Primero fue la Estrategia de Seguridad Nacional, en noviembre pasado, la que puso la prioridad estadunidense en Latinoamérica, y ahora ha sido el documento oficial que concreta esa doctrina marco en el ámbito más estricto de las competencias del Pentágono, la Estrategia de Defensa Nacional. … Aquí también el foco primario se sitúa en el entorno geográfico de Estados Unidos: el hemisferio occidental.
Además de insistir en la conveniencia de mantener garantizado el acceso al Canal de Panamá, el texto aporta una novedad conceptual: la plena inclusión de Groenlandia en ese hemisferio cuyo control reclama Washington. Geográficamente así es, pero en los mapas hemisféricos la gran isla quedaba muchas veces visualmente excluida al ubicarse tan cerca del Polo.
Los dos pilares de la estrategia
El documento habla de dos pilares de la estrategia de defensa: primero, «restaurar» el dominio en su área regional de influencia; segundo, impedir el dominio de China en el Indo-Pacífico.
Se retoma, así, la proclamación del «corolario Trump» de la Doctrina Monroe –la actualización que la actual Administración hace de la doctrina estadounidense enunciada en el siglo XIX–, que formalmente se presenta de la siguiente manera: «Tras años de negligencia, el Departamento de Guerra restaurará el dominio militar estadounidense en el hemisferio occidental. Lo utilizaremos para proteger nuestra patria y nuestro acceso a territorio clave en toda la región. También impediremos que nuestros adversarios posicionen fuerzas u otras capacidades amenazantes en nuestro hemisferio».
La proclamación añade: «Este es el corolario de Trump a la Doctrina Monroe: una restauración contundente y de sentido común del poder y las prerrogativas estadounidenses en este hemisferio, en consonancia con los intereses de los estadounidenses».
Mayores amenazas
EE.UU. advierte de las amenazas que, para su seguridad, suponen la vulneración de sus fronteras por parte de inmigrantes ilegales, la llegada de toneladas de drogas y la violencia de los grupos de crimen organizado. No se trata de riesgos separados, sino que muchas veces se presentan combinados, como en el caso de las organizaciones «narcoterroristas».
Frente a ello, EE.UU. indica que defenderá sus intereses nacionales de forma «activa y valiente», en «todo el hemisferio occidental», y asegura que «garantizará» el acceso tanto militar como comercial a espacios clave, mencionando expresamente el Canal de Panamá, el Golfo de México y Groenlandia.
El Pentágono se compromete, así mismo, a seguir proveyendo a Trump de «opciones militares creíbles para usar contra los narcoterroristas allí donde puedan estar», lo que hace referencia tanto al ataque –en el Caribe y la vertiente del Pacífico– de lanchas que supuestamente transportan droga, como posiblemente a ataques en territorio soberano de otros países, algo que aún no se ha producido, salvo la operación para la detención de Maduro.
En referencia a esta última, el texto afirma que la fuerza militar estadounidense «está lista» para implementar el Corolario Trump de la Doctrina Monroe «con rapidez, potencia y precisión, como lo vio el mundo en la operación Resolución Absoluta».
En la lucha contra el narcoterrorismo, EE.UU. afirma contar con los países vecinos, a los que ayudarán en el desarrollo de las capacidades necesarias, pero advierte que igualmente se reservará la posibilidad de tomar decisiones unilaterales. «Si nuestros socios no pueden o no quieren hacer su parte, entonces estaremos preparados para actuar de modo decisivo por nuestra cuenta», añade el documento, mencionando de nuevo como ejemplo la operación contra Maduro.
En este contexto, con el objetivo de garantizar el acceso tanto militar como comercial a lugares estratégicos del continente americano y sus mares circundantes, EE.UU. advierte que «ya no cederá más acceso e influencia» a otras potencias, e indica que negar eso a otros es responsabilidad primera de los países en cuestión.
Así, los socios regionales de Washington deberán «prevenir que adversarios de EE.UU. controlen o ejerzan de alguna forma influencia indebida en territorios clave».
En este último está Panamá, cuyo presidente, José Raúl Mulino, se dirigió a la nación la semana pasada para anunciar el pleno cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema que saca a una empresa china de la gestión de los mayores puertos que hay en cada boca del Canal.
Pekín ha amenazado con retirar las inversiones en marcha en el país, pero el gobierno panameño ha indicado que sigue adelante con la aplicación de la sentencia.