Si hacer votar a los muertos -o a los niños de teta- para conseguir escaños en las elecciones se convirtió en una práctica habitual en la España de finales del siglo XIX y principios del XX, parece que, siglo y medio después, la Administración Trump … se planteó recuperar la ‘técnica’. En esta ocasión, no se trataba de ‘resucitar’ a algunos ciudadanos, sino de declararlos fallecidos, para alcanzar los propios intereses: forzar a los inmigrantes a abandonar el país.
El actual Gobierno estadounidense tenía previsto catalogar como fallecidas a 2,7 millones de personas vivas, entre las que se contaban mayoritariamente inmigrantes, pero también nacionales y residentes permanentes legales, para obligarlos a dejar la nación, según ha declarado un ex alto cargo de la Seguridad Social al periódico norteamericano ‘Washington Post’. La finalidad era eliminar a estos individuos del sistema financiero para privarlos de salarios, atención sanitaria y prestaciones gubernamentales, entre otros servicios.
El autor de la denuncia de este plan del Ejecutivo de Trump ha sido Jeremiah Schofield, que trabajó en la Seguridad Social 25 años y participó en la modernicación informática de la agencia antes de dimitir en octubre. El motivo de su renuncia fue precisamente la negativa a participar en la iniciativa después de percatarse de las intenciones de la Administración y de que los abogados advirtieran de que esta práctica podía violar la ley federal.
Este exfuncionario interpuso una denuncia de 49 páginas ante el Comité de Finanzas del Senado y el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, en la que detallaba las intenciones de sus superiores de clasificar como muertos a estos 2,7 millones de personas. Entre ellos, había ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes legales, adolescentes y personas mayores, incluido una viuda que era residente permanente legal y recibía beneficios.
El año pasado, la Seguridad Social estadounidense ya incorporó a 6.100 personas, en su mayoría de origen latino, a su Archivo Maestro de Defunciones, una base de datos utilizada por bancos, empleadores y agencias gubernamentales para determinar si un ciudadanos está vivo. En aquel momento, algunos de los afectados acudieron a las oficinas para demostrar que no estaban muertos.
Un portavoz de la Seguridad Social, que ha preferido permanecer en el anonimato, ha negado las acusaciones de Schofield y ha asegurado que la agencia mantiene «el más alto nivel de controles internos», lo que incluye «contar con todas las políticas y procedimientos necesarios para garantizar la integridad y exactitud de los registros de la agencia», según recoge el periódico estadounidense.