Alex Saab vuelve a manos de la justicia estadounidense. El funcionario venezolano y empresario colombiano-venezolano, señalado durante años como testaferro de Nicolás Maduro, fue deportado este sábado a Estados Unidos, según informó el Saime, la agencia migratoria de Venezuela. Es la segunda entrega … de Saab a Washington tras su detención en Cabo Verde en 2020, su extradición a Miami y el indulto que Joe Biden le concedió en 2023 a cambio de la liberación de presos estadounidenses en Venezuela.
Según ha podido saber ABC, Saab salió de camino a Miami para pasar a disposición de nuevo de la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, que lo ha imputado bajo secreto de sumario en un caso de corrupción ligado a PDVSA, la petrolera estatal, distinto del proceso por el que fue indultado por Biden en 2023, relacionado con una trama de fraude en ayudas y contratos públicos en Venezuela.
El nuevo caso, que coordina el fiscal Jason A. Reding Quiñones, abre otra vía judicial contra quien fue durante años fue el operador financiero más valioso para el chavismo y uno de los hombres de mayor confianza de Maduro. Según el comunicado del régimen venezolano, «la medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional».
Esta vez, sin embargo, no llega desde un tercer país, a diferencia de en su primera extradición. Lo envía el propio poder venezolano que durante años lo presentó como un perseguido político y como un supuesto diplomático. El hombre que Maduro convirtió en símbolo de resistencia frente a Washington vuelve ahora a manos de la Fiscalía federal por decisión de Caracas, bajo la presión directa de la Administración Trump.
Saab fue uno de los aliados más estrechos de Maduro, también preso tras haber sido extraditado a Estados Unidos. Durante años fue señalado como gestor de sus negocios, de su fortuna y de algunas de las redes financieras del chavismo. Tras ser liberado por Biden, Maduro lo recibió como un símbolo político y lo incorporó después a su Gobierno como ministro de Industria y Producción Nacional. Ahora, el mismo aparato que lo elevó a ministro lo entrega de nuevo a Washington.
Según pudo saber ABC, Saab había sido detenido en Caracas en febrero durante una operación conjunta de autoridades estadounidenses y venezolanas. Aquella detención encajaba con una exigencia más amplia de la Administración Trump al régimen venezolano, ya bajo el mando de Delcy Rodríguez: cooperación directa en investigaciones abiertas contra varios integrantes de la estructura chavista.
ABC reveló entonces que Washington había pedido acceso a documentación, trazabilidad financiera, interrogatorios y posibles fórmulas de entrega o traslado de nueve personas vinculadas al antiguo núcleo de poder de Maduro. La solicitud iba más allá de la captura del propio Maduro y de Cilia Flores. Buscaba reconstruir el circuito de contratos, lavado de dinero y protección política que, según Estados Unidos, sostuvo durante años al chavismo.
Bueno, ahora el régimen de Delcy dice que deportó a Saab porque era colombiano. Pero el propio registro del chavismo demuestra que también era venezolano: lo presentó como diplomático, lo defendió como propio, lo convirtió en ministro y lo incorporó al aparato del Estado. pic.twitter.com/QSH8XbOU44
— David Alandete (@alandete) May 17, 2026
El obstáculo principal era jurídico. La Constitución venezolana prohíbe la extradición de nacionales. Por eso Washington y Caracas exploraban vías alternativas, como primar una de sus dos nacionalidades, la de nacimiento. En el caso de Saab, el Gobierno venezolano evita hablar de extradición y utiliza la fórmula de deportación. El resultado práctico, sin embargo, es el mismo: Saab queda otra vez en manos de Estados Unidos.
Las entregas de Delcy
Saab figuraba como una de las piezas centrales de una lista de personas de interés para Estados Unidos, junto al empresario Raúl Gorrín. La fuente consultada por ABC lo describía como el hombre que sabía dónde estaba el dinero y cómo se movía. No era solo un contratista. Fue ministro, intermediario y enlace con el núcleo político del madurismo durante años. El Departamento de Justicia revisaba además una investigación adicional sobre presuntos sobornos ligados a importaciones de alimentos a precios inflados. Su interrogatorio buscaba confirmar la ruta del dinero y medir su disposición a cooperar.
Gorrín aparecía en otro frente del mismo mapa: el del control de cambios, los sobornos, las sociedades pantalla y el blanqueo de capitales. Para Washington, ambos podían ayudar a reconstruir cómo una decisión administrativa se transformaba en comisiones, cuentas, propiedades y protección política.
La lista incluía también a Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo de Maduro; Walter Jacob Gavidia Flores, hijastro del expresidente; Tareck El Aissami; Samark López Bello; y Pedro Luis Martín-Olivares, además de otros dos altos cargos no revelados. Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López quedaban fuera de esa primera fase por cálculo operativo, no por falta de interés. La prioridad de Washington era empezar por quienes podían aportar pruebas, rutas financieras y documentación sin provocar una crisis inmediata dentro del aparato venezolano.
La deportación de Saab confirma un nuevo equilibrio, una supeditación real de Caracas a Washington. Delcy Rodríguez coopera lo suficiente para sostener la normalización con Estados Unidos, pero intenta evitar la imagen de una tutela demasiado visible. Washington, en cambio, mide la relación en hechos concretos, en detenidos, documentos, cuentas, sociedades, activos y entregas. Saab, que fue convertido por Maduro en bandera política, es ahora la prueba más clara de hasta dónde llega la presión de Trump sobre Delcy y Caracas.