NUEVA YORK – Miembros de la diáspora agrupados bajo la coalición “Power 4 Puerto Rico” solicitaron a las autoridades federales que investiguen el alegado esquema de compra de votos a reclusos a cambio de drogas que un reporte de ProPublica vinculó con la campaña de la actual gobernadora de la isla, Jenniffer González Colón.
Los activistas emplazaron, tanto a los líderes del Congreso como al Departamento de Justicia de Estados Unidos, que examinen y respondan las preguntas que quedan sin contestar sobre un supuesto intercambio ilegal para favorecer la candidatura de la también presidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP).
“La investigación se detuvo antes de que el público conociera la verdad completa”, expuso Power 4 Puerto Rico a través de un comunicado.
“¿Quiénes estuvieron involucrados?; ¿se coaccionó o explotó a personas encarceladas?; ¿alguien vinculado a la campaña de la gobernadora Jenniffer González Colón tenía conocimiento de la presunta conducta o se benefició de ella?; ¿por qué supuestamente no se presentaron cargos relacionados con las elecciones?; ¿quién tomó esa decisión?”, cuestionaron los denunciantes.
La entidad también solicitó que se convoquen audiencias en el Congreso para revisar lo sucedido.
“El pueblo puertorriqueño merece la verdad”, puntualizaron en el escrito de este miércoles.
Los grupos de la diáspora no son los únicos que exigen una indagación en las alegaciones.
El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la isla presentó la Resolución del Senado 500 para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano a realizar una investigación “exhaustiva” sobre las denuncias de la existencia de un esquema de canjeo de votos y otros favores ilícitos al interior de las cárceles para el beneficio electoral de la presente administración.
“Ofrecer o dar regalos a cambio de apoyo en las urnas es un delito grave, cuya convicción conlleva multas de hasta $250,000 dólares y penas de prisión de hasta dos años”, lee parte de la resolución introducida el martes por los senadores María de Lourdes Santiago Negrón y Adrián González Costa.
“Los investigadores federales habrían reunido pruebas sólidas de fraude electoral que implicaban tanto a reclusos como a empleados, y estaban trabajando para determinar si González Colón o su campaña estaban involucrados…”, añade el texto.
El escrito resalta las supuestas directrices de altos funcionarios en la fiscalía federal en Puerto Rico, poco después de que el presidente Donald Trump ganara las elecciones, para excluir de las acusaciones los alegados intentos de influir en las elecciones.
“No obstante, mientras los fiscales federales preparaban una acusación formal contra los reclusos y empleados en noviembre de 2024 – apenas días después de que Trump ganara las elecciones y González Colón asegurara la gobernación – alegadamente recibieron una directriz de sus superiores en la Fiscalía Federal para el Distrito de Puerto Rico, quienes les ordenaron que se excluyera del pliego acusatorio toda mención de cargos relacionados con la participación de los reclusos en la votación para seleccionar a la gobernadora de Puerto Rico”, señala la resolución en referencia al artículo.
“En efecto, en diciembre de 2024 presentaron una acusación formal contra tres reclusos y asociados por delitos que incluían distribución de drogas (cuyo uso resultó en al menos cuatro muertes por sobredosis), lavado de dinero y posesión de armas de fuego. Según el escrito de Fiscalía Federal, las drogas eran introducidas en los centros carcelarios mediante el uso de drones, con pleno conocimiento y colaboración de empleados del Departamento de Corrección y Rehabilitación, cuya participación en el esquema incluía la no intervención en agresiones infligidas por los integrantes de la organización de reclusos que manejaba la operación ilegal”, expone la norma.
Gobernadora de Puerto Rico niega señalamientos
La gobernadora ha rechazado los señalamientos contenidos en el reporte de ProPublica del miércoles, titulado “Los fiscales tenían ‘asegurado’ un esquema de drogas a cambio de votos. Bajo la administración Trump, se les ordenó no presentar cargos”.
Tras una conferencia de prensa ayer, González Colón catalogó la denuncia como “lo más alejado de la realidad que alguien puede ver”.
“Primero, que yo no he visitado las cárceles, las alegaciones que se hacen no ha habido nada de ese tipo y, si las hubiera, si en efecto hubiera habido esas investigaciones, fueron durante el pasado cuatrienio, y a mí no me consta. Yo era comisionada residente en Washington. Yo era una funcionaria federal”, argumentó la mandataria al ser abordada por periodistas sobre el asunto.
A la pregunta sobre si debería realizarse una investigación, respondió: “Aquí no hay nada. Y, si tienen investigaciones del pasado cuatrienio, que las hagan, que las lleven a feliz término. Pero yo no tengo absolutamente nada que ver con las cosas que se señalan ahí, mucho menos mi campaña”.
La primera ejecutiva insistió en que la información “de un medio de izquierda” es difamatoria, y que busca afectar a la Administración Trump de cara a las elecciones de medio término en noviembre próximo.
“Aquí cualquiera se inventa una noticia sin fuentes, sin opinión oficial, sin datos, para mancillar reputaciones y dañar reputaciones en aras de una contienda política electoral en los Estados Unidos, donde estamos en las elecciones de medio término. La agencia o el medio que hace esta publicación es un medio financiado por la izquierda, de un corte sensacionalista, reconocido, que tiene la costumbre de hacer reportajes de encargo contra líderes republicanos y, ciertamente, contra el presidente Trump”, planteó González Colón.
En un comunicado el día antes, la gobernador declaró que “durante mi carrera y en mis campañas políticas hemos combatido la corrupción, actuado en contra de ella y presentado iniciativas para combatirlas y sobre todo hemos respetado los procesos democráticos”.
“Rechazo toda alegación que se me pretenda imputar sobre actos contra la ley, como la publicación difamatoria en un medio nacional sobre alegados esquemas durante el pasado cuatrienio y que ahora se quiera adjudicar a mi campaña”, afirmó.
La inquilina de La Fortaleza dijo que, durante su campaña, tanto ella como miembros de su equipo se reunieron con familiares de confinados para discutir temas como rehabilitación y reinserción social, como lo hicieron con otros sectores de la población para garantizar políticas públicas que atendieran las necesidades de todos los ciudadanos.
Pero añadió que la mejor evidencia de que no incurrieron en actos ilegales es que, durante la primaria electoral del 2024, la población correccional votó abrumadora en contra de su candidatura y a favor del exgobernador Pedro Pierluisi.
“También rechacé como parte de esa campaña, la petición que me hicieran familiares de confiados de que se quedara en su cargo la exsecretaria de corrección Ana Escobar”, mencionó.
En el comunicado se mencionan varias iniciativas contenidas en el Programa de Gobierno del PNP en beneficio de confinados, como la erradicación de la hepatitis C en las cárceles, las oportunidades de aprendizaje virtual para personas en las cárceles en instituciones de educación superior y mayor inversión en trabajadores sociales asignados a las cárceles demuestran nuestro compromiso.
“Las alegaciones de intervenciones indebidas que se señalan en el reportaje son completamente falsas. Cualquier investigación federal que exista, si existe, deben preceder mi administración. Este reportaje es uno de encargo por la misma gente que quieren seguir intentando manchar mi reputación. Seguiré enfocada en hacer el trabajo a favor de la gente”, concluyó la política.
Citando a investigadores, el informe de ProPublica señaló que los líderes de la pandilla carcelaria conocida como “Los Tiburones”, presuntamente vendían drogas a los reclusos, no solo a cambio de dinero, sino también de sus votos a favor de la actual gobernadora, “republicana de larga trayectoria y partidaria del presidente Donald Trump”.
La información añadió que, para asegurarse de que los reclusos, muchos de los cuales eran adictos, cumplieran, “los líderes de la pandilla amenazaron con recurrir a la violencia y con retenerles las drogas”.
Alegadamente, los empleados penitenciarios que participaban en el supuesto esquema se hicieron de la vista larga mientras los traficantes de la organización, conocida formalmente como el Grupo 31, dirigían la operación.
Las cuatro fuentes familiarizadas con el caso que hablaron con el medio expresaron que, mientras los fiscales federales preparaban una acusación formal contra los reclusos y el personal en noviembre de 2024, recibieron una directriz “sorprendente”. Presuntamente, sus superiores en la Fiscalía Federal para el Distrito de Puerto Rico los instruyeron para que excluyeran los cargos contra los reclusos relacionados con el voto, así como todos los cargos contra los empleados.
El reportaje agregó que, en diciembre, las autoridades federales en Puerto Rico presentaron una acusación formal con la imputación a 34 reclusos y asociados.
“Y, si bien los fiscales describieron el esquema de ‘drogas a cambio de votos’ en el documento judicial, no incluyeron ni un solo cargo relacionado con el mismo”, especificó el texto.
Las fuentes afirmaron que, después de que Trump asumiera el cargo, un supervisor le comunicó al fiscal principal, identificado como Jorge Matos, que no debía avanzar con la investigación.
“Antes de las elecciones, definitivamente se avanzaba a toda máquina”, comentó uno de los entrevistados. “Después de las elecciones, todo eso cambió”, añadió.
ProPublica es un medio independiente y sin fines de lucro que produce reportajes investigativos. El enfoque de su cobertura son los abusos de poder y las traiciones a la confianza pública con el fin de exigir la rendición de cuentas por parte de quienes ostentan el poder.
Los temas que cubre la entidad son variados y van desde gobierno y la política, negocios, justicia penal, medioambiente, educación, salud, inmigración hasta tecnología.
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Desde sus inicios en el 2008, ProPublica ha recibido ocho premios Pulitzer (varios este año), seis premios Peabody, ocho premios Emmy y 18 premios George Polk.