Santo Domingo.-En la realidad jurídica de la República Dominicana, existen temas que se comentan frecuentemente en los pasillos de los tribunales, las fiscalías y las oficinas de abogados, pero que rara vez se abordan con la urgencia y profundidad necesarias.

Las reformas en estas áreas son prácticamente inexistentes, a pesar del impacto directo que tienen en la vida de muchos ciudadanos.

En este artículo, más que realizar un análisis técnico-legal, me propongo ser la voz de quienes han sido víctimas de tres situaciones comunes, pero graves, que afectan a nuestra sociedad: las demandas laborales falsas, los invasores de terrenos y las acciones temerarias.

A continuación, abordo estos tres problemas con el objetivo de llamar la atención sobre lanecesidad de cambios estructurales.

Demandas laborales falsas: un cartel en las sombras
Es bien sabido que en la República Dominicana existen oficinas de abogados que, durante años, han operado como verdaderos carteles, dedicados a fabricar demandas laborales fraudulentas contra empresas.

Estas demandas, presentadas por supuestos trabajadores que jamás han prestado servicios en las organizaciones demandadas, buscan explotar las debilidades del sistema judicial.

El sector más afectado es el de la construcción, donde el constante flujo de empleados facilita a estos «carteles laborales» obtener información interna de las empresas, como los nombres de socios, gerentes, ingenieros y proyectos.

Con esta información en mano, fabrican testimonios y demandantes falsos, logrando convencer a los tribunales de la veracidad de sus alegaciones.

El daño es profundo, afectando no solo el ámbito económico de las empresas, sino también la integridad del sistema judicial.

Invasores de terrenos: un cartel aún más peligrosoA diferencia de las oficinas que fabrican demandas laborales falsas, los invasores de terrenos actúan con violencia y extorsión.

Estos grupos se aprovechan de propiedades desocupadas, ya sean solares o viviendas, y realizan mejoras o se mudan ilegalmente, desafiando la propiedad legítima.El alto costo de los procesos judiciales para desalojar a estos ocupantes ilegales deja a muchos propietarios de clase media indefensos, obligándolos a negociar la entrega de sus propiedades a cambio de sumas injustificadas.

Los invasores no solo violan la ley, sino que también infunden miedo y violencia, aprovechándose de la lentitud del sistema judicial para regularizar la posesión de inmuebles.

Acciones temerarias: un mal uso del derecho

Las acciones temerarias se han vuelto un problema habitual, tanto entre abogados como entre ciudadanos que buscan evadir responsabilidades o chantajear a otros.

Existen varios ejemplos de este tipo de conducta, que perjudica tanto al sistema judicial como a las partes

involucradas:

a. Deudores que inscriben falsamente documentos que reconocen sus deudas, con el fin de

ganar tiempo y detener los procesos de cobro.

b. Casos penales abiertos por incumplimientos contractuales que deberían ventilarse en la vía civil, pero que se persiguen penalmente bajo ciertos tipos penales, buscando intimidar a la contraparte.

c. Registro de nombres comerciales ya usados públicamente con anterioridad, con el objetivo de extorsionar a los legítimos dueños o confundir al público para lucrarse indebidamente.

La realidad que enfrenta el sistema judicial dominicano es alarmante. Las demandas laborales fraudulentas, los invasores de terrenos y las acciones temerarias no solo afectan a individuos y empresas, sino que también erosionan la confianza en el sistema de justicia.

Estos problemas requieren atención urgente y reformas que impidan el abuso y protejan los derechos de los ciudadanos. Solo así podremos avanzar hacia un sistema más justo y transparente.