Más de 150 estudiantes con síndrome de Down del Centro Educativo Integral Adosid no han podido iniciar el año escolar debido al incumplimiento del Estado en su obligación constitucional de garantizar educación inclusiva. El centro requiere apenas 30 mil pesos mensuales, pero ni el Ministerio de Educación ni el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) han respondido a sus solicitudes. La institución lleva semanas sin servicio eléctrico, no recibe alimentación escolar, carece de transporte y las maestras asignadas no se presentan. Esta crisis se enmarca en un patrón de abandono: recientemente, padres de niños con autismo denunciaron la falta de cupos en centros públicos, y la escuela de ciegos enfrenta limitaciones similares por falta de recursos. En un país donde el 80% de la población gana menos de 30 mil pesos mensuales, la incapacidad estatal para apoyar centros que suplen sus obligaciones evidencia una grave falla en las políticas de inclusión para personas con discapacidad. REDACCIÓN FV MEDIOS