Mientras el Gran Santo Domingo enfrenta una crisis creciente por el manejo de los residuos sólidos, una nueva disputa ambiental mantiene en tensión a la comunidad de La Cuaba, en el municipio Pedro Brand. Allí, el proyecto “Relleno Sanitario y Planta de Reciclaje y Valorización de Recursos Oakhouse”, presentado por sus promotores como una alternativa moderna para el procesamiento de basura, ha desatado una fuerte oposición comunitaria que lo califica como un “vertedero encubierto”.
En el paraje El Aguacate, justo en la entrada del terreno donde se pretende desarrollar la obra, los comunitarios instalaron un campamento permanente para vigilar cualquier movimiento relacionado con el proyecto. Entre consignas de “Agua sí, basura no”, decenas de residentes aseguran que permanecerán en pie de lucha para impedir la construcción de lo que consideran una amenaza para las fuentes acuíferas y el desarrollo ecoturístico de la zona.
La controversia surge en medio del colapso progresivo del sistema de disposición final de residuos del país. Cada día, el Gran Santo Domingo produce alrededor de 11,400 toneladas de basura y solo el vertedero de Duquesa recibe unas 4,200 toneladas diarias, en medio de humaredas constantes, contaminación ambiental y denuncias por manejo inadecuado.
Fue en ese contexto que la empresa Relleno Sanitario Oakhouse S.R.L., registrada en septiembre de 2016, impulsó la propuesta de construir una planta de reciclaje y valorización de residuos para reducir la presión sobre Duquesa y modernizar el manejo de los desechos sólidos. El proyecto inició formalmente el 1 de junio de 2020, cuando la empresa presentó la solicitud ambiental ante el Ministerio de Medio Ambiente.
La obra estaría ubicada en un terreno de aproximadamente 986,642 metros cuadrados y ocuparía unos 200 mil metros cuadrados en El Aguacate, una zona de bosque húmedo subtropical con presencia de arroyos, acuíferos, actividades agrícolas y desarrollo turístico.
Sin embargo, desde que el proyecto entró en evaluación ambiental en 2021, comenzaron las protestas comunitarias. Los residentes rechazan la iniciativa al considerar que, aunque es presentada como una planta moderna de valorización y reciclaje, en la práctica funcionará como un relleno sanitario tradicional.
Fabio Correa, presidente de la Junta de Desarrollo de La Cuaba y vocero del movimiento comunitario, afirmó que el principal problema es la ubicación del proyecto.
“Esta empresa ha pretendido instalar aquí un relleno sanitario y planta de reciclaje en una zona que no es apta para ello, porque aquí nacen fuentes de agua dentro de esos terrenos. Hay tres arroyos y un manantial, y todos terminan desembocando en el río Isabela”, sostuvo.
Según explicó, los comunitarios temen que los lixiviados —los líquidos contaminantes producidos por la descomposición de la basura— terminen filtrándose hacia los cuerpos de agua.
Los lixiviados pueden contener bacterias, químicos, amoníaco y metales pesados, por lo que representan uno de los mayores riesgos ambientales en los vertederos si no son manejados correctamente.
No obstante, el geólogo y consultor ambiental del proyecto, Osiris De León, aseguró que el diseño de la planta contempla mecanismos para impedir cualquier contaminación.
Explicó que los residuos serían manejados dentro de naves industriales techadas, evitando el contacto directo con el agua de lluvia.
“Si tú tienes una nave industrial techada y una canaleta perimetral que recoge la lluvia del exterior, no tiene por qué generarse lixiviado”, afirmó.
De León indicó además que el proyecto fue diseñado utilizando mapeos geológicos para seleccionar un terreno “inherentemente impermeable”, a diferencia de Duquesa, donde los residuos fueron colocados sobre piedra caliza porosa.
Aseguró también que la planta contará con pozos de monitoreo ambiental y auditorías periódicas para supervisar la calidad de las aguas superficiales y subterráneas.
Sin embargo, especialistas consultados cuestionan la viabilidad ambiental del proyecto en esa ubicación.
La especialista en gestión ambiental y de riesgos, Carmen Veloz, advirtió que cualquier intervención de esa magnitud cerca de cursos de agua implica riesgos.
“Toda intervención de esa naturaleza, por más impermeable que pudiera ser el terreno, pudiera ocasionar algún tipo de vertido”, sostuvo, al recordar que tanto la Ley 64-00 de Medio Ambiente como la normativa sobre valorización de residuos sólidos establecen restricciones para instalaciones cercanas a zonas inundables o cuerpos de agua.
El conflicto se intensificó luego de que el Ministerio de Medio Ambiente aprobara la licencia ambiental el 1 de mayo de 2025 y la empresa iniciara trabajos en el terreno con maquinaria pesada.
La aprobación sorprendió a los comunitarios debido a que el mismo proyecto había sido desestimado anteriormente por el propio Ministerio mediante una comunicación fechada el 3 de octubre de 2023.
En ese documento, Medio Ambiente argumentó que el permiso era rechazado debido al “rechazo de la población de las zonas circundantes”, así como por los posibles impactos sobre el ecoturismo y otras actividades económicas.
La institución también establecía que, en caso de ser sometido nuevamente, el proyecto debía abordar adecuadamente la convivencia con las comunidades y mitigar los impactos derivados del transporte de residuos.
Para Fabio Correa, la principal diferencia entre el rechazo inicial y la aprobación posterior fue el cambio de autoridades en el Ministerio.
“Ni Orlando Jorge Mera dio el permiso, ni Ceara Hatton lo dio”, expresó.
La comunidad también cuestiona la ausencia de una “licencia social”, es decir, la aceptación comunitaria del proyecto.
Correa afirmó que en las vistas públicas realizadas en 2021 y 2023 el rechazo fue prácticamente unánime.
“La comunidad no confía en las promesas de empleo e inversión”, manifestó.
El temor de los residentes se alimenta además por experiencias previas con otros vertederos del país, especialmente Duquesa, cuya operación ha sido ampliamente criticada durante décadas.
El propio Osiris De León reconoció que el rechazo comunitario responde en gran medida a la imagen negativa asociada al manejo de basura en República Dominicana.
“Cualquier ciudadano, cuando oye hablar de desechos sólidos, lo primero que piensa es en Duquesa. Y nadie quiere una fotografía de Duquesa en su entorno”, admitió.
El debate también ha llegado al plano legal y ambiental. Organizaciones como la Fundación de Derecho, Defensa y Educación Ambiental de la República Dominicana solicitaron al Ministerio de Medio Ambiente toda la documentación relacionada con el proyecto y requirieron investigaciones a la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente.
Nelson Pimentel, presidente de la fundación, explicó que buscan prevenir posibles daños ambientales antes de que la obra avance.
Otros especialistas apelan al principio precautorio contenido en la Ley 64-00, que establece que cuando exista posibilidad de daño ambiental grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no debe utilizarse como razón para postergar medidas preventivas.
Mientras tanto, en La Cuaba la tensión continúa creciendo.
Comunitarios denunciaron que durante la madrugada del jueves presuntos representantes de la empresa llegaron acompañados de personas encapuchadas y maquinaria pesada, lo que calificaron como un intento de intimidación.
Los residentes aseguran que no abandonarán el campamento instalado en la entrada del proyecto.
Entre vendedores ambulantes, ciclistas, choferes y comerciantes prevalece el temor de que el tránsito constante de camiones de basura transforme radicalmente la dinámica de una zona que depende del ecoturismo, las villas vacacionales y la agricultura.
“Solo por encima de nuestros cadáveres lo van a instalar”, expresó Kelvin Ramón de Jesús de los Santos, chofer de transporte público en la zona.
El Ministerio de Medio Ambiente informó que ofrecerá su posición oficial sobre el caso la próxima semana, alegando que los responsables del área de gestión de residuos sólidos se encuentran fuera del país participando en actividades institucionales.
Mientras el país continúa buscando soluciones urgentes al colapso de Duquesa y a los cientos de vertederos improvisados que operan a cielo abierto, el conflicto de La Cuaba se ha convertido en un nuevo símbolo del choque entre la necesidad de modernizar el manejo de residuos y el temor de las comunidades a pagar el costo ambiental de esas soluciones.
Por ahora, entre estudios técnicos, permisos ambientales, protestas y desconfianza, la batalla continúa en una comunidad que asegura que seguirá resistiendo para evitar que lo que considera un vertedero termine instalado en el corazón de una zona rica en agua, agricultura y ecoturismo.