La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, ha reiterado este domingo que Venezuela mantuvo “amplias conversaciones” con España para la salida del país caribeño del abanderado de la mayor coalición antichavista, Edmundo González Urrutia, mientras el Gobierno español niega “negociación política” con “contrapartida” alguna entre ambos países.
“Amplias conversaciones y contactos tuvieron lugar para operativizar la partida del opositor González Urrutia del país con las plenas garantías que ofrece un salvoconducto, producto del acuerdo entre ambos Gobiernos“, ha afirmado Rodríguez en su canal de Telegram.
La funcionaria ha respondido así a unas declaraciones del ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, a TVE, que no negó que hayan existido conversaciones sobre el tema, pero sí rechazó la existencia de negociaciones con contrapartidas, e insistió en que el asilo y traslado a Madrid fue solicitado personalmente por el antichavista, y el Gobierno de Pedro Sánchez lo otorgó.
“No ha habido ningún tipo de negociación política entre el Gobierno de España y el Gobierno de Venezuela (…). El Gobierno de España no da ninguna contrapartida para que se haya podido producir esa salida de Edmundo González”, dijo Albares.
Al respecto, la vicepresidenta ha afirmado que “es un hecho comunicacional” el aterrizaje de “una aeronave de la Fuerza Área española” donde viajó el líder del antichavismo tras la “autorización de las autoridades aeronáuticas de Venezuela”, sin referirse tampoco a contrapartidas.
Rodríguez, que ha calificado de “falsaria” la declaración del ministro, ha insistido en que Venezuela y España mantuvieron los “contactos pertinentes” y, “en apego a la legalidad internacional”, se le concedió el salvoconducto el al opositor.
Tras 42 días de las presidenciales, Albares reiteró al ente electoral la petición de que publique las actas de votación, igual que han solicitado varios Gobiernos extranjeros, para así esclarecer el cuestionado resultado oficial que dio la reelección a Maduro y que la oposición califica como “fraudulento”.
El reclamo opositor se basa en la publicación en una página web del 83,5% de las actas electorales que el antichavismo dice haber reunido a través de testigos y miembros de mesa, documentos que el Ejecutivo califica de “falsos”.
