La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago aplazó por segunda ocasión el conocimiento de la medida de coerción contra diez de los principales imputados en el caso XL526, una investigación que involucra a una presunta organización criminal dedicada a estafar, extorsionar y chantajear ciudadanos en Estados Unidos desde República Dominicana.
La audiencia fue reprogramada para el próximo 15 de junio debido a que varias defensas no habían completado la documentación relacionada con los arraigos de los acusados, requisito necesario para la discusión de las medidas solicitadas por el Ministerio Público.
De acuerdo con las investigaciones, la supuesta estructura tenía su centro de operaciones en el municipio de Jacagua, en Santiago, desde donde coordinaba esquemas de fraude dirigidos a víctimas residentes en territorio estadounidense.
Las autoridades sostienen que la red obtenía beneficios económicos mediante fraude electrónico, extorsión y chantaje, actividades que presuntamente realizaba utilizando plataformas tecnológicas para contactar a sus víctimas.
El caso salió a la luz tras la ejecución de la Operación XL526, desarrollada por la Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago con el apoyo de organismos nacionales e internacionales.
Más de 20 arrestos y 28 allanamientos
Durante los operativos fueron arrestadas unas 20 personas, entre ellas varios señalados por el Ministerio Público como presuntos cabecillas de la organización.
Como parte de la investigación, las autoridades ejecutaron 28 allanamientos simultáneos en las provincias Santiago y Puerto Plata, donde ocuparon equipos electrónicos, documentos y otras evidencias que forman parte del expediente.
El Ministerio Público asegura que cuenta con pruebas suficientes para vincular a los imputados con la estructura criminal que, según las pesquisas, operó durante años afectando a ciudadanos estadounidenses.
Con el nuevo aplazamiento, será el próximo lunes cuando el tribunal conozca la solicitud de medidas de coerción presentada contra los principales implicados en uno de los casos de fraude electrónico transnacional más recientes investigados por las autoridades dominicanas.