Los colombianos acuden este domingo a las urnas para elegir a su nuevo presidente. Lo hacen en un contexto marcado tanto por la violencia política como por los enfrentamientos permanentes entre las fuerzas armadas y los grupos criminales.
Esto ha provocado el blindaje de unos … comicios que estarán vigilados por más de 400.000 militares y policías en todo el país. La cifra es el corolario de un proceso que se inició, el año pasado, con el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, quien aspiraba a la presidencia por el partido Centro Democrático.
Los principales candidatos, el senador izquierdista Iván Cepeda, la derechista Paloma Valencia y el abogado ultra Abelardo de la Espriella, llegan a la primera vuelta electoral tras meses de campañas que en diversas ocasiones se han visto amenazadas por una espiral de violencia que enciende las alarmas de cara a la votación.
Este sábado, el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) liberó a uno de los coordinadores de la campaña de Valencia en el departamento de Arauca, al este del país. Llevaba cuatro días secuestrado. El episodio se sumó a la lista de más de 300 casos de violencia electoral que la autoridad lleva registrados desde el inicio de la campaña.
En el caso de De la Espriella, dos coordinadores de su campaña fueron asesinados a tiros, otros fueron amenazados para dejar de trabajar para el candidato. Por otra parte, el mes pasado fueron atacadas sedes de la campaña de Cepeda al tiempo que algunos de sus colaboradores sufrieron intentos de secuestro.
«Actualmente, tenemos 335 afectaciones contra liderazgos políticos, un incremento de 20 casos que representa un 6,3%. Nos preocupa el fenómeno del asesinato: 35 asesinatos ya en este periodo, 230 amenazas, 46 atentados y 17 secuestros», señaló este sábado Frey Muñoz, subdirector de la Misión de Observación Electoral.
A la violencia política se añade la disputa por el territorio entre la autoridad, el narcotráfico y los grupos guerrilleros. El pasado miércoles, en la zona rural de San José del Guaviare se registró una de las peores masacres derivadas de enfrentamientos entre grupos armados, en la última década. La disputa, entre disidencias de las FARC, dejó un saldo de al menos 48 muertos, algunos de ellos menores de edad víctimas de reclutamiento forzado.
La prensa ha señalado que en diversos territorios del país los grupos armados han condicionado las elecciones mediante extorsiones a votantes y candidatos de diversos municipios.
Bajo alerta
Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), advirtió que estas elecciones presidenciales serán las más violentas desde las de 2018. De acuerdo con el último mapa de riesgo electoral divulgado por la Defensoría del Pueblo, 69 municipios están bajo alerta inmediata.
«La preocupación central no es la realización de la jornada electoral. La preocupación central es la libertad con la que se desarrollarán esas elecciones en el país. El riesgo no es la cancelación de las votaciones, sino la consolidación de una democracia meramente formal en algunas regiones, que ignore el silencio obligado de las comunidades ante la gobernanza de los grupos armados», señaló la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.
Ante el actual panorama, este domingo habrá miles de observadores internacionales que llegaron al país para supervisar el proceso electoral.
«Por primera vez en la historia el Consejo Nacional Electoral (CNE) hace un despliegue de esta magnitud. Tenemos más de 13.000 observadores en todo el territorio nacional y más de 1.500 observadores internacionales», afirmó Cristian Quiroz, titular del CNE, en declaraciones a la agencia EFE.
La misión cuenta con representantes de EE.UU., Australia, El Salvador, España y Nueva Zelanda, entre otros países, además de delegados de organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), Transparencia Electoral y el Centro Carter.