplinario, ausencia de declaración de principios, régimen de compras y contrataciones.
A comisión
Las recomendaciones de Finjus fueron entregadas este lunes a la comisión de Derechos Humanos que preside el diputado Juan Dionicio Rodríguez, quien prometió que el equipo que dirige rendirá un informe para lograr que la ley sea cambiada.
Periodista dominicano. Escribe sobre temas legislativos y políticos.
