El Congreso argentino concluirá este jueves su período extraordinario de sesiones sin que hasta ahora se hayan aprobado ninguno de los 14 proyectos legislativos que envió el presidente, Javier Milei, incluyendo la controvertida ‘ley ómnibus’. También fueron rechazados tratados internacionales, la Boleta Única de Papel y la ley de ganancias.

El proyecto de megarreforma del Estado ‘Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos’, nombre formal de la ‘ley ómnibus’, se hundió en la Cámara de Diputados el pasado 7 de febrero, al no conseguir suficientes apoyos para artículos clave como los que involucran la privatización de empresas públicas, la reforma a la ley de sostenimiento de la deuda o el aumento de penas contra involucrados en protestas.

La legislación local prevé que la iniciativa debe discutirse nuevamente desde cero en las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda, antes de regresar a la cámara baja nuevamente, donde, de ser aprobada, será remitida al Senado para la discusión y sanción definitiva.

El rechazo del ambicioso proyecto, que en su forma original contemplaba la modificación de más de 600 artículos de diferentes leyes vigentes, desató la ira de Milei, quien tachó a los parlamentarios que se opusieron a su propuesta de “delincuentes”, “bestias” y “traidores”, culpó del resultado a los gobernadores de la alianza oficialista y ordenó que el proyecto no se tratara nuevamente en el Congreso.

De su lado, el vocero presidencial, Manuel Adorni, advirtió que los objetivos que se propone la administración mileísta se lograrían, con independencia de la posición de los congresistas e incluso de la existencia de una ley, en referencia al uso de otros mecanismos constitucionales para sacar adelante la propuesta, como la consulta popular.

Caídas previas

Si bien el colapso de la ‘ley ómnibus’ acaparó la mayor parte de la atención mediática, de cara a su eventual aprobación, el Gobierno se vio obligado a realizar concesiones a legisladores afines a la gestión pertenecientes a diversas formaciones políticas, incluyendo el PRO (del expresidente Mauricio Macri), la Unión Cívica Radical (UCR) y sectores del peronismo no kirchnerista.

Es el caso de la reforma fiscal, que fue retirada por la Presidencia a mediados del pasado enero, en interés de conseguir el máximo consenso entre los diputados, de acuerdo con declaraciones ofrecidas entonces por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Del mismo modo, en aras de la aprobación que no se produjo, el oficialismo tuvo que modificar o retirar artículos que abordaban materias sensibles como las jubilaciones y la reforma electoral, aunque fue inflexible en lo correspondiente al retroceso de derechos de los trabajadores públicos y la criminalización de la protesta social.

En adenda, aunque el período extraordinario vencía el 31 de enero, el Ejecutivo aprobó una extensión hasta el 15 de febrero y, además de cambiar el nombre oficial del proyecto de ‘ómnibus’ para evitar conflictos legales, añadió modificaciones al Código Penal, introdujo una propuesta para permitir el ingreso de tropas extranjeras al país y planteó modificaciones a la ley de prevención de lavado de activos.

Milei versus los gobernadores

El debate parlamentario extraordinario también sacó a la luz la pugna entre el modelo federalista argentino y los recortes propuestos desde la Casa Rosada, lo que explica en parte por qué el mandatario achacó la derrota de la megaley a los gobiernos provinciales que hacen parte de la alianza que lo llevó a la presidencia.

Según refieren medios locales, la disputa tuvo su origen en la Ley de impuestos a ingresos personales, que implica la reversión de la Ley de ganancias sancionada –con el voto favorable de Milei– mientras el excandidato presidencial peronista Sergio Massa ostentaba la cartera de Economía.

De nuevo, en un intento por crear confianza de cara a la aprobación de la ‘ley ómnibus’, el oficialismo retiró esta propuesta, pero la conflictividad no bajó porque, a cambio, el Ejecutivo anunció más recortes para las provincias, lo que generó nuevos choques.

Una vez caída la Ley de bases y puntos de partida para la ibertad de los argentinos, Milei arremetió con dureza contra los gobernadores, a los que acusó de estar dispuestos a “hacer lo imposible para mantener sus privilegios”, ello en referencia a la disminución de fondos públicos para el transporte público y la educación.

Los ataques fueron respondidos por un grupo nutrido de vicegobernadores, que en carta pública instaron al gobernante a dejar “de tener a las y los argentinos como rehenes en sus batallas políticas” y de “atentar contra su calidad de vida, como lo ha estado haciendo”.

El Senado se va en blanco

En la Cámara Alta, presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel, las cosas tampoco marcharon bien para Milei. En la agenda legislativa figuraban la boleta única de papel –que supone cambios en la boleta electoral y en el sistema de votación del país–, los pliegos de fiscales y jueces y diversos convenios internacionales, pero si bien los asuntos fueron tratados por las correspondientes comisiones, el pleno del Senado no alcanzó a debatirlos.

La Nación recoge que Villarruel enfrenta numerosas presiones para sostener el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en esa instancia, que provienen no solo de las filas del peronismo kirchnerista sino de la llamada “oposición dialoguista”, con la UCR a la cabeza.

De acuerdo con ese medio de prensa, los pliegos serán remitidos a los senadores el venidero 1 de marzo, cuando iniciará el período ordinario de sesiones.

De todos los proyectos, el que tenía más probabilidad de convertirse en ley es la boleta única de papel porque ya cuenta con el aval de los diputados, pero la discusión no avanzó bien en la correspondiente comisión y se prevén cambios para permitir su aprobación por mayoría absoluta (37 votos como mínimo).

Del mismo modo, aunque la Comisión de Relaciones Exteriores se mostró a favor de acuerdos con Turquía, Emiratos Árabes y China, condicionó la aprobación de los previstos con Japón y Luxemburgo a las explicaciones que ofrezca oportunamente la canciller Diana Mondino.

Fuente RT

El Parlamento de Australia aprobó una moción que insta a EE.UU. y Reino Unido a poner fin a la persecución del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, y permitir su regreso al país oceánico, informaron este miércoles medios locales.

Concretamente, la iniciativa presentada por el diputado independiente Andrew Wilkie salió adelante al recibir 86 votos a favor —incluido el del primer ministro Anthony Albanese—, con el apoyo de laboristas, verdes e independientes, frente a 42 en contra.

“La votación de hoy es la mayor demostración hasta la fecha de que el encarcelamiento de Assange es injusto, y demuestra una vez más el amplio apoyo que recibe en el Parlamento. EE.UU. debe reconocer el peso del apoyo político de Australia y abandonar el proceso de extradición”, declaró Wilkie.

“No se está haciendo justicia”

En este sentido, aseguró que ya casi no queda tiempo para salvar al activista, mientras que “no se está haciendo justicia en este caso”. “Si es extraditado a EE.UU., sería un ataque directo a la libertad de los medios de comunicación, ya que sentaría un precedente aterrador para todos los periodistas de que ellos también corren el riesgo de ser encerrados solo por hacer su trabajo”, añadió.

El activista australiano, de 52 años, es reclamado en EE.UU. por espionaje y se enfrenta a 18 cargos relacionados con la publicación de información altamente clasificada sobre las guerras lideradas por Washington en Afganistán e Irak.

Desde 2019, se halla recluido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en Londres. La semana que viene, el Tribunal Superior de Justicia del Reino Unido celebrará una audiencia para decidir si Assange puede recurrir su extradición al país norteamericano, donde podría ser condenado a 175 años de cárcel en caso de ser declarado culpable.