El endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos impulsado por el presidente Donald Trump no solo pone en apuros a muchos extranjeros en el país.
Muchas empresas estadounidenses tienen ahora más problemas para encontrar trabajadores, por lo que su negocio se resiente.
E intentan convencer al presidente para que rectifique.
Trump prometió en la campaña llevar a cabo la “mayor operación de deportación de la historia de Estados Unidos” y el miedo a ser arrestado ha hecho que muchos tengan miedo a salir de casa para ir al trabajo.
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Pero en medio de titulares sobre extranjeros deportados a cárceles en El Salvador y denuncias de que el gobierno está deportando o negando el acceso al país a personas con los documentos en regla, se extiende entre las empresas la incertidumbre sobre qué piensa hacer el gobierno de Trump con los programas que encauzan la inmigración legal, de las que muchas dependen.
El presidente ha asegurado que quiere permitir la inmigración legal a Estados Unidos, pero su gobierno parece mucho más volcado en los arrestos y deportaciones que en abrir y poner orden en las vías legales de inmigración o regularizar a los más de ocho millones de indocumentados que se estima que trabajan en el país.
El problema es real y acuciante para muchas empresas.
“Tenemos alrededor de 1,7 millones de puestos sin cubrir y los empleadores están preocupados por una escasez de mano de obra que empuja al alza la inflación para las familias estadounidenses”, le dijo a BBC Mundo Rebecca Shi, de la Coalición Estadounidense de Empresas por la Inmigración (ABIC, por sus siglas en inglés), una asociación que aboga por la reforma de las leyes migratorias estadounidenses.
La asociación de Shi lleva a cabo una labor de cabildeo para lograr lo que denomina “una política migratoria sensata”.
Sus miembros se reunieron en Washington el pasado marzo con el objetivo de hacer que su voz se escuche entre los miembros del Congreso.
El presidente de la ABIC, Bob Worsley, es el dueño de una empresa de construcción de Arizona que sufre con frecuencia el problema de la falta de trabajadores y en 2012 ganó un asiento en la legislatura estatal por el Partido Republicano, el mismo del presidente Trump.
Worsley y otros empresarios que trabajan con él creen que, más que deportaciones, Estados Unidos y sus compañías necesitan una política migratoria que garantice vías ordenadas para la inmigración legal.
“Esto es como una presa en la que el agua va a encontrar por dónde pasar por pura fuerza. Puedes asegurar la frontera, pero si no solucionas el tema de la inmigración de modo que la gente pueda venir legalmente, va a suceder de nuevo”, le dijo al diario The New York Times.
Pero una reforma migratoria en profundidad es un asunto que lleva años postergado por la incapacidad de demócratas y republicanos para llegar a acuerdos, y no hay indicios de que sea una de las prioridades de Trump.
Para algunos negocios, la política migratoria del presidente se ha convertido en un problema casi diario.
“Las redadas de los agentes de Inmigración son frecuentes en mi zona y sé que cuando hay una mis empleados no van a aparecer porque se van a quedar en casa protegiendo a sus familias”, le dijo a BBC Mundo Manolo Betancur, un colombiano nacionalizado estadounidense que compró hace años una pequeña panadería latina en la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte, y ya tiene cuatro locales y 70 trabajadores, todos inmigrantes.
El primero de sus negocios se ubica en la zona de la Central Avenue de Charlotte, una de las más céntricas y diversas de la ciudad, y habitual objetivo de los operativos de ICE, la agencia federal encargada de hacer cumplir las leyes migratorias.
Manolo trata de persuadir a las autoridades locales para que alcen la voz ante las políticas del gobierno federal.
“Nuestros políticos creen que solo se están llevando a los criminales y eso es una gran mentira”, dice, y señala al clima que se ha creado desde que Trump recuperó la presidencia.
“Nuestros propios líderes tienen miedo de ir contra el gobierno”, denuncia.
El caso de Manolo’s Bakery no es excepcional.
“Los empleadores nos cuentan que sus empleados extranjeros están preocupados porque muchos trabajan con permisos de trabajo de programas legales que están a punto de expirar y la incertidumbre de no saber qué va a pasar con ellos les está causando mucho estrés”, asegura Shi.
“En colaboración con sus colegas estadounidenses, aportan un trabajo especializado que no resulta fácil de cubrir”.
Aunque a juzgar por las estadísticas disponibles, el ritmo de las deportaciones ha sido hasta ahora solo ligeramente superior al de los últimos meses del gobierno de Joe Biden, el que preside Trump ha ordenado poner fin a algunos de los programas de protección temporal que permitían trabajar legalmente a inmigrantes llegados en los últimos años.
Fuente: BBC News Mundo
