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Altagracia Salazar
Algunos nos sorprendimos cuando, en medio de una virtual emergencia nacional por el clima, la rueda de prensa de los lunes del Partido de la Liberación Dominicana decidió desempolvar el tema de los alquileres millonarios del gobierno. Como si hubieran descubierto el agua tibia.
Porque no, no hay nada nuevo ahí.
Lo realmente curioso —y bastante cínico— es que muchos de esos contratos que hoy indignan fueron firmados precisamente bajo sus propias gestiones. Así que la denuncia suena menos a fiscalización y más a berrinche por desalojo político.
Estamos hablando de 22 mil millones de pesos en cinco años. No es jícara de coco. Mucho menos cuando ese dinero se reparte entre una lista relativamente corta de inmuebles en el Gran Santo Domingo.
En 2025, el gobierno central ya había superado los 5,000 millones en alquileres. Para 2026, la cifra proyectada roza los 6,900 millones, con 865 contratos activos registrados. Todo perfectamente legal. Todo perfectamente cuestionable.
Pero el PLD insiste. Y uno se pregunta: ¿por qué ahora?
Cuando uno rasca un poco, aparecen los detalles incómodos. Muchos contratos incluyen aumentos automáticos cercanos al 10%. Nada fuera de lo común en el papel, pero bastante jugoso en la práctica.
La verdadera sangría no está solo en el monto —que irrita— sino en los nombres detrás de los contratos. Porque sí, la mayoría viene de gobiernos pasados. Pero según cuentan quienes conocen el juego desde adentro, los contratos siguen en las mismas propiedades… solo que las manos que cobran ya no militan en el mismo partido.
Ahí es donde duele.
Al final, los contribuyentes seguimos pagando la fiesta, atrapados entre la maquinaria política y el oportunismo de siempre. Porque aquí el escándalo no es cuánto se gasta.
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