Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra parecen encaminadas a reanudarse este sábado con el envío de negociadores de ambos bandos a Pakistán, aunque sin garantía de diálogos directos, dos semanas después de un primer fracaso.

En paralelo al alto el fuego vigente entre Washington y Teherán, la tregua en Líbano, el otro frente del conflicto, sigue pareciendo igual de precaria.

Esta guerra en Oriente Medio, desencadenada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán del 28 de febrero, deja miles de muertos, y ha sacudido la economía mundial.

La capital de Pakistán, que actúa como mediador, espera desde hace días una reanudación de los diálogos entre estadounidenses e iraníes, iniciados hace dos semanas y suspendidos al cabo de unas horas, aunque el cese al fuego fue prolongado unilateralmente desde entonces por Estados Unidos de forma indefinida.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, llegó el viernes por la noche a Islamabad para entrevistarse con altos funcionarios pakistaníes.

Pero «no hay prevista ninguna reunión entre Irán y Estados Unidos«, zanjó en la red social X el portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baqai, al precisar que las posiciones de su país se transmitirían a la parte estadounidense a través de los mediadores.

Los enviados de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, viajarán el sábado a Pakistán «con el fin de mantener conversaciones (…) con representantes de la delegación iraní», declaró previamente, sin embargo, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al asegurar que este encuentro fue solicitado por Teherán.

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El candidato ultraderechista Rafael López Aliaga, que con el 95% del escrutinio está fuera de la segunda vuelta de las elecciones y es tercero en las presidenciales de Perú por apenas 20 mil votos, reiteró este viernes que en los comicios no hubo irregularidades, sino actos criminales que responden, según él, a una estrategia fraudulenta contra su postulación.

López Aliaga ofreció una rueda de prensa junto a personal legal de su partido, Renovación Popular, en el que afirmó que han hecho un peritaje sobre los resultados electorales que, de acuerdo a sus palabras, es una prueba de actos dolosos en el proceso electoral, como la existencia de actas falsas.

• «Hay un sabotaje y hay un fin. Hay un acto criminal en contra de lo más sagrado de una democracia, que es el voto, el derecho a votar. Hay una injerencia clarísima, una estrategia que ya tiene un nombre», dijo el candidato al reiterar, sin aportar evidencias concretas, que en estas elecciones se ha llevado a cabo un ‘Plan Morrocoy’, una estrategia atribuida al chavismo en Venezuela para supuestamente ralentizar el voto.

Desde el mismo día de las elecciones, Renovación Popular ha denunciado que los problemas logísticos presentados el 12 de abril en Lima, su bastión electoral, forman parte de un fraude en su contra.

• En ese sentido, López Aliaga exigió al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, que para intentar salvar un proceso «herido de muerte» realice una auditoría a las mesas de numeración 900.000, alrededor de 4.500 actas en las que considera, sin presentar pruebas, que ha habido una manipulación a favor del izquierdista Roberto Sánchez, que es segundo y pasaría a segunda vuelta.

Detalló que estas actas le habrían dado supuestamente 250.0 mil votos a Sánchez «de manera artificial» y afirmó que tienen el peritaje que lo demuestra.

«Le pido al señor Burneo que nos permita verificar esa serie 900.000, diligentemente audite usted con presencia de un auditor internacional que puede verificar lo que estamos hablando si tiene la voluntad. Ahora, si quiere ser cómplice de este proceso fraudulento ya es su problema, pero tiene consecuencia penales gravísimas para usted y el JNE«, dijo el candidato.

El equipo de López Aliaga expuso supuestas pruebas de sus denuncias, como actas con el mismo número de votos a las que denominaron «actas espejo» e indicaron que, aunque hay 600 actas de Lima ya resueltas por los jurados electorales, los resultados de su partido no han subido en el escrutinio.

«La primera fase de este plan es que se silencie de manera dolosa, no culposa, el derecho de 1,5 millones de ciudadanos a ejercer su derecho al voto. Una mafia dirigida por Piero Corvetto (organizador de las elecciones) avalada por Burneo, que debe vigilar que los plazos se cumplan», sostuvo.

En este sentido, el equipo de López Aliaga criticó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) haya rechazado su pedido de realizar elecciones complementarias en los centros de votación de Lima que abrieron sus puertas hasta cinco horas tarde debido a la demora de la llegada del material electoral y les acusó de no estar haciendo nada para resolver la situación.

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