Alba Otero
Alba Otero
La seguridad nacional de Estados Unidos siempre se ha medido en portaaviones, misiles y satélites. Hoy, sin embargo, una parte creciente de esa seguridad depende de algo mucho más cotidiano: la electricidad. La red que alimenta hogares, hospitales, centros de datos y bases militares está atravesando —pese a la resistencia política de la administración Trump— una transformación acelerada hacia fuentes renovables. Pero esa transición, clave para el futuro energético del país, ha introducido una vulnerabilidad silenciosa.
La puerta trasera abierta. La expansión de la energía solar ha hecho que la red eléctrica estadounidense dependa de forma masiva de inversores fabricados en China, dispositivos esenciales para convertir la energía solar en electricidad utilizable por la red. No son simples piezas de hardware: son sistemas digitales, conectados, con software, capacidad de comunicación remota y, en muchos casos, fabricados por empresas con vínculos directos o indirectos con Pekín. 
Durante años, esta dependencia fue vista como un problema industrial o comercial. Hoy, para los responsables de seguridad nacional, se ha convertido en otra cosa muy distinta.
El aviso de las agencias. La Agencia de Ciberseguridad e Infraestructura (CISA), la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y el FBI publicaron un aviso conjunto en el que afirmaban que actores cibernéticos patrocinados por la República Popular China habían comprometido y mantenían acceso persistente a infraestructuras críticas estadounidenses. El grupo identificado, conocido como Volt Typhoon, había logrado infiltrarse en organizaciones de sectores clave como energía, agua, transporte y comunicaciones. 
El objetivo no era robar datos ni obtener beneficios económicos. Según el documento de las agencias de seguridad, el comportamiento detectado “no es consistente con el espionaje tradicional” y apunta, con “alta confianza”, a una estrategia distinta: entrar en los sistemas críticos, permanecer ocultos durante largos periodos y esperar. Esperar a un escenario de crisis o conflicto en el que esas mismas infraestructuras puedan ser interrumpidas o degradadas. Es exactamente el escenario que el director del FBI, Christopher Wray, ha descrito ante el Congreso al advertir de que China se está posicionando para atacar infraestructuras civiles estadounidenses como parte de su planificación estratégica.
De robar secretos a preparar el caos. Durante años, las actividades cibernéticas atribuidas a China se centraban en el robo de propiedad intelectual y secretos industriales. Hoy, según funcionarios de seguridad, el objetivo es distinto: crear la capacidad de causar caos interno en Estados Unidos y limitar su margen de maniobra en un conflicto, especialmente en el Indo-Pacífico. 
Los sistemas atacados por Volt Typhoon —como puertos, redes eléctricas regionales o utilities de agua— carecen de valor económico o político inmediato. Precisamente por eso, los expertos concluyen que la única razón para infiltrarse en ellos es poder sabotearlos más adelante. No se trata necesariamente de provocar un apagón nacional. Como explican fuentes gubernamentales, bastaría con interrupciones selectivas, fallos en cascada o incidentes muy visibles para generar pánico social, presionar a los responsables políticos y condicionar la toma de decisiones.
Hacia la transición. La red eléctrica estadounidense depende cada vez más de inversores solares y sistemas de almacenamiento —los llamados inverter-based resources— que no son simples piezas de hardware. Son sistemas digitales, conectados, que regulan el flujo de energía, estabilizan la frecuencia y se comunican constantemente con otros elementos de la red. Según el informe In Broad Daylight, elaborado por Strider Technologies, desde 2015 China ha exportado a Estados Unidos cerca de 2.680 millones de kilogramos de inversores, dominando dos tercios del mercado mundial.
Para entender la escala del fenómeno: el 86% de las empresas eléctricas analizadas por Strider, que representan cerca del 12% de la capacidad instalada en Estados Unidos, utilizan al menos un proveedor chino considerado de riesgo. En conjunto, estos equipos están presentes en 5.400 megavatios de capacidad solar repartidos en 22 estados, suficiente electricidad para mantener encendido más de un millón de hogares durante un año.
La preocupación no es baladí. Un fabricante chino desactivó remotamente inversores instalados en Estados Unidos y otros países en medio de una disputa contractual, demostrando que los fabricantes conservan control operativo sobre equipos ya desplegados. 
Además, investigaciones citadas por The Washington Post revelan la existencia de componentes de comunicación no documentados en algunos inversores, capaces de conectarse a redes externas sin conocimiento de los operadores. Según Strider, el problema se agrava porque instituciones académicas y militares chinas han producido miles de estudios sobre vulnerabilidades de redes eléctricas extranjeras, muchos de ellos centrados en escenarios de interrupción deliberada.
China ha salido al paso de las acusaciones. Un portavoz de su embajada en Washington respondió a Reuters y The Washington Post rechazando que exista un problema de seguridad y denunciando lo que calificó como una “generalización” del concepto de seguridad nacional para desacreditar los avances chinos en infraestructura energética. Pekín no ha anunciado revisiones técnicas, auditorías externas ni modificaciones en los mecanismos de control de estos dispositivos.
Un dilema sin solución sencilla. A corto plazo, las autoridades estadounidenses han ordenado a las empresas eléctricas que limiten o supervisen las comunicaciones externas de estos dispositivos. Sin embargo, como reconocen funcionarios, la fragmentación del sector eléctrico —con miles de operadores y estándares desiguales— dificulta una respuesta uniforme.
A medio plazo, el dilema es más complejo. Retirar masivamente el hardware chino podría poner en riesgo el suministro energético en un momento de fuerte crecimiento de la demanda. Mantenerlo implica aceptar una vulnerabilidad estratégica. A largo plazo, el consenso entre analistas es claro: la energía ya no es solo una cuestión económica o climática, sino un asunto de seguridad nacional. Como concluye el informe de Strider, asegurar la transición hacia energías limpias sin crear nuevas dependencias estratégicas se ha convertido en una prioridad defensiva.
La nueva dimensión de la seguridad nacional. La red eléctrica estadounidense no necesita ser atacada mañana para convertirse hoy en una herramienta de presión. La vulnerabilidad ya existe, integrada en forma de dispositivos cotidianos, invisibles para el usuario final pero críticos para el funcionamiento del país.
La pregunta que plantean los propios documentos oficiales no es si esa capacidad se utilizará, sino en qué contexto y con qué objetivo. Porque, en la competencia estratégica del siglo XXI, el control de la energía puede ser tan decisivo como el control del territorio.
Imagen | Unsplash y Freepik
Xataka | EEUU y China están envueltos en un polémica por unos dispositivos renovables: lo que sabemos (y, sobre todo, lo que no sabemos) hasta ahora
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