Jorge Navas nos recibe con la urgencia de quien sabe que el tiempo es un recurso táctico. Tiene 64 años. Lleva más de cuatro décadas metido en esto. Militó en Tercer Camino cuando Douglas Bravo todavía era el guerrillero más buscado del país. Después pasó por el Partido Comunista, por los Tupamaros. Hoy coordina el colectivo Resistencia y Rebelión, una de las facciones con más peso dentro del Frente Nacional de Colectivos Revolucionarios Sergio Rodríguez. Es uno de los pocos comandantes que sigue dando la cara después del 3 de enero de 2026, el día en que un operativo militar estadounidense sacó a Nicolás Maduro de Fuerte Tiuna y lo subió a un avión.

El Frente agrupa a 450 colectivos en todo el país. Solo en Caracas controlan más de cien. Cada uno es un feudo con su líder y su territorio, pero el Frente los aglutina bajo un paraguas político y militar. Dónde termina el colectivo y dónde empieza la Milicia Nacional Bolivariana es algo que nadie tiene del todo claro. Ni ellos mismos.

«La potestad de las armas está en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana», aclara Navas. «Pero existe la Milicia Nacional Bolivariana, creada por Chávez con el lema zamorano de ‘pueblo en armas’. Muchos de nosotros estamos enrolados en la milicia y, por ende, tenemos que tener armas. Es lógico, para defender la patria».

Cuando se le pregunta por la capacidad real de fuego ante una escalada, contesta sin pensarlo dos veces. «Nosotros tranquilamente podemos aportar unos 5.000 combatientes para la defensa integral de la patria en todo el territorio nacional. Y, si ellos osan pisar el suelo patrio, nos defenderíamos. Ellos no son supermanes, botan la misma sangre que boto yo».

Insiste en que los colectivos no son lo que el mundo cree. «Somos la carne misma del pueblo organizado», dice. Las organizaciones internacionales de derechos humanos cuentan algo muy distinto. Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana: todas han documentado cómo estos grupos funcionan como brazo de choque del Estado. Represión de protestas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas. Lo que Navas describe como trabajo social, los informes internacionales lo retratan como terror organizado.

¿Los inventó Chávez? Niega con la cabeza. «No. Esto viene de antes. De la Cuarta República. Chávez no los inventó, los formalizó. Les dio estructura, legitimidad, propósito revolucionario. Pero la lucha viene de más atrás».

El 3 de enero lo tiene fresco. El día en que comandos estadounidenses se llevaron a Maduro y a Cilia Flores en un operativo que volteó el tablero político del hemisferio de un solo golpe. «Nos sorprendió, claro, pero no nos agarró desprevenidos. Fue un secuestro. Aquí secuestraron a un presidente legítimo». Desde entonces, Delcy Rodríguez preside el Ejecutivo bajo una interpretación del Tribunal Supremo de Justicia que la oposición y buena parte de la comunidad internacional cuestionan.

Lo fascinante de Navas es el pragmatismo que asoma cuando la conversación gira hacia la nueva realidad. El Gobierno de Rodríguez promulgó una ley de amnistía que ha sacado de las cárceles a cientos de presos políticos. Al mismo tiempo, Trump ha ido aflojando las sanciones para que Chevron y Shell reactiven la producción petrolera venezolana. Un escenario que hace cinco años habría parecido ciencia ficción.

¿Cómo digiere un revolucionario de línea dura esa amnistía? «Tiene condiciones claras. El que pidió bombardeo, sanción o invasión no entra en los privilegios de la ley». Entonces invoca a Orlando Figuera, un muchacho de 21 años al que apuñalaron y quemaron vivo durante las protestas de 2017 en Altamira. «¿Vamos a amnistiar a un asesinato como ese? Es imposible. Tienen que pagar cadena perpetua».

Pero, mientras exige justicia para Figuera, decenas de presos políticos recién liberados han denunciado torturas en centros de detención del Estado. Cuando se le presiona con eso, ofrece una respuesta que no se escucha a menudo en el oficialismo. «Si hubo un delito de tortura, tiene que ser llevado ante la Justicia. Nosotros no vamos a alcahuetear a un torturador». Y recuerda que el propio padre de la actual presidenta interina, Jorge Antonio Rodríguez, murió bajo tortura en los calabozos de la antigua Policía política a finales de la década de los setenta. Medio siglo después, ese fantasma sigue pesando.

¿Y qué pasaría si María Corina Machado decide volver? Contesta sin un segundo de vacilación. «Detenida automáticamente y puesta a la orden de la Justicia. Por traición a la patria». La acusación no es un giro retórico. El artículo 129 del Código Penal venezolano castiga con 26 años de presidio a quien «solicite, gestione o impetre, en cualquier forma, la intervención de un Gobierno extranjero para derrocar al Gobierno venezolano». El artículo 128 eleva la pena hasta 30 años si hay conspiración con enemigos exteriores, y su parágrafo único prohíbe cualquier beneficio procesal. En noviembre de 2024, la Asamblea Nacional controlada por el chavismo aprobó además una ley específica contra la traición a la patria que amplió el tipo penal a quienes promuevan o celebren sanciones internacionales contra Venezuela. Machado, que pidió públicamente sanciones e intervención, encaja en cada uno de esos supuestos según la lectura del oficialismo.

Y entonces Navas suelta algo que no esperábamos: «Dicen que va a venir clandestinamente. Pero Trump a lo mejor lo vería como un sabotaje a su estrategia. Y a lo mejor da él mismo instrucciones para que el FBI la busque y la meta presa. Uno nunca sabe. Recuerden que hay un presidente medio loco en Estados Unidos».

Política de Estado

No es solo Navas quien lanza esa advertencia. La propia Delcy Rodríguez, en la primera entrevista que concedió a un medio internacional, le dijo a NBC News algo que sonó a sentencia: «Respecto a su regreso al país, tendrá que responder ante Venezuela por qué pidió una intervención militar, por qué pidió que se sancionase a Venezuela y por qué celebró lo que ocurrió a principios de enero». Cuando la voz del comandante de los colectivos y la voz de la presidenta interina coinciden con esa precisión, el mensaje deja de ser amenaza individual y se convierte en política de Estado.

Para Navas, todo lo que Washington hace en Venezuela responde a un objetivo mayor. «Está hecho para infligirle una derrota estratégica a China. Dominar el petróleo. Es imperialismo puro». Y, sin embargo, cuando se le pregunta por los acuerdos petroleros con las corporaciones estadounidenses, no se inmuta. «Como ellos nos sancionaron, como ellos nos bloquearon y nos robaron, bueno, que traigan el dinero. Ahora, con su dinero, nosotros vamos a recuperar la patria. Chevron nunca se fue».

Guerrero en reposo

¿Cuál es entonces la estrategia? «Diplomacia bolivariana de paz. Estamos en la etapa del guerrero en reposo. En la técnica del junco: se dobla pero no se quiebra».

Mira también hacia Europa. Elogia a Pedro Sánchez por negarse a ceder las bases militares españolas para las operaciones contra Irán. «España tiene mala experiencia cuando ha apoyado una guerra unilateral», dice, y uno entiende que se refiere al 11 de marzo de 2004, a los atentados contra los trenes de Madrid, a los 192 muertos que le costaron a Aznar su apuesta por Irak.

¿El mayor peligro ahora para la revolución? «Que falle la unidad. Si te dividen, te matan por separado. Aquí esperaban que después del 3 de enero hubiera un golpe de Estado militar. Pero no se logró».

Afuera, Caracas sigue con su ruido. Jorge Navas encarna la contradicción de la era pos-Maduro con una naturalidad que solo se entiende si uno ha pasado tiempo en Venezuela. Los colectivos siguen ahí, como el sistema inmune de una revolución que muta para no morir. Él y los 5.000 hombres que dice tener custodian un legado violento y complejo que, nos guste o no, sigue decidiendo quién manda de verdad en las calles de esta ciudad.