La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó este jueves al régimen de Daniel Ortega que deje en libertad a seis opositores nicaragüenses, encarcelados en 2024 por manifestar su oposición o criticar al Gobierno. Asimismo, aprobó medidas cautelares para ellos, debido el delicado contexto político y social que atraviesa el país.
Los disidentes en cuestión son el mayor del Ejército en retiro Eddie González Valdivia; el dirigente indígena miskitu Steadman Fagot Muller; la emprendedora Eveling Matus Hernández; la administradora del proyecto de la Asociación Cáritas Diocesana de Matagalpa, Lesbia Gutiérrez Poveda; la abogada y asesora de derecho canónico de la Diócesis de Matagalpa, Carmen Sáenz; y el ex militar crítico del régimen, Víctor Boitano Coleman.Todos ellos, explicó la CIDH, fueron detenidos a lo largo de 2024 en violación del debido proceso, es decir, sin una orden judicial, sin un delito exacto que justifique su arresto y sin informarse -hasta el día de hoy- su paradero y su estado de salud.
Existe “una situación de extrema gravedad y, por lo tanto, la necesidad urgente de adoptar las medidas que sean necesarias para evitar daños irreparables a los derechos a la vida, integridad personal, salud y libertad personal”, apuntaron los expertos en el escrito, en el que alertaron también del “contexto de criminalización de personas con posturas críticas o de oposición, real o percibida, al actual Gobierno de Nicaragua”.
Es por ello que el organismo instó al régimen a, en primera instancia, informar sobre la ubicación de los opositores, permitir su contacto con familiares y abogados, y proteger su integridad y salud antes del 19 de marzo, y, posteriormente, dejarlas en libertad.
Las de este jueves, sin embargo, no son las primeras órdenes emitidas por la CIDH sobre el país, con el fin de proteger a civiles y disidentes, víctimas de la represión del régimen Ortega-Murillo. Por el contrario, estas últimas se suman al caso “Juan Sebastián Chamorro y otros respecto a Nicaragua”, que el organismo lleva y que atiende a varios casos de persecución política desde 2018, cuando tuvieron lugar las protestas contra el Gobierno que dejaron más de 300 muertos.
«La Corte (…) ha constatado la existencia de procesos judiciales en contra de personas que participaron en las protestas, que tienen una posición crítica al Gobierno o que han realizado acciones que pueden percibirse como de oposición o crítica al gobierno”, explicó la Corte sobre su trabajo que, no obstante, ha sido desestimado una y otra vez por Managua.Cientos de personas fueron encarceladas en los últimos seis años en el país, aunque entre 2023 y 2024, el régimen ordenó la liberación de un gran número, solo para acusarlas de traidoras a la patria, desterrarlas y despojarlas de su nacionalidad.
