Nueva York – Daniel Del Castillo Pratts, presidente de la Junta de Directores de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, dijo que cualquier recorte a los fondos del programa Medicaid en el Congreso federal se traduciría en un impacto en cadena que no solo afectará los servicios a pacientes en los estados, también en la isla.

Del Castillo, quien asumió el cargo a finales del mes pasado, explicó en entrevista con El Diario que la mitad de los ingresos de algunos hospitales en el territorio proviene de la atención a beneficiarios de Medicaid.

El directivo de la Asociación alertó que una reducción en las partidas podría derivar en un “gran impacto” en cadena con secuelas no solo en los servicios a pacientes que se benefician del programa, sino a la población hospitalaria en general.

“Para que tengas una idea, en algunos hospitales en Puerto Rico pudiese significar el 50% del ingreso. Mayormente, estos hospitales que están en zonas rurales representan hasta un 50% de ingreso; esos pacientes que visitan esos hospitales son pacientes de Medicaid. Puede fluctuar entre hospital entre 20% a 50%, pero, definitivamente, si hay un recorte en esos fondos, se van a afectar las finanzas de esos hospitales, que va a redundar en que los hospitales no van a poder operar ni para los de Medicaid ni para los que no son Medicaid”, argumentó el también director ejecutivo regional para las operaciones de Encompass Health en Puerto Rico.

En este contexto, el entrevistado señaló que cualquier cambio también tendría implicaciones para miles de pacientes conocidos como “duales” o que reciben al mismo tiempo Medicare.

“Ahora mismo, hay 1,050,000 personas que reciben fondos del Medicaid (en Puerto Rico), directamente; pero también hay unos 200,000 o 300,000 que son los que se conocen como “dual eligibles” (elegibles duales), que son beneficiarios de Medicaid, y, a la misma vez, de Medicare, porque son personas de 65 años o más. Así que estamos hablando de unos 1.4 millones de personas que se benefician de estos fondos de Medicaid”, expuso Del Castillo.

“Si esos fondos se recortan, se va a afectar la industria en general en Puerto Rico y en Estados Unidos”, afirmó Del Castillo, quien también fue presidente de la Junta de Directores del Colegio de Administradores de Servicios de Salud de Puerto Rico.

Lo anterior fue parte de lo que Del Castillo y otros miembros de la entidad estuvieron discutiendo con representantes de la industria en la más reciente conferencia anual de la Asociación Americana de Hospitales (AHA) que se llevó a cabo entre el 4 y 6 de mayo pasado en Washington D.C.

Tras su participación en el evento, el portavoz de la Asociación concluyó que hay un consenso bastante general a nivel de los estados y en territorios como Puerto Rico de que la reducción de $880,000 millones en el presupuesto federal que buscan algunos republicanos en la Cámara de Representantes no deben provenir del seguro de salud para personas con bajos ingresos.

“El gobierno federal está buscando $880,000 millones y uno de los programas más grandes en términos de fondos federales es el Medicaid, y el Medicare también, pero el Medicaid, particularmente, y hay una agenda bien definida a nivel de todos los estados con sus congresistas, con sus senadores para evitar los recortes de los fondos de Medicaid, porque definitivamente sería una tragedia para todos los estados y Puerto Rico también”, planteó el graduado de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Actualmente, y, como parte del proceso de reconciliación presupuestario, algunos republicanos en el Congreso consideran una resolución presupuestaria que podría llevar a billonarios a programas como Medicaid y SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria).

Los comités de la Cámara de Representantes han comenzado a realizar revisiones para los distintos componentes del paquete de reconciliación, de acuerdo con una actualización este viernes de la organización independiente Committee for a Responsible Federal Budget.

El 10 de abril, tras la votación en el Senado, la Cámara adoptó una resolución presupuestaria concurrente que sienta las bases para desarrollar el proyecto de ley de reconciliación.

Aunque la Cámara de Representantes y el Senado adoptaron la misma resolución con instrucciones para el proceso de reconciliación, al momento, los legisladores están debatiendo qué incluir en el paquete final de reconciliación.

Del Castillo apostó a que, al final del día y ante la aparente postura del presidente Donald Trump de que no respalda recortes al Medicaid, el plan quedará fuera de consideración.

“Ellos están mirando todo el presupuesto y esa reducción es para un plazo de 10 años, y es un montón de dinero, y, definitivamente, hay que ver si van a poder lograrlo. Esa es la meta que ellos tienen. Pero el mensaje que yo recibí de los congresistas es que Medicaid es importante para los estados y más para los hospitales que están en zonas rurales…Así que yo sé que la razón va a predominar sobre la intención que quizás haya…”, insistió el ejecutivo.

Continuarán abogando en Washington D.C. contra recortes a Medicaid

El entrevistado anticipó que, a través de la Asociación y también en coordinación con funcionarios del gobierno de Puerto Rico, continuarán “bien activos” orientando a los legisladores en la capital federal sobre la importancia de Medicaid en la isla, donde, según recalcó, se hace más con menos.

“Una cosa importante que tiene Puerto Rico es que se creó la Ley de Reclamaciones Falsas (Ley 154-2018), que creó una unidad de control de fraude (bajo el Departamento de Justicia), y eso yo creo que es lo que están buscando los congresistas, que los fondos que se utilicen, se utilicen correctamente; que se evite el fraude… Yo creo que si nosotros le presentamos eso al Congreso, que estamos usando los fondos para lo que son…le presentamos que tenemos las herramientas para evitar el fraude y el abuso, van a saber que nosotros hacemos más con menos. Ellos saben que el costo por paciente es menor que en los estados. Lo que vamos a presentarle a ellos es que en realidad los fondos son importantes, los utilizamos bien…”, argumentó sobre el enfoque del cabildeo.

En el hipotético caso de que el Congreso procediera con recortes al programa, Del Castillo anticipó que se registraría un disloque presupuestario en las finanzas ya maltrechas de la isla.

“Sería de gran impacto para Puerto Rico. Puerto Rico está reorganizando sus finanzas utilizando los mecanismos de la ley (PROMESA) que creó la Junta de Control Fiscal…Definitivamente, eso crearía un disloque en lo que es el presupuesto de Puerto Rico, y, si no se identifica de dónde van a salir esos fondos, pues volveríamos atrás otra vez”, dijo.

Añadió que las autoridades locales muy probablemente tendrían que aportar más al programa.

“En caso de que hubiese recorte, el gobierno estatal tendría que aumentar la aportación para mantener los mismos beneficios que tenemos ahora”, especificó.

“Ellos están viendo las diferentes alternativas para poder prepararse para cualquiera de las situaciones que ocurra”, agregó sobre la evaluación que hacen agencias como el Departamento de Salud.

En una ponencia ante el Comité Asesor de Puerto Rico de la Comisión de Derechos Civiles de EE.UU. (USCCR), el analista sénior de políticas del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas (CBPP), Javier Balmaceda, argumentó que Puerto Rico necesita y debe tener acceso pleno y equitativo a programas de salud como Medicaid.

Puerto Rico recibe una subvención en bloque fija cada año, que no es suficiente para cubrir los costos de atención médica de sus afiliados a Medicaid, y que además está muy por debajo de lo que reciben los estados. Esta realidad pone a los pacientes en el archipiélago en un riesgo mayor en periodos de más necesidad, planteó el portavoz de CBPP.

“Una vez que se agote la subvención en bloque, se espera que Puerto Rico pague la totalidad del costo restante de los servicios de atención médica de Medicaid con sus propios fondos, lo cual es insostenible dados sus recursos financieros ya limitados”, señaló.

A través de la Ley de Cuidado de Salud Asequible y otras, el gobierno federal ha proporcionado fondos suplementarios para expandir el programa de Medicaid en Puerto Rico.

Sin embargo, esta financiación suplementaria, ahondó Balmaceda, se proporciona temporalmente, lo que dificulta que el territorio planifique la cobertura médica a largo plazo.

El Porcentaje de Asistencia Médica Federal (FMAP) para el programa Medicaid en Puerto Rico al momento es de 76%.

Este FMAP mejorado se supone que se mantenga vigente hasta el 30 de septiembre de 2027, cuando volverá al 55 % establecido por ley. El último aumento se promulgó mediante la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2023.

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