La sentencia que condena a la líder ultraderechista francesa Marine Le Pen por desvío de fondos del Parlamento Europeo es inédita en su país, porque aleja de la carrera electoral a la favorita de las presidenciales de 2027, lo que conlleva consecuencias políticas graves.
Inhabilitación preventiva
La gran novedad de la sentencia contra Le Pen es que los cinco años de inhabilitación para el ejercicio de un cargo público no entran en suspenso de forma automática con la presentación de una apelación.
Los jueces del Tribunal Correccional de París justificaron la inusual dureza de esa medida en varios motivos: la necesidad de limpieza en la vida pública, el volumen de la cantidad defraudada o la ausencia de reconocimiento de los hechos, que conlleva un riesgo de reincidencia.
Otro motivo fue que el sistema de financiación del partido de Le Pen – Agrupación Nacional (RN), llamado Frente Nacional (FN) cuando se produjeron los hechos juzgados- atentó contra la neutralidad democrática, al permitir al partido concurrir en condiciones ventajosas a diversas elecciones.
Elecciones presidenciales de 2027
La sentencia complica enormemente, pero no impide de forma automática, una hipotética candidatura de Le Pen para las elecciones presidenciales de 2027.
Según calculan varios juristas, si Le Pen presenta rápidamente una apelación (algo que ya ha anunciado su abogado), el nuevo juicio necesitaría más de un año para comenzar. Otros piensan que un caso de este volumen, que necesitó diez años de instrucción en primera instancia, no será juzgado de nuevo antes de, al menos, otros tres años.
Además, el nuevo calendario debe ser fijado por los propios jueces, aunque la líder ultraderechista pida que se haga por el procedimiento de urgencia.
Brazalete electrónico
Le Pen fue condenada también a cuatro años de cárcel, dos de ellos en firme sustituibles por arresto domiciliario con un brazalete electrónico.
En este caso, la colocación del brazalete sí queda suspendida automáticamente en caso de apelación.
Un ejemplo previo muy llamativo fue el del expresidente Nicolas Sarkozy, al que en febrero se le colocó un brazalete después de que en diciembre pasado el Tribunal Supremo confirmó una pena de un año de arresto domiciliario por un caso de corrupción en 2014.
Escaño en la Asamblea Nacional
Marine Le Pen podrá mantener su escaño en la Asamblea Nacional, donde es la portavoz de su partido, al menos hasta que haya una decisión en el juicio en apelación, según la jurisprudencia del Consejo Constitucional francés sobre parlamentarios nacionales.
Pero, en caso de elecciones anticipadas, que su partido exige desde hace meses, no podría volver a presentarse a la reelección. La Asamblea no puede ser disuelta antes de julio de este año.
Pero Le Pen sí perderá su puesto de miembro del Consejo Departamental de Pas de Calais (norte), ya que los cargos electos locales se rigen por un sistema diferente al de los parlamentarios nacionales.
La líder ultraderchista sí podrá, sin embargo, ser nombrada ministra o primera ministra, al no ser cargos dependientes de unas elecciones.
Una sentencia particularmente dura
Los jueces han considerado probada la existencia de un sistema ilícito de financiación del partido de extrema derecha con dinero del Parlamento Europeo, ideado por Jean-Marie Le Pen y que su hija mantuvo cuando en 2009 desembarcó en la Eurocámara y que utilizó «con autoridad y determinación» desde que en 2011 se hizo con las riendas de la formación.
A lo largo de los testimonios y de los correos electrónicos interceptados durante diez años de investigación, el veredicto considera probado que, si bien no hubo enriquecimiento personal, sí se favoreció a sus dirigentes, que gozaron a expensas de la Eurocámara de sus propios guardaespaldas, y al propio partido, que sin esos ingresos hubiera quedado al borde de la quiebra.
La sentencia habla de «doble engaño», al Parlamento Europeo, por un lado, y a los electores por otro, una situación «sistémica» que duró más de doce años y «de especial gravedad» por la elevada cifra desviada, más de cuatro millones de euros.
