Miami, Florida.– Francisco Alberto Gómez Gómez, conocido como “Frico”, fue sentenciado a más de ocho años en una prisión federal por su participación en una estructura ilícita con conexiones entre el Caribe y los Estados Unidos. Según informaron las autoridades estadounidenses, operaba desde el complejo turístico “Fricolandia”, situado en la costa norte de República Dominicana, que servía como fachada para coordinar actividades ilegales.
El Departamento de Justicia del Distrito Sur de Florida indicó que este lugar, presentado como un destino recreativo, funcionaba en realidad como centro logístico para una red internacional dedicada a operaciones ilícitas. En este espacio se realizaban reuniones privadas donde se organizaban los detalles de los envíos y otras acciones vinculadas a esta estructura criminal.
La condena de “Frico” forma parte de un esfuerzo coordinado por parte de las autoridades de los Estados Unidos para desarticular este tipo de redes que utilizan empresas turísticas como instrumento de operaciones financieras y movimientos no autorizados. Las investigaciones revelaron que las instalaciones eran utilizadas no solo como punto de encuentro, sino también para facilitar la planificación de actividades fuera del marco legal.
Junto a Francisco Alberto Gómez Gómez también estuvo involucrado Alexander Iglesias Ventura, quien ya fue sentenciado anteriormente luego de admitir que realizó el blanqueo de más de 800 mil dólares derivados de acciones ilegales. Los documentos judiciales establecen que ambos tenían un rol estratégico en el funcionamiento de la organización.
La Fiscalía estadounidense detalló que la cooperación entre organismos internacionales, el uso de inteligencia financiera y la vigilancia sobre transacciones sospechosas fueron claves para llegar a esta resolución. Asimismo, se destacó que este caso es parte de una estrategia más amplia dirigida a prevenir y sancionar a quienes utilicen estructuras comerciales como encubrimiento para transferencias de capital no autorizadas.
Con esta sentencia, las autoridades de Estados Unidos refuerzan su posición frente al uso indebido de negocios turísticos, al tiempo que instan a las instituciones dominicanas a aplicar mayores controles sobre actividades que puedan levantar alertas.
El caso también motivó a la Fiscalía a continuar con el rastreo de propiedades, transacciones bancarias y otros elementos que pudieran estar relacionados con operaciones similares. Esta situación genera ahora una nueva etapa de atención sobre la legalidad de las actividades económicas en regiones turísticas, especialmente en zonas que han mostrado vulnerabilidades frente a estructuras ilícitas.