NUEVA YORK – Cuarenta y seis congresistas demócratas emplazaron al secretario del Departamento de Energía (DOE), Chris Wright, a que explique qué lo llevó a tomar la decisión de cancelar cientos de millones de dólares para paneles solares en viviendas de familias vulnerables y de escasos recursos en Puerto Rico que fueron asignados por el Congreso bajo el llamado “Fondo de Resiliencia Energética” (Puerto Rico-Energy Resilience Fund o PR-ERF).
El esfuerzo está encabezado por Jared Huffman (California), miembro de alto rango en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara; Nydia Velázquez (Nueva York), Alexandria Ocasio-Cortez (Nueva York) y el comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C., Pablo José Hernández.
Por medio de una carta con fecha del 23 de abril, el grupo cuestiona la falta de transparencia de la agencia sobre la redirección de parte de los $1,000 millones aprobados en el 2022 por el Congreso para paneles solares y baterías a decenas de miles de familias.
“La falta de transparencia del DOE, el uso ineficiente y reiterado de los fondos, el desprecio por la intención del Congreso y la cancelación potencialmente ilegal de contratos —sumados al consiguiente aumento de la pobreza energética y a la pérdida de seguridad energética— plantean serias interrogantes sobre el uso que el Departamento está haciendo del Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico (ERF). Solicitamos una sesión informativa como primer paso en nuestros esfuerzos por comprender los fundamentos de las decisiones adoptadas por el Departamento”, inicia la misiva.
En el texto suscrito por los congresistas se argumenta que, ante los desafíos eléctricos mayores que enfrentan los puertorriqueños en el territorio, como falta de confiabilidad y elevadas facturas, los sistemas solares sirven como salvaguarda para las poblaciones más vulnerables, incluyendo las que dependen de dispositivos eléctricos domésticos para tratamientos médicos.
“Los hogares del archipiélago que cuentan con el suministro eléctrico más confiable son aquellos equipados con sistemas solares en los techos y baterías, especialmente después de desastres naturales. Esta realidad ha impulsado uno de los mercados de sistemas solares en techos y baterías de más rápido crecimiento en Puerto Rico, el cual actualmente suministra energía a aproximadamente 200,000 hogares”, exponen.
“Como resultado, los sistemas solares en techos y las baterías aportan ahora más de 1.4 gigavatios de electricidad a una red eléctrica, de otro modo frágil, y a una flota de generación envejecida, evitando así innumerables apagones provocados por déficits de generación”, continúan los representantes.
Los líderes demócratas resaltan que los sistemas solares funcionan como Central Eléctrica Virtual (Virtual Power Plant) o sistema descentralizado para estabilizar la red, lo que ayudó a prevenir apagones durante el verano de 2025.
“La energía solar despachada desde baterías descentralizadas también contribuyó a estabilizar el suministro eléctrico mediante servicios de regulación de frecuencia y voltaje. LUMA, la empresa privada responsable de operar el sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica de Puerto Rico, ha declarado que, gracias a los nuevos ajustes obligatorios en los inversores inteligentes de los sistemas solares y de baterías más recientes, ‘aumenta la capacidad de acogida de los alimentadores, lo cual permite un mayor número de interconexiones a un alimentador antes de que sea necesario realizar un estudio complementario o acometer mejoras en la red’. La energía solar y el almacenamiento están fortaleciendo la red, no sobrecargándola, lo cual refuta directamente la justificación esgrimida por el DOE para la reasignación de los fondos”, afirman los congresistas.
Los legisladores federales contrastaron lo anterior con el hecho de que la dependencia a gas metano (gas natural) y petróleo, productos que deben ser importados, contribuye a un sistema eléctrico menos confiable, “y que sigue siendo sumamente vulnerable a los fenómenos meteorológicos extremos y a otras interrupciones”.
El panorama se agrava, plantean los políticos, ante la realidad de que los residentes de Puerto Rico pagan tarifas eléctricas casi un 60% por encima del promedio del territorio nacional.
“El principal factor determinante de los costos del sistema eléctrico de Puerto Rico es el precio de los combustibles líquidos —tales como el petróleo y el gas metano—, situación que se ve agravada por el costo adicional de su transporte. Mientras deban importar sus combustibles para la generación eléctrica, sus costos de electricidad seguirán siendo exorbitantes. En contraste, Puerto Rico cuenta con una abundante radiación solar. Según el Laboratorio Nacional de Energías Renovables del Departamento de Energía, existe un potencial de energía solar en los techos suficiente para generar la totalidad de la electricidad que consume Puerto Rico” comparan.
Los demócratas señalan que la asignación de los $1,000 millones inició con las gestiones del fallecido congresista de Arizona, Rául Grijlava, y 37 colegas, que requirieron el financiamiento bajo el entendimiento de que la red eléctrica era “sistemáticamente incapaz de mantener el suministro eléctrico incluso tras los eventos meteorológicos más leves”.
A pesar de los esfuerzos legislativos, que también incluyeron a republicanos como la entonces comisionada residente Jenniffer González -actual gobernadora de la isla, el año pasado, el DOE congeló todos los proyectos ERF sin considerar el estatus de su implementación para redireccionar los fondos a proyectos en la red no especificados.
“En septiembre de 2025, el DOE retiró $365 millones de dólares destinados a la seguridad energética tras desastres, fondos que estaban previstos para ayudar a 175 pequeñas instalaciones de atención médica que atienden a 300,000 pacientes (a través del Programa Comunidades Resilientes), así como a complejos de apartamentos y condominios que albergan a más de 400,000 residentes”, exponen.
El 9 de enero pasado, el DOE frenó otros $350 millones bajo el Programa Acceso Solar destinados a “hogares con personas con discapacidades, personas de muy bajos ingresos y personas cuyas luces son las últimas en volver a encenderse tras un desastre”.
De acuerdo con los representantes, “el DOE está intentando convencer al pueblo de Puerto Rico de que privar a las personas mayores de su seguridad energética les proporcionará, por fin, la red eléctrica confiable que se les ha prometido desde hace mucho tiempo”.
El hecho es que, al momento de las suspensiones de fondos, se habían firmado contratos de energía solar con miles de familias y varios proyectos se encontraban en proceso de ejecución.
“Para muchas de ellas, ya se habían adquirido equipos por valor de millones de dólares. Los demócratas del Comité han descubierto que dichos equipos solares han permanecido almacenados en depósitos en Puerto Rico desde el año pasado, momento en que el DOE paralizó todas las instalaciones” especifican.
Los congresistas insisten en que el DOE actúa bajo un “denso manto de secreto”.
“Si bien los fondos del ERF se asignaron inicialmente de manera transparente, incorporando a las comunidades más afectadas, ahora dichos fondos están siendo redirigidos bajo un denso manto de secreto. AEE (Autoridad de Energía Eléctrica), Genera PR, LUMA Energy y el DOE se han negado, todos ellos, a revelar los proyectos específicos a los que se destinaría potencialmente la reasignación de fondos; LUMA y el DOE, por su parte, han ofrecido únicamente descripciones generales”, resaltan.
Según la información que ha llegado al Comité de Recursos Naturales, con jurisdicción sobre los asuntos de Puerto Rico, uno de los proyectos que podrían beneficiarse de los fondos redirigidos es un nuevo gasoducto para gas natural que atravesaría la isla.
“En 2012, un proyecto denominado Vía Verde —el cual habría supuesto la construcción de un nuevo gasoducto de metano licuado a través de la isla principal— fue rotundamente rechazado por el pueblo de Puerto Rico debido a las graves preocupaciones en materia de seguridad para las comunidades locales, la amenaza de daños masivos a ecosistemas sensibles y la desconfianza generalizada ante las afirmaciones del Gobierno respecto a los supuestos ahorros económicos” alertan.
Argumentan que imponer un proyecto de ese tipo contribuiría a la dependencia a los combustibles fósiles al tiempo que los precios se mantendrían elevados en detrimento de los abonados de la AEE.
La carta menciona el interés de Genera PR, compañía privada encargada de la generación de energía en Puerto Rico, de que el supuesto proyecto prospere.
“Genera, que gestiona la mayor parte de la generación eléctrica en Puerto Rico, es propiedad de New Fortress Energy, una empresa multinacional que actualmente atraviesa un proceso de quiebra masiva y cuyo futuro financiero depende, principalmente, de vender más gas metano en Puerto Rico. Estas dinámicas suscitan nuevas inquietudes sobre si las decisiones de reasignación que se están tomando a puerta cerrada benefician a los puertorriqueños de a pie o a intereses especiales con un gran interés financiero en la expansión del uso del gas metano”, señalan.
Citan a Wright a sesión informativa en el Comité de Recursos Naturales
La misiva culmina con un emplazamiento al DOE para participar de una sesión informativa no más tarde del 30 de abril, a las 5 p.m., como parte de la investigación del Comité.
En el intercambio de la agencia con los legisladores, personal del DOE deberá contestar preguntas relacionadas con la decisión de retirar los fondos del ERF; presentar un análisis jurídico que demuestre que los cambios en el gasto son congruentes con la intención del Congreso al asignar el dinero para el Fondo; una estimación del DOE sobre el número de vidas que podrían estar en riesgo debido a la pérdida de seguridad energética que el ERF habría proporcionado mediante sistemas de energía solar y baterías; y una lista de las instalaciones de atención médica que habrían sido elegibles para recibir los fondos del ERF conforme a la asignación original.
El llamado congresional se suma a otra carta firmada este mes por casi 200 organizaciones de Puerto Rico y EE.UU. en la que se solicita la restitución inmediata de las partidas del PR-ERF.