Al menos diez ciudadanos venezolanos han sido confirmados entre las víctimas fatales del colapso del techo en la discoteca Jet Set, ocurrido el 8 de abril en Santo Domingo, República Dominicana.
La información fue proporcionada por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, quien actualizó la cifra oficial de fallecidos, elevándola a 231. En conferencia de prensa se realizó después de la acostumbrada reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, en la que participó la vicepresidenta Raquel Peña, en sustitución del presidente Luis Abinader.
Pedimos a la sociedad dominicana una reflexión permanente’, dijo la funcionaria a los medios de comunicación.
El desplome de su techo durante una actividad artística ha sido calificado como uno de los incidentes más trágicos en la historia reciente del entretenimiento dominicano.
Este evento trágico ha dejado una fuerte huella, no solo en la nación dominicana, sino también en las familias que perdieron a sus seres queridos, extendiendo el luto más allá de las fronteras.
El artículo 319 establece sanciones para quienes, por imprudencia o descuido, provoquen pérdidas humanas sin intención directa, lo que convierte esta acusación en un procedimiento penal de alto impacto, con potenciales consecuencias legales severas para los involucrados en la gestión del Jet Set.
Entre las víctimas que han sido identificadas, se encuentran Leydimar Parra, de 39 años; Ana Muñoz, de 46 años; Dougliana Villalobos, de 25 años, y las hermanas Fabiana y Fabiola Rodríguez, cuyas edades aún no han sido confirmadas, pero cuya muerte ha conmocionado a sus allegados tanto en Venezuela como en la República Dominicana.
Además, figuran otras víctimas como Bárbara Querales Delgado y su hermana Olian Querales Delgado, de 26 años, así como Daneska Pérez, de unos 27 años, Yoselin Otten Marcano y Pierima Noguera Paredes, de 39 años.
Estas también tenían vínculos migratorios recientes y se encontraban entre los presentes en la discoteca al momento de la tragedia.
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Estas personas, provenientes de Venezuela, habían establecido sus hogares en la República Dominicana, muchos trabajando en oficios diversos o emprendimientos informales, mientras que otros estaban relacionados con actividades comerciales y artísticas en el ámbito nocturno.
Para varios de ellos, su visita al Jet Set aquella noche era simplemente una oportunidad de recreación o de reencontrarse con compatriotas, sin imaginar que terminarían siendo parte de uno de los eventos más trágicos en la historia reciente del país.
A medida que avanzan las gestiones para repatriar los cuerpos o llevar a cabo los procedimientos funerarios, las autoridades dominicanas y los consulados venezolanos se han visto obligados a coordinar esfuerzos para responder a las necesidades logísticas y emocionales generadas por la tragedia.
Las familias, la mayoría de ellas residentes aún en Venezuela, enfrentan la angustia no solo por la pérdida, sino también por las dificultades que implican trasladarse o recibir información precisa y oportuna sobre sus seres queridos.
El proceso de identificación y entrega de los cuerpos continúa, y se espera que el número de víctimas extranjeras aumente a medida que las investigaciones avanzan.
Esto añade un componente diplomático y humanitario al proceso judicial. Las autoridades siguen investigando las causas del colapso estructural, que dejó a muchas personas atrapadas en los escombros, mientras que el luto se extiende entre las comunidades migrantes que frecuentaban el Jet Set, sin imaginar que este lugar sería el escenario de una de las peores tragedias urbanas que ha vivido el país en tiempos recientes.
