Apesar de los años transcurridos, recuerdo que un ministro brasileño se vio precisado a renunciar en el 2011 después de que un diario de Sao Paulo informó que su esposa usaba como “chofer particular” a una persona pagada por el Parlamento y días más tarde se publicó la renuncia de un legislador puertorriqueño incapaz de probar de dónde sacó el dinero para comprarse un automóvil de lujo. Estos dos hechos bastarían para derrumbar los infelices argumentos con los cuales se ha justificado por años entre nosotros la ausencia de acción para combatir la corrupción, a despecho de las múltiples y espantosas denuncias publicadas casi a diario en los medios.
Con frecuencia se nos dice que probar la corrupción es muy difícil y por ende casi imposible combatirla y ni soñar erradicarla. La verdad es que llegamos a ese punto por falta de voluntad política. Lo demuestran los casos de renuncias mencionados. El problema es que si los parámetros con que se mide la corrupción en esos dos países se dieran en el nuestro, no tendríamos muchos funcionarios y probablemente también muy pocos periodistas.
Los cables publicados en los últimos años revelan que esa falta de voluntad era y es percibida todavía en el exterior. Y como todos sabemos se ha dado y se sigue dando en los más altos estamentos del poder político dominicano.
Nadie pretende que en el país no ocurran hechos indecorosos en la esfera gubernamental. Lo criticable sería que hubiera indiferencia en las instancias públicas responsables de velar por que no ocurran y no se adopten sanciones para castigar aquellos que están a la vista de todo el mundo. Por eso alcanzamos una deshonrosa fama en el exterior, vinculada a los elevados niveles de impunidad que nos convierten todavía, según organismos e instituciones internacionales, en uno de los países con mayor grado de corrupción.
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