El último episodio de la constante tensión entre el presidente colombiano Gustavo Petro y el fiscal general Francisco Barbosa derivó en una advertencia del mandatario sobre una “ruptura institucional”, por lo que convocó a sus partidarios a las calles.

Barbosa, un abierto crítico de Petro, tiene en sus manos varios procesos que involucran a la familia del presidente o a su campaña electoral. Sin embargo, su periodo al frente de la institución terminará el 12 de febrero y la Corte Suprema de Justicia debe elegir a su reemplazo entre una terna propuesta por Petro, aunque no está claro cuándo lo hará.

“Esta ruptura institucional ha llegado al máximo desespero, porque las mafias no quieren perder control de secciones enteras de la fiscalía que he puesto en peligro por haber presentado una terna de mujeres decentes”, señaló Petro en un comunicado difundido el fin de semana en español, francés, inglés y árabe exhortando “al mundo prestar atención”.

Se sumó, además, la reciente decisión de la Procuraduría de suspender y llamar a juicio disciplinario al canciller Álvaro Leyva por presuntas irregularidades en una millonaria contratación para elaborar pasaportes. Petro también señaló que se trata de un intento de debilitar “el gobierno popular”.

Esa denuncia ha provocado llamados a la calma y a la protección de la democracia desde distintos sectores políticos y gremios empresariales; mientras que sus partidarios convocaron a una manifestación el jueves frente a la Corte Suprema de Justicia para exigir la rápida elección de una nueva fiscal y elevarán una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“No veo que haya una ruptura institucional como lo denunció el presidente. Creo que todas las instituciones acá están en su papel. Lo que hay es un cruce de declaraciones muy salidas de tono, un conflicto fuerte del presidente y el fiscal”, dijo a The Associated Press Yann Basset, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario.

Para Basset lo que sí puede haber es un “doble rasero” en la Fiscalía que ha tenido “acciones muy cuestionables, dejando de lado investigaciones del gobierno pasado y siendo muy incisiva con este gobierno”.

Barbosa comenzó su periodo como fiscal en 2020 tras ser elegido entre una terna propuesta por el entonces presidente conservador Iván Duque (2018-2022), de quien era amigo. Desde que Petro subió al poder como el primer presidente de izquierda en 2022, Barbosa ha sido crítico de su gestión, especialmente de su política de “paz total” para buscar diálogos con grupos armados, advirtiendo que hay peligro de terminar benenficiando a narcos.

Petro ha advertido que a la investigación que lleva a cabo la Fiscalía por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña electoral se sumarían procesos contra otras dos personas cercanas a su campaña y partido político, lo que ha interpretado como maniobras de sus detractores para intentar forzar su salida del cargo.

Por sus fueros el presidente sólo puede ser investigado por la Comisión de Acusación e Investigación del Congreso. La Fiscalía compulsó copias a dicha comisión que en diciembre pasado decidió abrir una investigación previa por presuntos delitos relacionados con la financiación de su campaña electoral.

Del lado de la oposición, el representante del Centro Democrático y miembro de la Comisión de Acusación, Hernán Cadavid, consideró que Petro asume que, en virtud de pertenecer al progresismo, no es susceptible de ningún tipo de control institucional y cualquier decisión que haya sobre él o sus cercanos la considera un golpe de Estado. “No se puede permitir que él incorpore esa narrativa”, insistió.

Desde el centro político el llamado ha sido a la calma.

“Hablemos de cómo proteger la Constitución más allá de los egos de los mandatarios y la política electoral. Que todo el mundo se ponga de acuerdo en unos mínimos: el presidente se queda cuatro años, ni un día más, ni uno menos”, aseguró Carolina Giraldo, representante del Partido Verde. “También ya es hora de elegir una nueva fiscal, porque hay politización”, añadió.

Los partidarios de Petro en el Congreso denunciarán ante la CIDH lo que consideran un riesgo para los principios democráticos por la “persecución política contra el gobierno”.

Para Petro se trata de una instancia confiable a la que recurrió en el pasado: como alcalde de Bogotá entre 2012 y 2015 fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría y el pleito pasó a manos de la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2020 declaró responsable a Colombia por violaciones a los derechos políticos de Petro.

Las confesiones ante la justicia estadounidense de un exjefe de policía y de un primo y miembro de esa fuerza complicarían la situación del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, acusado de narcotráfico en Estados Unidos y que será sometido a juicio a partir del próximo lunes.

El exmandatario estaba acusado junto a al exdirector de la Policía Nacional Juan Carlos Bonilla —alias el “Tigre”— y el exoficial Mauricio Hernández Pineda, primo del expresidente y quien el pasado viernes decidió declararse culpable de uno de los cargos que le imputan tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York buscando evadir una posible cadena perpetua.

Sorpresivamente el exjefe de la policía también tomó la decisión de declararse culpable de colaborar con el narcotráfico ante el juez Kevin Castel, lo que según el abogado penalista Marlon Duarte ha empeorado la situación del exgobernante (2014-2022).

“El hecho de que la Fiscalía le haya aceptado (a Bonilla) un acuerdo de culpabilidad, aparte de ser una buena salida para la defensa, es una estrategia para la Fiscalía porque refuerza la tesis acusatoria de que es una estructura organizada conformada por los tres autores que están en el juicio y que cumplían un rol de funciones que conllevaba a la conspiración para el tráfico de drogas”, explicó Duarte a The Associated Press.

Según el abogado, la declaración de culpabilidad de Bonilla y Hernández Pineda perjudica al expresidente quien, opinó, debería “llegar a una negociación con la Fiscalía y declarase culpable para evitar una cadena perpetua”.

Sin embargo, que no es tan sencillo puesto que para alcanzar estos acuerdos se requiere de la voluntad de la Fiscalía y de que el exmandatario pueda brindar información valiosa que sirva en futuras acusaciones y capturas en relación con las bandas del narcotráfico en Honduras, advirtió Duarte.

Las otras opciones son enfrentar el juicio o declararse culpable sin llegar a un acuerdo con la Fiscalía, pero en ambas queda expuesto a recibir una condena a cadena perpetua.

“Si se enfrenta al juicio y al jurado va en detrimento de él (Juan Orlando Hernández). El 99,9% de los juicios de narcotraficantes, no sólo hondureños, siempre han sido condenados desde 1992”, detalló.

Hernández es el segundo expresidente de Latinoamérica en ser enjuiciado por narcotráfico, luego de la condena al panameño Manuel Noriega en 1992.

En abril de 2022 y apenas tres meses después de dejar el cargo Honduras extraditó al expresidente Hernández a Estados Unidos para que enfrentara cargos por tráfico de drogas y de armas.

Según la justicia estadounidense, entre aproximadamente 2004 y 2022 Hernández participó en una conspiración para permitir que cárteles de la droga enviaran miles de kilos de cocaína a Estados Unidos a cambio de millones de dólares.

El fiscal general de Estados Unidos Merrick Garland dijo que Hernández dirigió Honduras como “un narco Estado” y que recibió sobornos de parte de múltiples cárteles, incluido, cuando era congresista, del Cártel de Sinaloa de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Se acuerdo con las autoridades estadounidenses, Hernández empezó a enriquecerse con dinero de la droga desde que era congresista y también usó esos fondos para impulsar sus campañas políticas a la presidencia en 2013 y 2017. En ambas elecciones, Hernández pidió a narcotraficantes que sobornaran a políticos para asegurarse de que éstos lo apoyarían y ganaría así la presidencia, asegura Estados Unidos. A cambio, a los narcotraficantes en Honduras se les permitía operar con impunidad.

El abogado y excomisionado general de la Policía Nacional, Leandro Osorio Camales, dijo a AP que Hernández sería un “kamikaze” si va a juicio el lunes.

Consideró que Bonilla y Hernández Pineda se han convertido en “testigos estrellas” de la Fiscalía y que el exmandatario tiene sólo cuatro día para redireccionar su estrategia.

“Si él cree que yéndose a juicio saldrá adelante, es mentira”, sostuvo Osorio Canales y agregó que si la Fiscalía aceptó las declaraciones de culpabilidad de los otros dos acusados es porque tienen información relevante que podría involucrar a personajes de la vida política y empresarial.

“Esto significará un antes. y un después en Honduras”, puntualizó.

Los hondureños también le ven pocas probabilidades al expresidente Hernández de que pueda salir absuelto en el juicio.

“Creo que el hecho de que el ‘Tigre’ Bonilla se haya declarado culpable le complica la situación”, comentó el entrenador Ariel Mendoza, de 26 años.

Para el ingeniero Mauricio Rodríguez, de 56 años, si las pruebas contra el expresidente son abrumadoras lo mejor que podría hacer es declararse culpable, pero “conociéndolo a él como figura pública que es, además de su inteligencia tiene un ego muy alto y está orientando su estrategia a lo que él cree”.