Un grupo de sobrevivientes de violencia de género en los centros de detención juvenil, presentaron más de 500 demandas contra las autoridades de la ciudad en las que sostienen que fueron víctimas de violencia y abuso sexual.
Acompañados por varios funcionarios elegidos y abogados defensores, los demandantes buscan remediación y respuestas a sus demandas, a las que hasta ahora las autoridades han dicho que no tienen responsabilidad.
Varios testimonios de las víctimas se conocieron este martes durante una comparecencia pública.
Uno de estos fue el de Ángel Sánchez, quien narró cómo durante los últimos años ha vivido preso del miedo.
“Yo me sentí como que no tenía a nadie con el que pudiera hablar. Por eso que ya yo estaba preso y realmente a nadie le importa, porque yo soy de donde soy, yo soy latino y eso no le importa a nadie”.
Sánchez tenía 15 años cuando estuvo en una cárcel juvenil de Brooklyn por posesión de armas. Recuerda que sufrió amenazas y violencia de género por parte de los oficiales que lo custodiaban. Cuenta que constantemente le decían que alguien le “iba a dar mal tiempo”, y vivía atemorizado.
“Y ahora yo estoy hablando, voy a hablar ahora porque no quiero que esto le pase a otros niños que estén en la posición mía”, agregó Sánchez.
Él es uno de los 540 sobrevivientes de abuso sexual y otros tipos de violencia de género, que dieron a conocer sus casos, dentro de cárceles de menores .
Esto mediante la extensión retrospectiva de la ley local 21 de violencia de género aprobada por el Concejo Municipal en 2022, que permitió la investigación de estos delitos sin límites de tiempo en el que fueron cometidos.
La concejal demócrata, Carlina Rivera, que representa al Segundo Distrito de Manhattan, es una de las funcionarias que busca que se haga justicia a las víctimas.
“Esto fue culpa de la ciudad y ahora esta gente necesita justicia y vamos a exigir al alcalde que tiene que hacer algo, que tiene que mejorar estos procesos, estos sitios y agencias”.
Las demandas alegan que la Ciudad mediante sus distintos centros de detención Horizons Juvenile Center y en Crossroads Juvenile Center Brooklyn, fallaron en proteger a los jóvenes de distintos tipos de violencia cuando estaban pagando por sus respectivas condenas.
Según el abogado Jerome Block, la ciudad no quiere tomar responsabilidad por estos hechos. Además piden que las demandas sean en contra de los agentes que cometieron los delitos a pesar de que estos fueron contratados y supervisados por el gobierno de la ciudad.
La extensión de la ley culmina el 28 de febrero y los propulsores exhortan a las víctimas a presentar sus demandas por estos casos de abuso lo antes posible.
Aunque la extensión termina, la concejal Rivera sostiene que están trabajando para poder extender el tiempo límite para demandar un caso de violencia de género que mediante la ley es por 9 años.
“Con tantos casos que salieron, tenemos que hacer algo más. Estamos hablando con mis colegas en el Concejo Municipal y también con los abogados que trabajan en la ciudad a ver si hay algo más que podamos hacer”.
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