Corea del Norte, uno de los países con los estándares democráticos más bajos del mundo, ha revisado su constitución. Según ha informado la agencia de noticias Yonhap, del país homónimo del sur, el régimen de Pionyang ha presentado un borrador para la ley fundamental del … país en el que se reflejan cambios profundos de la política interior y exterior. Según informa Reuters, se cree que la nueva constitución fue aprobada el pasado mes de marzo por la Asamblea Popular, el órgano legislativo.
Una de las principales novedades del texto es la renuncia a la lucha por la unificación de las dos Coreas. Si la versión anterior aludía a la «victoria completa del socialismo» de la «mitad norte» para la «reunificación nacional». Así, en la nueva constitución se establece como límite territorial «la República de Corea en el sur, así como las aguas terrioriales y el espacio aéreo establecidos en él». Sin embargo, según Yonhap, no se específican dichos límites al estar estos en disputa.
Sin embargo, dicha mención constata un cambio en la mentalidad del régimen, ya adelantado por el propio Kim Jong-un en 2023, cuando se refirió a las relaciones entre ambos países como las de «dos estados hostiles». A pesar de ello, en el la nueva versión han desaparecido las expresiones más beligerantes, como las de «agresores imperialistas», «liberación de la explotación y la opresión» o la de «maniobras destructivas de adversarios internos y externos».
El líder supremo será el jefe del Estado
La nueva constitución también reconoce a Kim Jong-un como jefe de Estado de Corea del Norte. Hasta ahora su papel de líder supremo venía definido por su cargo de presidente de la Comisión de Asuntos Estatales de Corea del Norte, un cargo que él mismo creó en 2016 en su calidad de secretario general del Partido del Trabajo. Su asunción de la nueva posición supone una ‘normalización’ de la jerarquía dentro del país, en la que se abandonan nomenclaturas más propias de los régimenes comunistas, según los expertos consultados por la agencia surcoreana.
A pesar de ello, su papel como dirigente se ve claramente reforzado, ya que se añaden más facultades a sus ya extensos poderes. Kim podrá, según el nuevo texto, «nombrar y destituir funcionarios clave», y se elimina el derecho de la Asamblea Popular Suprema de revocar su mandato como presidente de la Comisión de Asuntos Estatales.
Mención expresa a las armas nucleares
También se arroga un nuevo poder para el uso de armas nucleares, que se recogen expresamente en el texto consitucional. El líder norcoreano tendrá la facultad sobre el uso de este armamento en exclusiva, según la nueva versión.
Dentro de este proceso de relativa estandarización de la norma fundamental de Corea del Norte, se eliminan expresiones que distaban mucho de la realidad interna del país. Por ejemplo, se han desechado claúsulas de índole más socialista, como la mención a la «atención médica gratuita», la definición como un «país libre de impuestos» o la de «cero desempleo». Expresiones que tenían más un carácter ideológico que jurídico.
Una revisión constitucional de dos caras
La revisión tiene, en definitiva, dos caras. Por una parte, se normalizan ciertas definiciones y estandarizan los órganos del poder del régimen, así como se establece una base sobre la que construir una relación de coexistencia pacífica con sus vecinos del sur. Pero, en el reverso, se fortalecen los poderes de Kim Jong-un como líder supremo, eliminando los ya escasos y débiles contrapesos para su poder, además de recoger expresamente y por primera vez, una mención al armamento nuclear.
Sus vecinos de Corea del Sur se encuentran también en un proceso de revisión de su constitución, aunque con las evidentes distancias en materia de derechos y libertades. El presidente Lee Jae Myung ha subrayado este mismo miércoles la necesidad de revisar la Carta Magna, sin cambios en casi cuatro décadas, por «haberse quedado obsoleta».
Seúl vive una profunda crisis desde que el anterior presidente, Yoon Suk-yeol, proclamara sin previo aviso una ley marcial el 3 de diciembre de 2024, aunque fue rechazada por la Asamblea Nacional. Tras una reunión con su gabinete, el expresidente la revocó. Fue condenado a cadena perpetua en febrero de este año por liderar «una insurreción que pretendía usurpar la democracia». Una de las reformas propuestas es precisamente las condiciones para decretar la medida de excepción.