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El Departamento de Justicia está investigando docenas de amenazas hechas a trabajadores electorales, dijeron funcionarios federales el lunes, y hasta ahora ha acusado al menos a 20 personas por cargos relacionados con la violencia política.
Los funcionarios del Departamento de Justicia dijeron en una conferencia de prensa dada a conocer públicamente el martes que los informes de amenazas generalizadas contra los funcionarios que organizaron las elecciones de 2020 y 2022 han dado lugar a cargos contra aproximadamente esas 20 personas, y más de media docena de ellas han recibido sentencias de entre uno y tres años y medio.
“Estos son los primeros en responder y continuaremos investigando y procesando a quienes amenacen con hacerles daño”, dijo Gary Restaino, fiscal federal para el Distrito de Arizona, en la conferencia de prensa en la que destacó las recientes condenas.
Trece de los 20 acusados han sido condenados. De los diez que ya han sido sentenciados, siete han recibido sentencias de prisión de más de 18 meses, “lo que indica cuán serias están tomando esta conducta los tribunales federales”, dijo John Keller, el funcionario del Departamento de Justicia que dirige las operaciones diarias del grupo de trabajo sobre amenazas electorales.
“Esta nueva era en la que la comunidad electoral es utilizada como chivo expiatorio, objetivo y atacado es desmesurada y, además del costo obvio que se cobra a las víctimas individuales, corre el riesgo de agotar las filas de funcionarios electorales experimentados, vitales para la administración efectiva de nuestras elecciones”, dijo Keller, cuyo grupo de trabajo ayuda a los funcionarios locales a buscar, investigar y procesar de manera proactiva las amenazas a los trabajadores electorales.
Dos de los condenados fueron sentenciados en marzo por amenazar a la exsecretaria de Estado de Arizona, Katie Hobbs, una demócrata que ahora es gobernadora del estado.
Joshua Russell, un hombre de Ohio, fue sentenciado el lunes a 2.5 años de prisión por dejar mensajes de voz amenazantes en la oficina de Hobbs y por amenazar de muerte a un funcionario de la Oficina del Secretario de Estado de Arizona durante las elecciones primarias y generales de Arizona, informó el Departamento de Justicia en un comunicado.
“Si se amenaza con violencia contra los servidores públicos que administran nuestras elecciones, habrá consecuencias”, dijo el fiscal general Merrick Garland.
“El derecho al voto, que es la piedra angular de nuestra democracia, depende de la capacidad de los trabajadores y funcionarios electorales para desempeñar sus funciones sin temer por sus vidas. El Departamento de Justicia continuará investigando y procesando agresivamente a quienes amenacen a estos servidores públicos”, afirmó Garland.
Estos caso son parte de los que atiende el Grupo de Trabajo sobre Amenazas Electorales del Departamento de Justicia, que fue anunciado por el fiscal general Garland y lanzado por la fiscal general adjunta Lisa Monaco en junio de 2021.
El grupo de trabajo ha liderado los esfuerzos del Departamento de Justicia para abordar las amenazas de violencia contra los trabajadores electorales y garantizar que todos los trabajadores electorales, ya sean elegidos, designados o voluntarios, pueden hacer su trabajo libres de amenazas e intimidaciones.
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