La Corte Suprema escucharía los argumentos a favor y en contra de la decisión del gobierno de Donald Trump de cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a 350,000 haitianos y 6,000 sirios, pero el fallo que emita el máximo tribunal en los próximos meses afectará a los 1.3 millones de beneficiarios del programa provenientes de 17 países. Trump canceló las protecciones a nacionales de 13 países.
Sobre el tapete está lo que hemos denominado la ‘doctrina Trump’ que consiste en deslegalizar inmigrantes para detenerlos y deportarlos. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) indicó que, en conjunto, las cancelaciones de TPS por parte del gobierno de Trump “reflejan el mayor episodio en la historia de Estados Unidos” de privar a personas de su estatus legal, permisos de trabajo y protección de la deportación.
El TPS concede permisos de trabajo y protección de la deportación a nacionales que están en Estados Unidos y que proceden de países que están en guerra o han atravesado por un desastre natural u otras condiciones internas que los hacen inseguros para que sus nacionales retornen.
Y el TPS es solo uno de los programas elegidos por Trump para implementar su doctrina de deslegalizar para deportar. Su interés no es solo perseguir indocumentados, sobre todo si son de color, sino reducir la inmigración autorizada a Estados Unidos, y eliminar programas humanitarios como el TPS. La congresista demócrata de Illinois, Delia Ramírez, indicó en una teleconferencia de America’s Voice que el gobierno de Trump “quiere decidir quién es estadounidense”.
Ramírez agregó que más de 174 beneficiarios de DACA han sido deportados, otra indicación de que para Trump no existen protecciones bajo ningún programa.
El gobierno de Trump anunció la cancelación del TPS para nacionales de 13 países, incluidos 72,000 hondureños y 4,000 nicaragüenses que tenían protección de la deportación y permisos de trabajo desde 1999. También eliminó el TPS para 348,000 venezolanos; 521,000 haitianos, y más de 200,000 salvadoreños. Aparte de la cancelación del parole humanitario para medio millón de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.
Algunos tribunales han frenado las acciones del gobierno y por eso el caso llega al Supremo, para que decida la legalidad de la cancelación.
Se trata mayormente de personas que llevan décadas en Estados Unidos, tienen familias establecidas, hijos y hasta nietos ciudadanos, trabajan, tienen sus propios negocios, pagan impuestos y son parte vital de sus comunidades.
Según un nuevo reporte de fwd.us, “a principios de 2025 y al inicio del segundo mandato de Trump, casi 1.3 millones de personas eran titulares del TPS”. Estas personas “conviven con 390,000 niños ciudadanos estadounidenses y más de 410,000 adultos ciudadanos estadounidenses”.
El análisis de fwd.us señala que “los beneficiarios del TPS aportan alrededor de $29,000 millones de dólares anuales a la economía estadounidense, además del pago de $7,800 millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales combinados”.
No solo se trata de dislocar vidas, familias y de perder ingresos provenientes del pago de impuestos.
Según otro reporte del Migration Policy Institute, las restricciones de la administración “podrían traducirse en una reducción drástica de los niveles generales de inmigración legal este año”. “Y más allá de eso, dado que las tasas de natalidad en Estados Unidos están alcanzando mínimos históricos, estas medidas amenazan con llevar a Estados Unidos a un estancamiento demográfico —o incluso a un descenso—, una situación que no se vivía desde 1918, cuando coincidieron la Primera Guerra Mundial y una gran pandemia”.
Una población reducida y más envejecida supone retos económicos para el país.
Según el MPI, algunas de las medidas que han reducido la inmigración autorizada son: “prohibiciones y restricciones de viaje impuestas a los nacionales de 39 países; suspensiones en la expedición de visados permanentes que afectan a 75 países; nuevas directrices de investigación de antecedentes que han provocado una caída considerable en la concesión de visas de estudiante; una cuota de solicitud de $100,000 dólares para los trabajadores altamente especializados con visa H-1B; y el desvío de personal que tramita solicitudes de inmigración a la revisión de antecedentes de los beneficiarios”.
El reporte agrega que las acciones del gobierno de Trump reflejan “una visión del mundo que considera a los inmigrantes de cualquier estatus como una amenaza para el propio tejido social del país”.
“El asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller, ha elogiado la Ley de Inmigración de 1924, que restringió severamente la inmigración legal durante 40 años. Ha pedido una ‘moratoria sobre la inmigración procedente de países del tercer mundo’. Y ha presentado la inmigración como una amenaza para los puestos de trabajo, la seguridad pública y la cultura compartida de los estadounidenses”, agrega el reporte.
Una miope y prejuiciada visión con serias consecuencias a todos los niveles.
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