Nueva York – Un estudio que encomendó la Junta de Control Fiscal (FOMB) a la firma FTI Consulting, Inc. arrojó que la brecha entre la demanda de personal de salud y la oferta continuará incrementando en Puerto Rico aún cuando se invierta para el desarrollo de fuerza laboral.
“El incremento en enfermedades crónicas en Puerto Rico es insostenible a medida que los pacientes arriban a los hospitales y a especialistas con su salud empeorada, contribuyendo a una sobrecarga en el sistema de cuidado de salud. La incapacidad de acceder a tiempo a cuidado lleva a altas tasas de mortalidad, lo que abruma el sistema y aumenta la presión sobre los proveedores de salud que ya se encuentran limitados”, especifica uno de los principales hallazgos del reporte.
La Junta, que controla las finanzas del territorio desde el 2016 en virtud de la Ley PROMESA (Ley de Estabilidad Económica, Administración y Supervisión de Puerto Rico) aprobada en el Congreso federal, solicitó la evaluación para ayudar a atender el crítico problema de oferta y demanda de fuerza laboral en el sistema de cuidado de salud del territorio.
El resultado fue el “Estudio de Personal de Salud de Puerto Rico”, divulgado el pasado 25 de febrero.
La expectativa es que, acorde con la actualización sobre desarrollo económico en la isla discutido en la reciente reunión púbica de la FOMB, el contenido del informe pueda ser utilizado para políticas públicas de crecimiento económico.
Como parte del estudio, FTI solicitó y analizó el insumo de grupos de interés relacionados con la industria de la salud en Puerto Rico.
FTI e IMPACTIVO se basaron en entrevistas individuales y en grupo.
“Un total de 21 grupos de partes interesadas fueron identificados para entrevistas e individuos específicos que representan las experiencias de estos grupos fueron invitados para participar de entrevistas grupales. Un total de 60 individuos participaron en el proceso de recolección de datos”, especifica el informe de 267 páginas.
Los encargados además realizaron encuestas en línea a diferentes cohortes, como médicos, enfermeras, estudiantes de medicina y residentes, y administradores de cuidado de salud.
“Un elemento crítico del estudio fue la evaluación de la competencia y capacidad de organizaciones que entrenan y educan a los profesionales de la salud en Puerto Rico, incluyendo escuelas de medicina, residencias médicas y programas de becas. Esta evaluación fue esencial para entender las retos estructurales relacionados con el embotellamiento en la educación de cuidado de salud e infraestructura de entrenamiento”, destacan los investigadores.
Hallazgos principales
La “desalineación” a la que los hallazgos hacen referencia apunta a que los puertorriqueños de mayor edad tienen más dificultad en acceder a los servicios en comparación con residentes más jóvenes.
También establecieron que los boricuas que viven en regiones rurales menos pobladas y lejanas a los centros de mayor flujo urbano enfrentan más complicaciones para acceder a atención médica.
Entre los especialistas que más escasean en la isla se encuentran endocrinólogos, gastroenterólogos, geriátricos, nefrólogos, oncólogos, ortopedas, psicólogos, psiquiátras y urólogos geriátricos.
“También hay una brecha crítica en personal de apoyo clínico, como terapistas físicos esenciales para el manejo de la población de la tercera edad y pacientes con múltiples enfermedades crónicas”, especifica el documento.
Otro asunto que exacerba la falta de acceso a servicios médicos es que buena parte de los profesionales de la salud tienen 65 años o más.
Más allá del personal médico, también hay deficiencia de empleados en áreas que no están directamente ligadas a los servicios de salud, pero que son interdependientes como transporte, limpieza, seguridad y recepción.
Por otro lado, las leyes y las regulaciones en efecto en Puerto Rico actúan como barreras para agregar fuerza laboral médica.
“Profesionales de la salud operando fuera de Puerto Rico no pueden ofrecer servicios de telemedicina a pacientes en Puerto Rico; límites en el uso y alcance en la práctica de extensores de médicos como enfermeros y asistentes médicos”, detalle el informe.
El estudio también expone las limitaciones administrativas que inciden en la falta de fuerza laboral.
De acuerdo con los hallazgos, los procesos “arcaicos” no digitalizados de acreditación y licencia para personal médico pueden tomar meses y hasta años completarse, “adicional a la fragmentación y duplicación de esfuerzos de tener que trabajar con múltiples pagadores independientes para asegurar credenciales individuales”.
Por otro lado, las “consecuencias no intencionadas” de políticas como el incentivo fiscal de 4% a ciertos profesionales aparenta haber tenido un efecto de llevar a sus recipientes a reducir las horas de operación mientras mantienen el mismo nivel de ingresos netos.
Lo anterior se refiere al incentivo económico que establece una tasa contributiva de 4 %, otorgado a través del Código de Incentivos de Puerto Rico (Ley 60 de 2019), a médicos especialistas que regresan a Puerto Rico.
A su vez, el incremento en los reembolsos a ciertos proveedores bajo el programa Medicaid en Puerto Rico (Government Health Plan / GHP) habría llevado a que estos médicos priorizacen a los miembros del programa y no a otros.
Disparidades en programas Medicaid y Medicare
En este contexto, el reporte señala que las disparidades en Medicaid y Medicare en Puerto Rico en comparación con los estados es uno de los “principales impulsores de la escasez de mano de obra”, y de la no disponibilidad de servicios médicos críticos en el territorio.
“Hallamos que organizaciones en Puerto Rico – agencias de gobierno y entidades del sector privado- no se estaban beneficiando de varios oportunidades de financiamiento federal directamente ligadas al desarrollo de fuerza laboral de salud. Muchas de esas oportunidades requieren el sometimiento de aplicaciones o (en el caso de programas competitivos) propuestas. No está claro si las organizaciones que pudieron haber solicitado esos fondos tenían conocimiento previo de las oportunidades o de la capacidad interna o sobre cómo someter a tiempo propuestas de solicitud convincentes”, lee el material.
El análisis también arrojó problemas con la calidad de programas de educación de salud no acreditados y su impacto en el manejo y entrega de cuidado de salud.
En ese sentido, se recibieron comentarios sobre cuidado tardío como resultado de proveedores de medicina general refiriendo a pacientes de manera excesiva a especialistas.
Las recomendaciones
Entre las recomendaciones para lidiar con la crisis de la industria de salud en Puerto Rico, la firma recomendó un uso más óptimo de los profesionales de la salud y de los recursos de apoyo mediante iniciativas que han demostrado haber sido exitosas a un costo relativamente bajo en un orden relativamente corto.
Una alternativa es aprovechar la ley que estableció los Centros Médicos Académicos Regionales (CMAR) para establecer un cuerpo coordinado para un Programa de desarrollo de la fuerza laboral en todo el territorio, estrategia multinivel de educación médica que atienda y priorice las necesidades de los profesionales de la salud.
“La constitución de este cuerpo debe incluir la optimatización del sistema de educación médica en Puerto Rico para fortalecer la calidad de la fuerza laboral para cuidado de salud local y la cartera de profesionales de la salud”, aconsejan.
El estudio también recomienda promover incentivos a proveedores de salud que sean cuidadosamente designados para incrementar el acceso de los pacientes al cuidado y mayor participación en entrenamientos laborales.
“Incentivos que se enfoquen en áreas prioritarias, como cuidado de salud rural, especialidades de alta necesidad y personal de puestos nocturnos podría ayudar a aliviar la escasez y mejorar el acceso al cuidado en Puerto Rico”, plantean.
El documento además sugiere que la Oficina de Reglamentación y Certificación de los Profesionales de Salud (ORCPS) dentro del Departamento de Salud priorice la modernización de los sistemas usados para mantener y manejar licencias e información.
Otra tarea pendiente debe ser estandarizar los procesos administrativos como manejo de reclamaciones para reducir el peso a los profesionales.
Esto podría incluir la eliminación de autorizaciones previas para ciertos procedimientos y requerirle a las compañías aseguradoras involucrarse en iniciativas de mejoramiento de la calidad.
Otras recomendaciones incluyen la implementación de medidas enfocadas en mejorar las condiciones laborales de los profesionales; liberalizar las regulaciones de telemedicina para ampliar los servicios, establecer una base de datos de reclamaciones de todos los pagadores; examinar la viabilidad y potencial impacto de establecer un Intercambio de Seguros de Salud o mercado de seguros, que es un lugar donde personas y empresas pueden comprar seguros de salud; y evaluar las capacidades de ciertas entidades gubernamentales para manejar subvenciones de fondos para fuerza laboral.
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