Santo Domingo.- El proceso judicial contra el sacerdote Anselmo Alejandro Peña Sánchez, fue archivado por el tribunal de Santiago Rodríguez debido a la prescripción de la acción penal, luego de que transcurrieran más de diez años desde los hechos denunciados.
La decisión no establece la inocencia del religioso, sino que responde a los límites establecidos en el Código Penal dominicano para este tipo de procesos. Mientras la causa penal quedó cerrada sin llegar a juicio, la Iglesia Católica aseguró que mantiene abierta una investigación interna bajo las normas del derecho canónico.
Las denunciantes afirman que durante años guardaron silencio por miedo, presión emocional y temor al rechazo social, y que cuando finalmente decidieron hablar esperaban algún tipo de consecuencia institucional.
Víctimas aseguran que denunciaron tras años de silencio
Las denuncias están relacionadas con hechos ocurridos en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, en Villa Los Almácigos, provincia Santiago Rodríguez, donde el sacerdote ejercía funciones pastorales.
Una de las denunciantes, identificada bajo el nombre ficticio de María para proteger su identidad, relató que el religioso fue ganando la confianza de su familia y acercándose progresivamente a su entorno personal.
Según explicó, las conductas inapropiadas comenzaron cuando ella aún era adolescente y trabajaba en actividades vinculadas a la parroquia.
“Uno se quedaba callado por la ignorancia y por la niñez”, expresó.
Otra mujer, también protegida bajo anonimato, afirmó que los episodios ocurrieron cuando tenía entre 13 y 14 años y que el miedo le impidió hablar durante mucho tiempo.
Las denunciantes sostienen que decidieron hacer pública su historia no para perjudicar a la Iglesia, sino para evitar que otras personas atraviesen experiencias similares.
- “Lo único que queríamos era desenmascarar a esa persona”, afirmó una de ellas.
Iglesia asegura que el sacerdote continúa suspendido
Semanas antes de su arresto, el sacerdote fue confrontado por las denuncias durante una entrevista, aunque prefirió no ofrecer declaraciones públicas sobre las acusaciones.
El tribunal concluyó posteriormente que los hechos denunciados habían prescrito conforme a la legislación vigente, debido a que no fueron denunciados dentro del plazo legal establecido.
Sin embargo, el obispo de la diócesis Mao-Monte Cristi, Monseñor Diómedes Espinal, informó que el proceso eclesiástico continúa abierto y que el sacerdote permanece apartado de sus funciones religiosas desde septiembre.
“Vamos a actuar conforme a lo que prescribe el derecho canónico”, indicó el obispo, quien explicó que la diócesis cuenta con una comisión especializada para investigar casos relacionados con menores.
De acuerdo con la Iglesia, la investigación será remitida a las autoridades eclesiásticas correspondientes en Roma, que tendrán la última decisión sobre el futuro del sacerdote dentro del ministerio.
Mientras tanto, las denunciantes aseguran que aún enfrentan las secuelas emocionales de lo ocurrido y esperan que otras posibles víctimas encuentren la fortaleza para denunciar.
“Tal vez esto no se quede solo en un caso archivado”, expresó una de ellas.