El Abogado general de la UE asegura que los centros de retención de migrantes instalados por el Gobierno italiano en Albania no van en contra del Derecho de la Unión y los avala “siempre y cuando se protejan los derechos” de las personas allí enviadas. Así opina el letrado Nicholas Emilíou, en unas conclusiones publicadas este jueves y que no son vinculantes, aunque en la inmensa mayoría de las sentencias del TJUE suelen seguirse.
En primer lugar, el abogado general señala que el Derecho de la Unión “no impide que un Estado miembro establezca un centro de internamiento para los procedimientos de retorno fuera de su propio territorio”. No obstante, el Estado deberá respetar “todas las garantías reconocidas por la Unión Europea a los migrantes, lo que incluye el derecho a obtener asesoramiento jurídico y asistencia lingüística y a tener contacto con la familia y con las autoridades pertinentes”, sostiene el documento. En particular, “los menores y otras personas vulnerables deberán disfrutar del conjunto de garantías establecidas en el sistema de asilo, lo que incluye el derecho a los servicios sanitarios y a la educación”, añade.
Emilíou sostiene en sus conclusiones que la norma que permite a los solicitantes de asilo permanecer en un Estado miembro mientras se tramitan sus solicitudes “no les da derecho a ser devueltos al territorio de dicho Estado miembro”. No obstante, expresa el abogado general, los países tienen que adoptar todas las medidas de carácter organizativo y logístico necesarias para garantizar que los migrantes tengan acceso a los derechos y a las garantías establecidas en el Derecho de la Unión, aclara. “Esto incluye el derecho de acceso al juez y a un procedimiento rápido de revisión judicial para evitar un internamiento indebido”, concluye.
El Protocolo Italia-Albania, firmado en noviembre de 2023, autoriza a Italia a establecer y administrar centros de repatriación e internamiento en territorio albanés bajo jurisdicción italiana, con el objetivo de gestionar los flujos migratorios. En este contexto, dos migrantes que habían sido internados previamente en Italia en virtud de sendas órdenes de expulsión fueron trasladados a un centro en Albania. Mientras estaban allí, solicitaron protección internacional.
A continuación, se dictaron nuevas órdenes de internamiento contra ellos y se remitieron al Tribunal de Apelación de Roma para su aprobación. El Tribunal de Apelación decidió no confirmar dichas órdenes, al considerar que la normativa nacional en cuestión era incompatible con el Derecho de la Unión. En ese contexto las autoridades italianas recurrieron ante el Tribunal Supremo de Casación, que ha planteado dos cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia.
Esta postura del abogado general llega semanas después de que el Parlamento Europeo respaldara el nuevo reglamento de retorno, otra normativa en materia migratoria que permite, entre otras cosas, precisamente la creación de centros de deportación de migrantes. Esa vía, impulsada por el Gobierno italiano de Giorgia Meloni, ha contado con el respaldo de la Eurocámara con 389 votos a favor, 206 en contra y 32 abstenciones. Los grupos de izquierda y los liberales y los verdes rechazaron entonces este paso que incluye los llamados “centros de retorno” en terceros países, siempre y cuando se haya suscrito previamente un acuerdo y se respete el principio de no devolución.
Además, según las nuevas reglas, los migrantes están obligados a colaborar activamente en su proceso de salida. Si no lo hacen, podrían recibir castigos como perder ayudas sociales, quedarse sin permiso de trabajo o incluso ir a la cárcel. Además, las autoridades podrán encerrar a una persona en centros de internamiento hasta por un año, y este tiempo puede alargarse otro año más si el migrante no ayuda o si los papeles tardan en tramitarse. Eso sí, toda esta batería tiene que pasar todavía por el visto bueno de los Estados miembros.