Una delegación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia), encabezada por su presidenta, María Elena Vásquez Taveras, compareció esta tarde en la Cámara de Diputados para presentar sus recomendaciones técnicas al “Proyecto de Ley General de Contrataciones Públicas”, reintroducido este año al órgano legislativo.
Vásquez Taveras estuvo acompañada por el director ejecutivo de la institución, Víctor Benavides Valerio; Gianna Franjul y María E. Holguín López, miembros del Consejo Directivo; y José Beltré, director de Promoción y Abogacía de la Competencia.
La delegación de Pro-Competencia fue recibida por la comisión especial que estudia el proyecto de ley, que preside el diputado Gregorio Domínguez Domínguez, quienes escucharon los planteamientos e indagaron sobre las observaciones que hace el organismo, que busca garantizar que el nuevo marco normativo de contrataciones públicas incorpore disposiciones que promuevan efectivamente la libre competencia y protejan la libertad de empresa en beneficio de la eficiencia del mercado y el interés general.
En su intervención, la presidenta del Consejo Directivo Pro-Competencia resaltó que la reforma al régimen de compras y contrataciones públicas representa una oportunidad trascendental para el fortalecimiento institucional, la modernización del Estado y la consolidación del Estado social y democrático de derecho en la República Dominicana.
“El Proyecto de Ley General de Contrataciones Públicas que actualmente estudia el Congreso Nacional propone una transformación normativa de gran alcance, orientada a garantizar procesos más eficientes, equitativos, transparentes y alineados con los principios constitucionales y los compromisos internacionales asumidos por el país. Desde ProCompetencia, saludamos esta iniciativa como una vía estratégica para promover entornos económicos más abiertos y competitivos y para enriquecer este proyecto hemos presentado un informe de abogacía con recomendaciones puntuales”, explicó.
Propuestas de modificación
Pro-Competencia propone modificar el artículo 116 del referido proyecto, sobre exclusión por comprobación de prácticas prohibidas, para reconocer expresamente las prácticas colusorias tipificadas en la Ley No. 42-08 sobre la Defensa de la Competencia, así como la remisión de estos casos a la institución para su investigación y sanción.
Esta modificación permitirá fortalecer la coordinación interinstitucional y establecer un marco claro para combatir conductas que distorsionan la competencia en las licitaciones públicas.
Con respecto a la transparencia en la información de precios, Pro-Competencia recomienda modificar el artículo 93 para mantener bajo confidencialidad la apropiación presupuestaria, evitando que su divulgación facilite la coordinación anticompetitiva entre oferentes.
Esta medida, conforme a recomendaciones de buenas prácticas emitidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) busca prevenir situaciones donde los competidores podrían utilizar esta información para coordinar sus ofertas y reducir así la competencia efectiva.
Para las fases de consulta previas a las licitaciones, el Consejo Directivo de Pro-Competencia propone modificar el artículo 96 para que los pliegos de condiciones preliminares excluyan información que pudiera facilitar acuerdos colusorios, y el artículo 103 para establecer que las reuniones técnicas sean preferentemente virtuales y con medidas que protejan la identidad de los oferentes. Estas salvaguardas son esenciales para mantener la independencia entre los oferentes y evitar comunicaciones que podrían derivar en prácticas anticompetitivas.
Siguiendo las buenas prácticas internacionales, Pro-Competencia propone también incorporar en el artículo 108 el requisito de presentar una Declaración Jurada sobre “Oferta Libre de Colusión” donde los oferentes certifiquen que sus propuestas han sido elaboradas independientemente y sin acuerdos anticompetitivos. Este documento servirá como herramienta preventiva y disuasoria frente a posibles comportamientos colusorios.
Beneficios esperados para el mercado y la sociedad
Las recomendaciones formuladas por Pro-Competencia buscan fortalecer la coordinación interinstitucional entre las autoridades de contratación pública y la autoridad de competencia, prevenir la colusión en licitaciones mediante controles ex ante efectivos, garantizar la transparencia sin comprometer la competencia efectiva, y establecer con claridad las responsabilidades institucionales en materia de vigilancia y sanción de prácticas anticompetitivas.
El Consejo Directivo de Pro-Competencia confía en que estas propuestas técnicas contribuirán significativamente a la construcción de un marco normativo de contrataciones públicas que promueva la eficiencia, la innovación y la competitividad, generando valor para la ciudadanía y oportunidades para el sector empresarial dominicano.
Sobre la facultad de emitir opiniones técnicas
Como organismo del Estado dominicano responsable de promover y garantizar la existencia de la competencia efectiva para incrementar la eficiencia económica en los mercados de productos y servicios, en beneficio de los consumidores y usuarios, Pro-Competencia tiene la facultad de emitir informes de recomendaciones sobre proyectos de ley y otras normas que puedan tener incidencia sobre la competencia efectiva en los mercados.
Este ejercicio de abogacía de la competencia resulta fundamental para garantizar que las nuevas regulaciones incorporen desde su diseño principios que favorezcan la competencia y prevengan distorsiones en el mercado, contribuyendo así a la construcción de un marco normativo más sólido y eficiente.
