Miles de neoyorquinos de bajos y medianos ingresos privados de la libertad no cuentan con los ingresos para pagar un abogado privado que asuma su defensa en los tribunales. Y aunque la ley otorga el derecho de que sean defendidos con abogados de oficio, dichos profesionales en la Gran Manzana enfrentan sobrecargas laborales, por lo que urgen que haya mayor inversión.
Ese fue el llamado que hicieron defensores públicos de la ciudad de Nueva York, quienes este jueves se sumaron a la Jornada Nacional de Acción para exigir mayor financiación y la reducción de la carga de trabajo. Ya no dan más abasto y la asignación de más casos evita de paso que puedan realizar un mejor trabajo.
Organizaciones como The Legal Aid Society, Brooklyn Defender Services, Neighborhood Defender Service of Harlem, The Bronx Defenders y New York County Defender Services ven con mucha preocupación lo ocurrido en la ciudad de San Francisco, donde el abogado de oficio Mano Raju fue declarado en desacato y multado con 26,000 dólares por no aceptar casos adicionales de delitos graves, por lo que insisten en que se promueva una inversión urgente en la defensa pública:
“Aquí, en la ciudad de Nueva York, observamos a diario las mismas desigualdades estructurales. Los defensores públicos perciben salarios significativamente inferiores a los de otros actores del sistema, aun cuando cargamos con la responsabilidad de proteger los derechos fundamentales de personas que se enfrentan a la pérdida de su libertad”, advirtieron las organizaciones en su misiva conjunta.
“La crónica falta de inversión, sumada a la erosión de la independencia de los defensores, ha provocado escasez de personal, una elevada rotación y cargas de trabajo que hacen cada vez más difícil brindar la representación que exige la Constitución”.
Y es que a pesar de que datos municipales de la Oficina de la Alcaldía de Justicia Penal señalan que la Ciudad invierte $391 millones de dólares en el financiamiento de los abogados de oficio y el Estado $137 millones para garantizar que quienes están privados de la libertad puedan tener una defensa sin costo, los abogados de oficio insisten en que los fondos son insuficientes.
“Estas condiciones no solo afectan a los defensores públicos; socavan la equidad, debilitan la integridad de nuestros tribunales y amenazan al propio Estado de derecho”, agregaron las organizaciones al tiempo que recalcaron que independientemente de la falta de inversión defienden a los detenidos con entrega.
“A pesar de estos desafíos, mantenemos nuestro compromiso con los neoyorquinos y las comunidades a las que servimos. Sin embargo, el compromiso por sí solo no basta para sostener un sistema que carece, en su esencia, de los recursos necesarios”, dijeron en la misiva. “El derecho a la asistencia letrada debe ser algo más que una promesa plasmada en papel. Debe estar respaldado por la financiación, la independencia y el apoyo necesarios para convertirse en una realidad”.
Durante el día de protesta, los defensores recalcaron que tanto la Ciudad como el Estado deben hacerle frente a la problemática actual de falta de recursos, al tiempo que advirtieron que urge abordar las disparidades salariales, que llevan mucho tiempo requiriendo cambios.
“Qué inviertan en la contratación y retención del personal de defensa pública, y garanticen que la carga de casos se ajuste a los estándares nacionales para una representación efectiva”, manifestaron las organizaciones.
“Un sistema legal justo y funcional depende de una defensa pública sólida, la cual tiene sus raíces en la Constitución de los Estados Unidos. Nuestro personal, los neoyorquinos de bajos ingresos a quienes representamos y la integridad de nuestros tribunales dependen de ello”, afirmaron.
Y sobre lo sucedido con su colega en San Francisco, urgieron la necesidad de “hacer sonar las alarmas” ante lo que calificaron como “el desmantelamiento sistemático del derecho constitucional a la asistencia letrada”.
“Lo sucedido en San Francisco es una advertencia para todos nosotros. Cuando se castiga a un defensor público por negarse a asumir cargas de trabajo que hacen imposible una representación efectiva, se envía un mensaje escalofriante: que el sistema valora la celeridad por encima de la justicia, y las apariencias por encima de los derechos constitucionales”, dijeron. “Ningún abogado puede brindar una representación significativa cuando se ve desbordado en su capacidad, y ningún sistema judicial comprometido con el Estado de derecho debería exigirlo”.
Datos
- $391 millones invierte la Ciudad en abogados de oficio
- $137 millones invierte el Estado, pero es insuficiente
- 2,500 abogados de oficio por lo menos deben atender más casos de los que pueden manejar