Redacción Internacional.- El sindicalismo latinoamericano enfrenta uno de sus mayores desafíos históricos ante Gobiernos de orientación liberal, reformas laborales restrictivas y el avance de la informalidad. Entre la confrontación, la adaptación y la pérdida de poder, los sindicatos se reinventan o se diluyen en un escenario cambiante y desigual.
En Argentina, un país de fuerte tradición obrera, la Confederación General del Trabajo (CGT, peronista) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), enfrentan las políticas de ajuste del presidente Javier Milei, que han acelerado el deterioro social y la pérdida de empleo.
En menos de un año, la CGT ha convocado tres huelgas generales, y actualmente se debate entre endurecer su postura o mantener canales de diálogo. Según el analista Jorge Arias, la precarización y el debilitamiento del respaldo político han restado fuerza al movimiento sindical.
México: auge de sindicatos independientes tras el T-MEC
En México, la ratificación del convenio 98 de la OIT en 2018 y las reformas constitucionales de 2019, exigidas por el tratado de libre comercio con sus socios del norte (T-MEC), marcaron un punto de inflexión en el sindicalismo.
Emergieron sindicatos independientes en un sector antes controlado por organizaciones afines al poder. Gracias al mecanismo de respuesta rápida del tratado, se resolvieron numerosas quejas laborales.
Desde entonces, México ha vivido una oleada de revisiones colectivas con más de 30,000 convenios legitimados y casi 10.000 nuevos contratos colectivos. La Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) siguen siendo los actores clave.
En Brasil, la reforma laboral que eliminó el financiamiento obligatorio mermó drásticamente el poder de los sindicatos, que han perdido visibilidad incluso en fechas emblemáticas como el 1º de Mayo. Aunque el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, exlíder sindical, promueve mejoras laborales, las protestas siguen siendo escasas y poco representativas.
En El Salvador, el sindicalismo ha perdido su rol contestatario y hoy respalda mayoritariamente al Gobierno populista de derechas de Nayib Bukele. El ministro de Trabajo, Rolando Castro, proviene del movimiento sindical y ha consolidado una estructura oficialista, en contraste con el pasado combativo. La fragmentación heredada de gobiernos anteriores ha contribuido a este giro.
Cuba: control absoluto del sindicalismo
En la isla, la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) es la única organización legal y responde directamente al Partido Comunista. El 1º de Mayo es una celebración del sistema, y activistas o periodistas críticos suelen ser retenidos en sus casas para evitar manifestaciones.
En Chile, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) lidera un movimiento menos combativo que en otras épocas. Las protestas suelen ser pacíficas y en coordinación con el Gobierno de Gabriel Boric. La CUT participa en reformas como el aumento del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral.
La histórica Confederación de Trabajadores de Venezuela ha ido debilitándose debido a la crisis y la proliferación de sindicatos cercanos al Gobierno. La Red Sindical Venezolana exige unidad y aumentos salariales, en un contexto donde el salario mínimo es inferior a dos dólares mensuales.
La Central Obrera Boliviana mantiene una estrecha relación con el Gobierno del Movimiento al Socialiso (MAS). Dirigida por Juan Carlos Huarachi, ha exigido subidas salariales por encima de la inflación, lo que ha provocado críticas del empresariado por su posible impacto económico.
Las principales centrales sindicales de Colombia apoyan las reformas sociales del presidente Gustavo Petro. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ha advertido de que impulsará nuevas protestas si el Congreso bloquea las reformas laboral, de salud y pensiones.
Perú: alta informalidad y lucha sindical
En un país donde el 70 % del empleo es informal, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) denuncia las políticas de desregulación, que, según los sindicatos, agudizan la precariedad laboral.
Mientras tanto, en Nicaragua existe una profunda represión de la libertad sindical. El Gobierno de Daniel Ortega ha disuelto los sindicatos independientes, ejerciendo un control total sobre el movimiento obrero, sin espacio para la crítica o la oposición organizada.
En Panamá, el poderoso sindicato de la construcción Suntracs ha perdido fuerza tras las protestas contra la minería a cielo abierto, mientras que en Uruguay, el Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) sufrió en octubre del pasado año un revés con el rechazo en referéndum a su propuesta de reforma jubilatoria, aunque el Gobierno de Yamandú Orsi impulsa un diálogo con participación sindical.
Paraguay, con apenas un 6.7 % de trabajadores sindicalizados, enfrenta debilidad organizativa por la informalidad, la baja industrialización y la desconfianza ciudadana. En tanto, en Honduras, la fragmentación y la migración masiva han restado protagonismo al movimiento obrero, y en Costa Rica, la relación del presidente Rodrigo Chaves con los sindicatos es tensa y está marcada por acusaciones de corrupción.
En Puerto Rico, la Ley de Cumplimiento Fiscal y el fallo Janus -por el que la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que no se puede obligar a los empleados públicos a pagar tarifas de servicio a un sindicato para apoyar sus actividades de negociación colectiva- han limitado la acción sindical al eliminar derechos de negociación y facilitar la desafiliación.
Y en República Dominicana el problema es que a pesar de que hay registrados cerca de 4,000 sindicatos, más del 60 % está inactivo, y las principales centrales han sido cuestionadas en los últimos años por su cercanía con los Gobiernos de turno.
