Nueva York – Opositores a la independencia de Puerto Rico, incluyendo líderes del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP) y del Popular Democrático (PPD), así como republicanos en el territorio catalogaron como falso el documento que simula ser una orden ejecutiva de la Administración Trump impulsando la independencia para Puerto Rico que en realidad es una propuesta.
El documento revolcó la opinión pública luego de que el tabloide británico Daily Mail lo reseñara este viernes.
Debido a que fue redactado a modo de una orden ejecutiva provocó confusión. Sin embargo, el documento no fue suscrito por la Casa Blanca, sino por un grupo compuesto por abogados y economistas de Puerto Rico y la diáspora que simpatizan con esa opción de estatus para el territorio.
Aunque el borrador se envió a la Casa Blanca, hasta este sábado, la Administración Trump no se había pronunciado al respecto.
Fuentes asociadas con la iniciativa revelaron a El Diario que, además, enviaron el documento a varios congresistas y miembros del gabinete del presidente.
El próximo miércoles, los impulsores de esta iniciativa tendrían una reunión con el senador republicano de Dakota del Sur y líder de la mayoría, John Thune, supo este periódico.
El documento que también fue remitido a este medio argumenta sobre los motivos, particularmente económicos, por los que es conveniente para Puerto Rico y Estados Unidos que la isla transicione a la independencia, así como los pasos para completar el proceso.
El comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C., Pablo José Hernández Rivera, dijo en un video en vivo por Facebook ayer en la tarde que el documento carece de credibilidad y que los planteamientos son absurdos.
“Aquí (en Washington) no está sucediendo absolutamente nada hoy. No hay ningún tipo de iniciativa o acción de la Casa Blanca para independizar a Puerto Rico. Primero, no lo puede haber, porque bajo la Constitución de Estados Unidos, quien único puede darle la independencia a Puerto Rico sería el Congreso, y bajo cualquier noción básica de democracia, para que eso suceda, los puertorriqueños tendrían que pedirla, y los puertorriqueños nunca han pedido ni se vislumbra que pedirán en un futuro cercano su independencia”, indicó sobre la “orden” que a su juicio está creando “un desasosiego injustificado en la isla con ayuda de la prensa del país”.
“También, para desmentir este rumor absurdo, usen el sentido común; cómo es que un presidente que está hablando de adquirir más territorios, de reconquistar el Canal de Panamá, de adquirir Groenlandia, de fortalecer la presencia de Estados Unidos en el mundo, va a proponer salir de Puerto Rico. O sea, que esto es absurdo en todos los niveles”, argumentó el político.
Rechazó, como se alega en el medio de “poquísima credibilidad”, que el memo esté en posesión de dos congresistas. Según Hernández Rivera, su oficina se comunicó con uno de los legisladores mencionados, y, de la oficina, negaron haberlo recibido.
De paso, en la publicación, el comisionado residente incluye la versión del PPD o borrador de una orden ejecutiva de Trump con una propuesta de un ELA (Estado Libre Asociado) mejorado, sistema de gobierno que rige desde el 1952 y que le otorga cierto grado de autonomía al territorio.
Por su parte, Gabriela Boffelli, directora de la Oficina de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington D.C. (PRFFA), desmintió categóricamente el contenido del documento.
“No existe evidencia alguna que respalde estos alegatos. Cualquier insinuación sobre un plan secreto para forzar la independencia de Puerto Rico es completamente falsa y solo busca desinformar y desviar la atención del verdadero problema: nuestro estatus”, planteó.
Boffelli añadió que, mientras continuemos bajo la indefinición política y la condición territorial actual, Puerto Rico estará expuesto a “especulaciones y decisiones tomadas sin la plena participación de los puertorriqueños”.
Boffelli, impulsora en Washington de la política pública de la gobernadora Jenniffer González, consideró que el debate surgió tras la “exitosa” celebración de la primera Cumbre de Igualdad y Estadidad de Puerto Rico en la capital federal a principios de esta semana. Para Boffelli, el movimiento independentista, “que históricamente ha sido una minoría, se ha visto amenazado por el apoyo abrumador a la estadidad en el último plebiscito donde la estadidad obtuvo un 59%”.
Por su parte, José Enrique Meléndez, exrepresentante del PNP y republicano, compartió un video en la red social X en el que critica a los independentistas por hacer un papelón con la divulgación del texto.
“En la era de las redes sociales, cualquiera puede escribir cualquier disparate y empujar cualquier teoría. Eso es lo que ha pasado con el memorándum o supuesto borrador de orden ejecutiva del presidente Trump. Los datos que tenemos dicen que no hay tal orden ejecutiva; que el documento sin firmar; recuerden, sin firmar, que algunos le atribuyen a la Casa Blanca o al Congreso, no es real. Es más, tan débil es la teoría y la historia detrás del memo, que ahora dicen que en el Congreso se preparó una orden ejecutiva. Solo para aclarar, en el Congreso no se preparan órdenes ejecutivas; en el Congreso se preparan leyes, proyectos o resoluciones. Pero algunos, en su afán orgásmico independentista prefieren obviar lo evidente y hacer papelones”, expuso.
Además catalogó de refrito el contenido del documento al hacer referencia a una versión difundida en redes y en DC Journal el mes pasado.
Nelson Albino, encargado de Puerto Rico y otros territorios en la Asamblea Nacional Hispana Republicana (Republican National Hispanic Assembly / RNHA), también catalogó de falsa la orden, aunque manifestó que, ante la situación actual, no ve incoherente que Puerto Rico se vuelva independiente eventualmente.
“La noticia que está publicando el Cartel de los Medios sobre la supuesta orden ejecutiva para la independencia es falsa pero que bueno que los boricuazos pasen el susto porque mientras #PuertoRico siga alejándose de Estados Unidos eligiendo políticos corruptos que solo sirven para robarse los fondos federales y los congresistas y SENADORES sigan viendo que sus constituyentes en sus estados envían fondos a PR con sus taxes para que la isla siga un siendo parásito que no progresa pq se los roban…no se sorprendan si en un futuro a largo plazo el susto se convierte en realidad”, dijo el excandidato independiente al Senado de Puerto Rico por acumulación desde sus redes sociales.
La propuesta para otorgar la independencia a Puerto Rico viene circulando en el ciberespacio desde mediados del mes pasado.
En un artículo de opinión en el DC Journal, el escritor puertorriqueño y activista soberanista Javier A. Hernández destaca el contenido de un memo que ha “provocado intensas discusiones entre creadores de política pública y grupos de interés en Puerto Rico”.
De acuerdo con Hernández, en una movida sin precedente, el memo “desafía la viabilidad de la estadidad y prioriza la soberanía nacional como la única solución sustentable para el futuro de Puerto Rico, sacudiendo las bases de activistas pro estadidad y pro Estado Libre Asociado”.
Hernández, autor de “Puerto Rico: The Economic Case for Sovereignty”, añade que la “Acción Ejecutiva para Atender el Estatus Político de Puerto Rico” profundiza en tres opciones: emitir un decreto ejecutivo para reconocer el derecho de Puerto Rico a declarar su soberanía, utilizar poderes de emergencia para atender la gobernanza y transición, y la opción recomendada, que es establecer un grupo de trabajo federal para la transición de Puerto Rico a la soberanía.
“Este memorándum no deja espacio para la ambigüedad: la estadidad no es ni económica ni políticamente viable para Puerto Rico o Estados Unidos. Citando el reporte de 2014 de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, el mismo subraya la inmensa carga financiera que impondría a los recursos federales y resalta cómo se exacerbarían los conflictos culturales y lingüísticos. Para Puerto Rico, la estadidad erosionaría su identidad cultural única y aspiraciones nacionales”, escribió Hernández quien también contribuyó en la creación de la “orden”.
Propuesta es “completamente seria”, dice fundador de PRÁ
A preguntas de El Diario este sábado, Edil Sepúlveda Carlo, abogado radicado en Washington D.C. y fundador de The Puerto Rican Alliance (PRÁ), rechazó que la campaña que encabeza junto a otros que apoyan la independencia para la isla no sea una seria.
“Este esfuerzo involucra a un grupo de abogados y economistas de Puerto Rico y de la diáspora, y entonces esto ya no es un memo per se, esto es (una propuesta) de orden ejecutiva. Nosotros lo hemos compartido con varias personas del gabinete de Trump; la hemos discutido con oficinas congresionales, y tenemos una reunión la semana que viene con la oficina de John Tune. Estamos coordinando una reunión con el Heritage Foundation. Pero, sí, este documento es diferente (al del memo inicial)”, especificó el líder de PRÁ.
Uno de los objetivos de la iniciativa, según Sepúlveda Carlo, es mantener el tema del estatus vivo en vista de la mayoría republicana tanto en el Congreso como en la Casa Blanca.
“Nos preguntan que si esto es serio o no, y es totalmente serio. Es mucho más difícil convencer a 535 legisladores federales sobre temas en general, y más sobre el tema del estatus. El Senado federal nunca ha aprobado un proyecto de ley de estatus; la Cámara solamente tres proyectos en la historia. Sabemos que es algo sumamente difícil, y vemos que hay una oportunidad de que Ejecutivo actúe sobre el mismo y lo ha estado haciendo. Pues, vamos a hacer el intento, que va a ser más fácil que tratar de convencer a tantos legisladores federales”, defendió.
Al dato de que es el Congreso el que tiene que legislar para que Puerto Rico defina el estatus de su preferencia, Sepúlveda Carlo respondió: “Como muchos otros asuntos que el presidente ha tratado por orden ejecutiva, como el congelamiento de fondos federales y eliminar agencias, que le compete al Congreso y se dilucida en los tribunales, pues pensamos en tomar esta oportunidad”.
Agregó: “El presidente tiene unos poderes importantes que le da la Constitución como lo que tiene que ver con asuntos exteriores, y, a través de ese poder que tiene, puede llevar a cabo tratados. Nosotros argumentamos que esos poderes que tiene, pues le dan la potestad de poder llevar a cabo por orden ejecutiva esta iniciativa de independencia y un proceso de transición”.
“¿Por qué ustedes directamente no dijeron, ‘mira, esto es una propuesta de orden ejecutiva, no una orden ejecutiva’?, porque la gente pensó que, en efecto, existía esa orden (por parte de Trump). ¿Por qué no se hizo de otra manera?”, cuestionó este rotativo.
Sepúlveda Carlo respondió: “Entiendo que medios lo tergiversaron. Yo de por sí no sé quién envió eso al Daily Mail…Yo entiendo que algunos de los miembros de personal de republicanos se lo enviaron, porque nosotros se lo hemos enviado al staff y hemos tenido conversaciones con ellos. Yo creo que el Daily Mail lo tergiversó y otra gente cuando empezó a republicarlo…”.
Añadió que planean una conferencia de prensa próximamente para brindar más detalles.
¿Qué dice el borrador de orden ejecutiva?
El encabezado del documento en poder de El Diario lee “Orden ejecutiva”, seguido de “Por la transición de Puerto Rico a la soberanía y la independencia”.
El texto señala que el decreto responde a “la autoridad que me ha sido conferida como Presidente por la Constitución y las leyes de Estados Unidos de América y reconociendo los imperativos estratégicos y económicos de priorizar los objetivos estadounidenses en el mundo actual”.
Los creadores proceden a destacar los $1,370,000 millones de dólares que las autoridades federales tendrían que suministrar al gobierno de Puerto Rico por los próximos 50 años para un “sistema ineficiente y corrupto que no trabaja ni para Puerto Rico ni para EE.UU.”
“La estadidad para Puerto Rico le impondría una carga financiera mayor e insostenible a EE.UU. USAspending.gov reportaron los gastos federales para 2024 en $40,360 millones al año, y proyecciones del 2024 de la Oficina de Rendición de Cuentas (GAO) y The Wall Street Journal estiman $10,000 millones adicionales al año en gasto federal bajo la estadidad, lo que eleva el gasto total anual $50,360 millones”, lee el borrador.
La propuesta procede a mencionar el establecimiento de el Fondo de Transición de Puerto Rico que se extendería por un año para reemplazar los $1,370,000 millones proyectados en 50 años, que le ahorraría a EE.UU. $617, 800 millones.
“Este plan terminaría con el malgasto al eliminar ayuda indefinida al territorio y la dependencia crónica, proporciona una estrategia de salida clara, y redirige los recursos federales para prioridades nacionales como defensa, infraestructura y programas domésticos”, plantean los impulsores.
Mediante el plan, también se establecería una nueva Comisión Ejecutiva para un periodo ordenado de transición. La Comisión Ejecuiva de Transición o ETC debe ejercer sus funciones hasta que se cumplan los propósitos de la orden ejecutiva, y debe transferir, no más tarde del 31 de diciembre de 2026, todas sus operaciones y poderes al nuevo cuerpo político soberano e independiente de Puerto Rico.
Según especifica el documento, la ETC funcionaría como un cuerpo de gobierno provisional que administraría las subvenciones anuales con fondos federales asignadas para crecimiento económico y desarrollo de programas en Puerto Rico durante la transición.
A la ETC también le correspondería el retiro gradual de agencias federales de Puerto Rico y del traspaso de todos los asuntos que previamente estaban bajo jurisdicción federal.
“La Comisión Ejecutiva de Transición operará como parte del personal de la Casa Blanca in coordinación con el Congreso en asuntos que requieran legislación”, detalla el escrito.
Por otra parte, la ETC negociará acuerdo necesarios para coordinar el sistema de Seguro Social según establecido por el Título II de la Ley de Seguro Social con un sistema contributivo bajo un Puerto Rico soberano.
La propuesta además menciona que EE.UU. debe mantener relaciones abiertas y de mutuo beneficio con Puerto Rico una vez sea soberano. En esa línea, debe buscar un trato favorable de otros países a las exportaciones desde Puerto Rico y motivar a que otros países mantengan relaciones abiertas de intercambio con la isla.
Sobre la Junta de Control Fiscal (FOMB), que administra las finanzas de Puerto Rico en virtud de la Ley PROMESA aprobaba en el Congreso en el 2016, se estipula que no debería tener jurisdicción sobre las acciones de la Comisión
“El Administrador debe desfinanciar y cerrar la Junta, que le ha costado (a los puertorriqueños) más de $2,000 millones mientras falla en facilitar efectivamente un ajuste de deuda para Puerto Rico y su desarrollo económico”, propone el texto.
Sobre la ciudadana estadounidense por nacimiento de los puertorriqueños, señala que se daría por terminada para lo individuos que nazcan después del 31 de diciembre de 2026
“La doble ciudadanía debe ser reconocida, permitiendo que los individuos que son ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico también puedan ostentar la ciudadanía puertorriqueña”, especifica el borrador.
El documento incluye el nombre de Donald Trump con espacio para su firma.
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