Un dominicano residente en Baltimore fue deportado tras ser víctima de una presunta estafa digital que lo dejó sin defensa legal durante su proceso migratorio ante las autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Judith, ciudadana estadounidense y esposa del afectado, relató que decidió contratar asistencia legal para su pareja cuando este se encontraba bajo custodia de ICE. Según su testimonio, la familia realizó pagos escalonados que sumaron casi 9 mil dólares, recursos obtenidos mediante préstamos, sin llegar a conocer personalmente a los supuestos representantes legales que decían llevar el caso. La mujer aseguró que los individuos le hicieron creer que el proceso avanzaba favorablemente, enviándole documentos aparentemente oficiales que, según descubrió posteriormente, incluían irregularidades graves, entre ellas la firma atribuida a un juez que no correspondía a procedimientos reales. El momento decisivo llegó cuando su esposo fue deportado sin haber contado con defensa legal efectiva, hecho que confirmó que todo el proceso había sido una simulación, dejando a la familia con pérdidas económicas significativas y una situación familiar compleja. Desde República Dominicana, Darwin, esposo de Judith, expresó vía telefónica que llegó al país el miércoles 15 de abril, describiendo su estado como de tristeza y vacío tras la separación forzada y el impacto de lo ocurrido. Judith manifestó que, más allá de las pérdidas económicas, el impacto emocional ha sido significativo, señalando que ambos emigraron con el objetivo de construir una vida estable en territorio estadounidense, proyecto que quedó truncado por la presunta estafa. Un abogado migratorio consultado en el contexto del caso advirtió que este tipo de situaciones no son aisladas, señalando que existen ofertas engañosas de procesos o beneficios inexistentes, así como supuestas fianzas que no corresponden a procedimientos migratorios reales. El especialista recomendó que, antes de contratar servicios legales en materia migratoria, se verifique que el profesional esté debidamente autorizado y, de ser necesario, se busque una segunda opinión para evitar situaciones similares a la que afectó a esta familia dominicana. La denuncia fue presentada ante la policía del condado de Baltimore, donde las autoridades mantienen abierta una investigación sobre el caso, mientras la familia continúa gestionando la posible recuperación del dinero transferido a los presuntos estafadores. **REDACCIÓN FV MEDIOS**