@abrilpeñaabreu
La razón de ser de un colegio profesional es clara: defender la dignidad de la profesión, proteger a la sociedad y garantizar que sus miembros ejerzan con ética. El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) debió ser ejemplo en ese camino. Sin embargo, la polémica en torno al caso del exembajador y abogado Donni Santana muestra lo contrario: la institución estuvo a punto de convertirse en cómplice de la degradación.
¿Cómo es posible que un condenado por pederastia, que ni siquiera ha cumplido la pena mínima de su condena, fuese beneficiado con un medio libre y considerado para impartir docencia bajo la sombrilla del CARD? Esa aberración no solo desafía el sentido común, sino que golpea de frente la autoridad moral de la entidad.
Fue la presión social, y no la prudencia institucional, la que obligó al CARD a rectificar y retirar la garantía laboral que habría permitido a Santana dar clases. La decisión llegó tarde, pero llegó. Y aunque marca una corrección, deja un vacío ético profundo: durante un lapso, el gremio envió a la sociedad un mensaje devastador de indiferencia hacia la justicia y las víctimas.
Los colegios profesionales no existen para blindar delincuentes ni para disfrazar de legalidad lo que nunca debió ser tolerado. Existen para honrar la profesión, fortalecer la confianza ciudadana y servir al bien común. Cuando esa línea roja se cruza, no solo se degrada a la institución: se despoja a toda la sociedad de la certeza de que la ética aún tiene guardianes.
Que esta lección no se olvide. Cada vez que se dobla un principio, se quiebra la autoridad moral. Y lo que se rompe en ese terreno, difícilmente se recompone.