SANTIAGO.– Un hecho de violencia premeditada conmociona a la comunidad de Los Jardines del Rey, en Santiago, luego de que un hombre arremetiera con su vehículo contra el actual compañero sentimental de su exesposa, dejándolo gravemente herido.

El agresor, Julián Alberto de la Cruz Bonilla, se entregó voluntariamente a la Fiscalía de Santiago este miércoles y quedó detenido mientras continúa la investigación. El incidente ocurrió el pasado lunes 10 de noviembre.

La víctima, Máximo de Jesús Bautista Vásquez, sufrió fracturas severas en ambas piernas. El impacto fue tan fuerte que los médicos se vieron obligados a amputarle la pierna izquierda, mientras que la otra permanece en estado crítico. La familia y allegados siguen atentos a su evolución.

Según relató Celenia Rosado Almonte, exesposa del detenido y actual pareja del lesionado, De la Cruz Bonilla llevaba al menos 15 días merodeando su vivienda, aparentemente molesto por la nueva relación. “En cuanto mi pareja se detuvo frente a la casa, él abrió el baúl de su vehículo y lo impactó sin piedad, sin pensar que cuatro niños estaban dentro”, explicó Rosado, quien reconoció inmediatamente la yipeta Nissan Pathfinder utilizada por el agresor.

El abogado de la víctima, Luis Alfredo Rosario, informó que se han depositado pruebas para que el caso sea calificado como tentativa de asesinato con premeditación y asechanza, destacando la persecución y vigilancia constante sobre la expareja y los menores.

En las próximas horas, De la Cruz Bonilla será presentado ante un juez de la Oficina de Atención Permanente, donde el Ministerio Público solicitará medidas de coerción. La comunidad exige que se haga justicia y que el proceso judicial avance con firmeza.

Los abogados Enrique Alfonso Vallejo Garib, Francisco S. Durán González y Carlos Julio Martínez Ruiz formalizaron este martes una intimación mediante acto de alguacil dirigida al periodista Danny Alcántara, a Óscar Medina, a Luisín Mejía y al elenco completo del programa matutino Hoy Mismo, además de la planta televisora Color Visión, canal 9, por declaraciones consideradas perjudiciales para su trayectoria profesional dentro del ámbito jurídico.

Según el documento entregado, la advertencia fue sustentada en expresiones difundidas el 13 de noviembre durante la transmisión del programa, en las cuales los juristas fueron mencionados al ser vinculados con la supuesta posesión de “un baúl lleno de dinero” destinado a influir en la actuación de magistrados y favorecer un resultado concreto dentro de un proceso que se encuentra en desarrollo, situación que califican como dañina.

La intimación precisa que esas afirmaciones, posteriormente reproducidas en las plataformas digitales asociadas al espacio televisivo, relacionaron a los tres abogados con la elaboración de un supuesto proyecto de sentencia orientado a beneficiar un recurso de amparo depositado ante el Tribunal Superior Administrativo. El señalamiento público, conforme indican, afecta directamente la credibilidad que han construido durante años de práctica legal.

El recurso al que hace referencia el documento fue introducido por el Grupo de Medios Telemicro y buscaba una decisión sobre el uso de la frecuencia correspondiente al canal 3 virtual, en un procedimiento donde también aparece como parte interesada la empresa Franasyl, S.A. Los abogados sostienen que su mención dentro del programa generó un impacto que consideran incompatible con la naturaleza de su ejercicio profesional.

Los representantes legales detallan que las expresiones difundidas atribuyeron intenciones que califican como carentes de sustento, pues, según indican, no existió documentación que respaldara los señalamientos. Este hecho, expresan en la advertencia, incrementó el efecto público ocasionado por su divulgación en un programa de amplia audiencia nacional, ampliado además por su posterior reproducción en medios digitales vinculados a la misma emisión.

Los juristas reiteran en la intimación que la permanencia del contenido en plataformas digitales extendió el alcance de las expresiones, lo que, a su juicio, profundiza la afectación hacia su imagen dentro de escenarios judiciales y administrativos. Señalan que mantienen una trayectoria de décadas en el ejercicio del derecho y que, por ello, procuran que las afirmaciones difundidas sean rectificadas conforme a los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico dominicano.

El acto de alguacil concluye indicando que los intimados deberán ofrecer una respuesta formal dentro del plazo legal establecido. El documento puntualiza que cualquier paso posterior derivado de esta notificación deberá desarrollarse estrictamente siguiendo los procedimientos correspondientes, sin incluir consideraciones adicionales sobre el resultado ni sobre los procesos vinculados al caso mencionado.