La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago aplazó por segunda ocasión el conocimiento de la medida de coerción contra los implicados en la Operación Oncol4, luego de que el principal imputado, Héctor Antonio Lora Cruceta, quedara sin representación legal debido a la ausencia de su abogado, Juan Francisco Rodríguez Consoró. La audiencia fue reprogramada para el próximo martes 23 de junio a las 4:30 de la tarde.
La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, afirmó que el Ministerio Público acudió preparado para conocer la solicitud de coerción y aseguró que las investigaciones continúan abiertas. La magistrada adelantó que podrían producirse nuevos allanamientos y arrestos, al tiempo que informó que el Seguro Nacional de Salud (Senasa) se constituyó formalmente en actor civil dentro del proceso por considerarse una de las principales víctimas del presunto fraude.
Por su parte, los abogados de la defensa rechazaron las acusaciones formuladas por el órgano persecutor. Pantaleón Mieses, representante legal de Luisa Yasiris Guzmán de Lora, sostuvo que su clienta no manejó fondos públicos ni desempeñó funciones dentro del Instituto Oncológico Regional del Cibao, y defendió la legalidad de la Fundación Tócate RD. Mientras, la jueza advirtió a la defensa de Héctor Lora que deberá comparecer en la próxima audiencia, bajo apercibimiento de declarar el abandono de la representación legal.
La pasada semana, el Ministerio Público puso en marcha la Operación Onco14, con la cual arrestó a tres exdirectivos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer que se aprovecharon del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC) para sustraer, a través de diversas maniobras fraudulentas, fondos millonarios del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), en perjuicio de los pacientes de cáncer del régimen subsidiado y del Estado dominicano.
La operación, encabezada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Santiago, llevó al arresto de Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la asociación sin fines de lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC.
También, de Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta, y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Asimismo, de Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, quien se divorció del imputado en 2014 y ocupó la Vicepresidencia y, a la vez, auditora interna y externa, del patronato que administra al Instituto Oncológico Regional del Cibao cuando el imputado era presidente de la citada ASFL.
Los imputados y las razones sociales Vargas Lora & Asociados (hoy Vargas Guzmán Accounting Center) y la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida sustrajeron los fondos mediante distintos mecanismos fraudulentos.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, recordó que se trata de la tercera estructura enfrentada como consecuencia de la investigación en torno al fraude que afectó al SeNaSa y que la Procuraduría General que encabeza Yeni Berenice Reynoso enfrentó con determinación a partir de la Operación Cobra.
Camacho resaltó la cooperación de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC) en la Operación Onco14, la cual llevó a la ocupación de dinero en efectivo, un arma de fuego, documentos, vehículos, título de propiedad, computadoras, celulares, DVR, entre otros.
El grupo deberá enfrentar cargos por asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito, código de acceso) y lavado de activos, en perjuicio del Estado dominicano.
El Ministerio Público explicó que Lora Cruceta fue escogido presidente del IORC el 9 de octubre de 2018 y, aunque los estatutos establecen que debía ocupar la posición por dos años, permaneció en la posición hasta el 6 de octubre de 2025.
La estructura fraudulenta contó, además, con la participación de otros empleados y relacionados, quienes actuaron de manera concertada con el propósito de sustraer fondos recaudados por el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, destinados a la atención médica de pacientes oncológicos asistidos en el IORC.
Tales actuaciones se realizaron en perjuicio del Estado dominicano y de los afiliados al SeNaSa, mediante la ejecución de diversas maniobras y modalidades fraudulentas.
El IORC, fundado en octubre de 1964, está bajo la administración del Patronato Cibaeño. La entidad se dedica a la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de pacientes con cáncer y enfermedades afines en toda la región del Cibao.
Mediante el acta de la Asamblea Ordinaria de fecha 09 de octubre de 2018, el imputado Héctor Antonio Lora Cruceta fue designado presidente de la Junta Directiva y del Patronato, mientras que la imputada Dilcia Isabel Vargas Sánchez fue designada vicepresidenta.
Las acciones descritas evidencian el interés del imputado Héctor Antonio Lora Cruceta por el control del IORC, solo con el propósito de disponer de sus recursos económicos y aprovechar las aportaciones estatales destinadas a tratamientos de pacientes afectados por el cáncer.