La situación en Haití ha alcanzado un momento crítico y sigue deteriorándose, acercándose a lo que probablemente será «un punto de no retorno», requiriendo atención internacional urgente y voluntad política para abordar la rápida erosión de la estatalidad del país, informaron los ponentes que se presentaron este lunes ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
María Isabel Salvador, representante especial del Secretario General para Haití y jefa de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), destacó cómo los grupos criminales organizados, desde finales de enero, han lanzado ataques coordinados para expandir su control territorial, socavar la autoridad del Estado y desgastar a las fuerzas nacionales.
El ataque más reciente en Mirebalais vio a las pandillas tomar la ciudad y orquestar una fuga masiva de prisión —la quinta en menos de un año—, liberando a más de 500 reclusos. Mientras tanto, en febrero y marzo de 2025, 1,086 personas fueron asesinadas, 383 resultaron heridas y más de 60,000 fueron desplazadas forzosamente, sumándose al millón registrado en diciembre de 2024.
Subrayó la importancia de futuras medidas para fortalecer las instituciones de seguridad, señalando que «ningún esfuerzo del Gobierno haitiano será suficiente para reducir significativamente la intensidad y violencia de los grupos criminales».
Por lo tanto, la comunidad internacional debe aumentar su apoyo a esta nación caribeña, «especialmente mediante mayor financiamiento y capacidad operativa para la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad».
Hizo un llamado al Consejo de Seguridad para renovar su compromiso con el Comité de Sanciones y el Panel de Expertos —incluyendo añadir nombres a la lista de sanciones y urgiendo a los Estados miembros a hacer cumplir el embargo de armas—, instando al órgano de 15 miembros a «mantenerse involucrado y responder a las urgentes necesidades del país y su pueblo».
Sobre el proceso político, mencionó que el Consejo Presidencial de Transición, liderado por Fritz Jean, ha reafirmado que las elecciones para un gobierno democrático se llevarán a cabo en febrero de 2026. BINUH, junto con las autoridades haitianas, ha tomado medidas para avanzar en estos esfuerzos.
«A pesar de este progreso, muchos están preocupados por la viabilidad del cronograma, ya que el deterioro de la seguridad está poniendo en riesgo los preparativos esenciales para un referéndum y elecciones inclusivos, participativos y creíbles», dijo.
Monica Juma, asesora de Seguridad Nacional del Presidente de Kenia, señaló que las pandillas, bajo la coalición Viv Ansanm, están coordinando ataques dentro y fuera de Puerto Príncipe. La Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, liderada por Kenia, trabaja en fortalecer las capacidades nacionales de Haití, aunque el despliegue actual es de solo 1,000 efectivos, menos del 40% de los 2,500 previstos.
A pesar de los desafíos, la Policía Nacional de Haití, en colaboración con la misión, ha lanzado operaciones intensivas contra pandillas, negándoles el control del país. Dado que la misión «opera con un nivel subóptimo en términos de personal y recursos», es esencial expandir urgentemente su capacidad.
Mientras la misión busca frenar el flujo de armas ilegales hacia las pandillas, el Consejo debe asumir un rol más firme en la estabilización de Haití y mantener su unidad de propósito en las próximas deliberaciones.
«Haití es más que un país en crisis, es un país en pleno conflicto», afirmó Pascale Solages, cofundadora de NÈGÈS MAWON.
Destacó que nueve organizaciones feministas y de derechos humanos, incluida la suya, han brindado apoyo a más de 3,000 mujeres y niñas en los últimos 10 meses. La realidad de las mujeres haitianas va «más allá de cifras e informes; son nombres, rostros, sueños y vidas destrozadas».
Relató casos de violaciones, asesinatos e intentos de suicidio, subrayando que, más allá de ser víctimas, las mujeres haitianas son «activas protagonistas del cambio que exigimos», a pesar de los riesgos y la falta de recursos.
«Estamos diciendo lo que necesitamos y nos negamos a ser ignoradas», dijo, lamentando que, pese a que la Constitución exige un 30% de representación femenina en espacios de decisión, las mujeres están «totalmente subrepresentadas» en el Consejo de Transición.
Recomendó implementar plenamente la agenda de mujeres, paz y seguridad con un enfoque feminista, y pidió al Consejo imponer medidas vinculantes para evitar el flujo de armas, especialmente desde EE.UU.
En el debate posterior, los delegados destacaron la difícil situación de mujeres y niños frente a la violencia sexual y el creciente poder de las pandillas.
«Haití se queda sin tiempo», advirtió la delegada de Dinamarca, señalando que, con el 85% de Puerto Príncipe controlado por pandillas, «la caída de la capital en sus manos es una posibilidad que no podemos descartar ni permitir». Mejorar la seguridad debe ser prioritario, junto con abordar la grave crisis humanitaria y de derechos humanos.
La representante de EE.UU. reconoció que la situación de seguridad obstaculiza el mandato de BINUH y condenó a quienes colaboran con las pandillas. Instó a más contribuciones financieras internacionales, ya que «EE.UU. no puede seguir asumiendo sola esta carga».
La delegada de Guyana (en nombre de Argelia, Sierra Leona y Somalia) condenó los asesinatos de civiles y urgió al Consejo a no conformarse con el statu quo, sino a reforzar la seguridad en Haití.
Eslovenia llamó a acciones decisivas, incluido el respeto al embargo de armas, y celebró la creación de unidades judiciales especializadas para investigar crímenes graves.
Panamá cuestionó: «¿Qué vida puede tener alguien que teme por su supervivencia?», pidiendo a la ONU un mayor rol en Haití con recursos adecuados.
Pakistán abogó por un proceso inclusivo liderado por haitianos y con participación de la CARICOM. Rusia criticó que el embargo de armas no ha impedido que las pandillas se rearmen, culpando a EE.UU. por no frenar el flujo ilegal.
China acusó a EE.UU. de aplicar el embargo de manera «superficial», permitiendo que armas lleguen a Haití desde Florida, lo que ha dejado a las pandillas mejor equipadas que la policía. Urgió a Haití a «dejar atrás la mentalidad de esperar y depender de otros».
Francia, presidente rotatorio del Consejo, pidió sanciones contra quienes apoyan a las pandillas y llamó a usar «todas las herramientas disponibles» para combatirlas.
El canciller haitiano, Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste, destacó avances como una inversión histórica en la policía y fuerzas armadas, pero admitió que los resultados aún distan de las metas. Reafirmó su compromiso para erradicar a las pandillas.
Finalmente, el canciller dominicano, Roberto Álvarez Gil, calificó la tragedia en Haití como uno de los «10 conflictos más graves para 2025», instando a la comunidad internacional a actuar ante niveles «desgarradores» de violencia sexual. «No podemos quedarnos de brazos cruzados», concluyó.
