La Corte Suprema asestó un nuevo golpe a las iniciativas estatales para endurecer el control de armas al declarar inconstitucional una ley de Hawaii que impedía portar armas de fuego en propiedades privadas abiertas al público sin el consentimiento expreso del propietario.
En una decisión dividida de 6 votos contra 3, la mayoría conservadora del máximo tribunal concluyó que la legislación violaba las protecciones de la Segunda Enmienda de la Constitución, que garantiza el derecho de los ciudadanos a poseer y portar armas para defensa personal.
El fallo, redactado por el juez Samuel Alito, representa una victoria para los grupos defensores del derecho a portar armas y tendrá repercusiones más allá de Hawaii, ya que estados como California, Nueva York, Nueva Jersey y Maryland mantienen normas similares que podrían enfrentar nuevos desafíos legales.
La controversia surgió tras la aprobación de la llamada Ley 52 en 2023, una medida impulsada por el estado después del histórico fallo de la Corte Suprema en el caso New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen, que amplió la protección constitucional del porte de armas fuera del hogar.
La legislación hawaiana establecía que quienes contaran con un permiso de portación oculta solo podían ingresar armados a comercios, restaurantes y otros establecimientos privados abiertos al público si el propietario autorizaba expresamente el ingreso con armas.
La mayoría considera que la ley imponía una carga indebida
En la opinión mayoritaria, Alito sostuvo que la norma restringía de manera significativa el ejercicio cotidiano del derecho protegido por la Segunda Enmienda.
El magistrado argumentó que, aunque los propietarios conservan la facultad de prohibir el ingreso de personas armadas a sus establecimientos, corresponde a cada dueño establecer esa restricción de manera voluntaria y no al Estado imponer una prohibición generalizada.
Asimismo, rechazó que Hawaii pudiera justificar la ley mediante referencias históricas a regulaciones sobre propiedad privada o normas del siglo XVIII relacionadas con la caza, al considerar que esos antecedentes no guardan relación con el derecho moderno a portar armas para defensa personal.
La mayoría también descartó una antigua legislación de Luisiana de 1865 citada por el estado, al señalar que formó parte de los llamados “Códigos Negros”, utilizados tras la Guerra Civil para restringir los derechos de las personas afroamericanas recién liberadas.
Las juezas liberales defienden el derecho de los propietarios
Las tres integrantes liberales de la Corte votaron en contra del fallo. En la opinión principal de la disidencia, la jueza Ketanji Brown Jackson sostuvo que el caso no debía analizarse como un conflicto de la Segunda Enmienda, sino como una cuestión relacionada con los derechos de propiedad.
A su juicio, ningún ciudadano posee un derecho constitucional para ingresar armado a una propiedad privada sin autorización de su propietario, por lo que la ley simplemente definía la forma en que debía expresarse ese consentimiento.
Jackson también afirmó que la legislación de Hawaii era consistente con diversas regulaciones históricas que exigían autorización para acceder armado a terrenos privados, y criticó que la mayoría ampliara nuevamente el alcance de la Segunda Enmienda.
Por su parte, la jueza Amy Coney Barrett presentó una opinión concurrente en la que explicó que, aunque los propietarios conservan plenamente el derecho de prohibir armas en sus establecimientos, cuando es el Estado quien establece reglas generales sobre el porte de armas, la Segunda Enmienda sí entra en juego.
La decisión representa el más reciente triunfo judicial para los defensores del derecho a portar armas y fortalece la doctrina establecida por la Corte Suprema en los últimos años, limitando la capacidad de los estados para imponer nuevas restricciones al porte legal de armas de fuego en espacios públicos y establecimientos privados abiertos al público.
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