El primer lugar donde duermen muchos de los migrantes que entran a México cruzando el río Suchiate desde Guatemala es un gran cuarto enrejado en una finca. Lo llaman “el gallinero” o “la gallera” y ahí permanecen secuestrados hasta que pagan el derecho de paso a un cártel.
Cuando lo hacen, son marcados en el brazo con un sello que les permitirá adentrarse en México.
La llegada de migrantes a la frontera de Estados Unidos se ha reducido a niveles no registrados desde agosto de 2020 —en plena pandemia—, pero en vísperas de unas elecciones donde la inmigración es uno de los grandes temas de campaña, los extranjeros siguen entrando en México.
La administración de Joe Biden asegura que esas cifras son fruto de la expansión de vías legales para migrar y de los esfuerzos de su contraparte mexicana por contener el flujo de extranjeros, pero quien controla la frontera sur mexicana no es el puñado de agentes federales o Guardias Nacionales apostados en el río, sino los cárteles.
Muchos migrantes pagan al menos 100 dólares por cabeza para librarse del secuestro con el que se encuentran nada más pisar territorio mexicano. De enero a agosto de este año, los extranjeros interceptados por el Instituto Nacional de Migración (INM) en esta zona superaron los 150.000. Y eso solo es la parte visible de las llegadas.
Los agentes de inmigración mexicanos interceptaron de enero a agosto a 925.000 migrantes en situación irregular, una cifra muy superior al total anual del año pasado y el triple del registrado en 2021. Sin embargo, sólo han deportado a 16.500, una fracción de años previos.
Derecho de paso hacia el norte
La mañana del lunes, un grupo de siete hondureños, entre ellos Luis Alonso Valle, de 43 años, con su esposa y dos hijos menores, se bajan de una balsa hecha con llantas de camión y maderas en la que cruzaron el río Suchiate y se adentran en Ciudad Hidalgo.
No han avanzado más de 50 metros y tres hombres en moto se acercan a decirles que no pueden seguir caminando. Al ver las cámaras de AP se alejan. Los hondureños se miran con miedo. Al llegar al parque central varias personas les abordan. “¿Ya tienen guía?”, les pregunta un hombre. “Chips (telefónicos) activados con saldo”, les ofrece otro.
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Los nervios crecen. Valle explica que quieren agarrar una camioneta hasta Tapachula, 37 kilómetros al norte, la considerada capital de la frontera sur mexicana. Les señalan una estacionada a unos metros, frente a un agente de policía municipal. Mientras se acomodan dentro, el chofer pide a AP dejar de grabar. “Me va a parar la maña (el crimen organizado) ahí fuera”, susurra nervioso.
Así o de forma muy similar, engañados por taxistas o conductores de camionetas, los migrantes son llevados a una finca donde duermen encerrados y en el suelo, vigilados por individuos armados.
En la ruta a Tapachula, las camionetas de pasajeros son detenidas por los narcos. Los migrantes que no llevan sello vuelven a la casilla de salida. Al llegar a la ciudad, una nueva fotografía del extranjero hecha por el chofer acredita que su ‘mercancía’ ha sido entregada.
Las familias entrevistadas dijeron no haber sufrido daños físicos pero tenían miedo después de ser liberados.
Frontera México-Guatemala, nueva tierra de cárteles
La violencia —asesinatos, desapariciones, intimidaciones, desplazamiento de civiles— no ha dejado de crecer en Chiapas desde hace dos años cuando el Cartel de Sinaloa y el Cartel de Jalisco Nueva Generación convirtieron ese estado en un escenario más de su guerra para controlar todos los tráficos ilegales en México. El de migrantes, dicen los expertos, es el más lucrativo.
Las organizaciones civiles se sienten cada vez más intimidadas. Este mes fue asesinado un respetado sacerdote y defensor de derechos humanos que denunció la impunidad con la que operaba la delincuencia.
En ocasiones impiden hasta que los migrantes puedan recibir ayuda humanitaria. “Esto nunca había pasado”, denuncia Vidal Olascoaga.
La administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) minimizó el problema. La nueva presidenta dice estar atendiendo la situación junto al gobierno de Chiapas pero mantiene la mismas políticas de su mentor de no enfrentar a los cárteles y trasladar a los migrantes del norte hacia el sur para desgastarlos, mantenerlos lejos de la frontera estadounidense y agotar sus recursos. Otras veces solo les traslada a diferentes ciudades donde, según las ONG, son abandonados y expuestos a más secuestros y extorsiones.
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