Perú celebró este domingo la segunda vuelta presidencial de 2026, una jornada electoral considerada una de las más decisivas de los últimos años, en la que millones de ciudadanos acudieron a las urnas para elegir entre Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. La elección se desarrolló en medio de una profunda polarización política y con la expectativa de definir quién gobernará el país durante el período 2026-2031, tras una década marcada por la inestabilidad institucional.
Las primeras horas de la votación estuvieron marcadas por retrasos en la instalación de mesas electorales en diversos puntos del país debido a la ausencia de miembros de mesa y demoras en la entrega de materiales. Aunque las autoridades electorales confirmaron posteriormente que todas las mesas quedaron habilitadas, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debió ofrecer varias ruedas de prensa para informar sobre el desarrollo del proceso y descartar versiones de un supuesto fraude electoral.
Durante la jornada también se registraron algunas presuntas irregularidades, entre ellas casos de cédulas de votación con marcas previas y la detención de personas acusadas de alterar material electoral en centros de sufragio. Uno de los incidentes más comentados ocurrió en el distrito de Los Olivos, donde un adulto mayor fue arrestado tras ser señalado por destruir documentación electoral. No obstante, observadores internacionales, incluida la misión de la Unión Europea, señalaron que el proceso se desarrollaba con normalidad y que los principales inconvenientes estuvieron relacionados con aspectos operativos.
Los candidatos emitieron sus votos en Lima luego de participar en actividades tradicionales junto a sus familiares y simpatizantes. Keiko Fujimori llamó a la ciudadanía a acudir masivamente a las urnas y resaltó el papel de los personeros en la vigilancia del proceso, mientras que Roberto Sánchez pidió respetar la voluntad popular y destacó la importancia de la fiscalización ciudadana, los organismos electorales y los observadores internacionales para garantizar la transparencia de los comicios.