El juicio que analiza el último recurso de Julian Assange para evitar su extradición a Estados Unidos, donde es acusado de espionaje, comenzó el martes en Londres sin la presencia del fundador de WikiLeaks, que se sintió indispuesto, según su abogado.

“No se sentía bien hoy y no está presente”, declaró su abogado, Edward Fitzgerald, al inicio de la audiencia en el Tribunal Superior de Justicia londinense, en una vista que terminará el miércoles.

Durante las jornadas previas al juicio, su esposa y gente cercana habían alertado sobre el frágil estado de salud del australiano de 52 años.

Dos magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Londres examinarán durante dos días la decisión de la justicia británica que el 6 de junio denegó a Assange el derecho a recurrir su entrega a Estados Unidos, que lo quiere juzgar por una filtración masiva de documentos confidenciales.

Antes del inicio del juicio, un grupo de apoyo al fundador de WikiLeaks se manifestó este martes frente al tribunal, gritando “Liberen a Julian Assange“.

“Julian necesita ser liberado y todos necesitamos la verdad”, afirmó su mujer, Stella Assange, a las puertas del lugar donde se desarrolla el juicio.

En declaraciones el lunes a la cadena británica BBC, su mujer dijo que si su marido pierde esta vista “ya no tendrá ninguna posibilidad de apelación” en el Reino Unido.

A Assange le quedaría, sin embargo, un último recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), señalaron sus seguidores en diciembre.

Antes del juicio, su esposa alertó la semana pasada sobre el estado de Assange.

“Su salud está empeorando, física y mentalmente. Su vida corre peligro cada día que permanece en prisión y si es extraditado morirá”, afirmó el jueves, en una rueda de prensa en la capital británica.

– Detenido desde 2019 –

Assange es reclamado en Estados Unidos por haber publicado desde 2010 más de 700.000 documentos confidenciales sobre las actividades militares y diplomáticas del país norteamericano, en particular en Irak y Afganistán.

En caso de extradición, Assange podría ser condenado a décadas de prisión en Estados Unidos.

El fundador de WikiLeaks fue detenido por la policía británica en 2019, tras siete años confinado en la embajada de Ecuador en Londres, donde se refugió para evitar ser extraditado por acusaciones de agresión sexual a Suecia, unos cargos que después fueron retirados.

El australiano lleva cuatro años en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, al este de Londres.

La campaña “Free Assange” lo presenta como un mártir de la libertad de prensa.

El gobierno británico aceptó en junio de 2022 su extradición, pero Assange apeló.

La justicia británica dio luz verde a la extradición después de que Estados Unidos asegurara que no sería encarcelado en la prisión de alta seguridad ADX de Florence (Colorado), apodada “Alcatraz de las Rocosas”.

La semana pasada, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, criticó el prolongado proceso contra Assange.

El parlamento australiano había aprobado en la víspera una moción apoyada por el primer ministro que pedía el fin del enjuiciamiento de Assange, para que pueda volver con su familia en Australia.

“La gente tendrá opiniones diferentes sobre la conducta de Assange, pero independientemente de la posición de la gente, esto no puede seguir y seguir indefinidamente”, defendió Albanese ante el Parlamento.

– Informe de la ONU –

A principios de febrero, la relatora especial de la ONU sobre la tortura, la abogada australiana Alice Jill Edwards, pidió al gobierno británico “suspender la inminente extradición de Julian Assange“.

“Sufre desde hace mucho tiempo un trastorno depresivo periódico y existe el riesgo de suicidio”, dijo Edwards.

En su opinión, “el riesgo de que se le mantenga en régimen de aislamiento pese a su precaria salud mental y de que su condena pueda ser desproporcionada plantea la cuestión de si la extradición sería compatible con las obligaciones internacionales del Reino Unido en materia de derechos humanos“.

Conseguir que unos terrenos bajo los que descansan cadáveres de afroamericanos esclavizados en Estados Unidos y sus familiares estén en manos de la comunidad de descendientes para cuidarlos y protegerlos de quienes niegan su existencia y ponen en peligro su integridad.

Este es el propósito que mueve desde hace ya más de siete años a Bethesda African Cemetery Coalition (BACC), una organización que nació en la Iglesia Bautista Macedonia de la localidad que le da nombre.

Bethesda (Maryland), donde tiene lugar la disputa por proteger el cementerio de esclavos Moses Macedonia, es un suburbio de unos 70.000 habitantes a poco más de 10 kilómetros al noroeste de Washington DC.

“Esto es la escena de un crimen”, sentencia conmocionada la presidenta de BACC, la doctora Marsha Coleman-Adebayo, desde un aparcamiento en la parte trasera del complejo de apartamentos Westwood Tower, en la zona de River Road de la población.

Las tensiones sobre el histórico cementerio encuentran sus raíces justo allí, un espacio pavimentado donde, entre 1911 y 1958, se enterraron vecinos de una comunidad afroamericana radicada cerca del río y que se dedicaba a la ganadería y a las plantaciones de tabaco.

Una cotidianidad que acabó cuando el grupo supremacista blanco Ku Klux Klan (KKK) se instaló en la zona y empezó a promover actos violentos hasta conseguir despoblar la comunidad de River Road al 100 %, según explica a EFE desde el lugar de los hechos Coleman-Adebayo.

En los últimos años, el condado de Montgomery ha tratado de seguir construyendo sobre las tierras en las que hay enterrados, según los activistas, alrededor de 500 cuerpos, una aspiración que chocó contra la oposición frontal de los miembros de BACC.

“Luchamos por nuestros antepasados y contra la profanación del cementerio. Tenemos que decir la verdad sobre una historia que las autoridades quieren negar con falsas narrativas”, dice uno de los opositores, Robert Stubblefield.

Actualmente, las parcelas son propiedad de la Comisión de Oportunidades de Vivienda (HOC, por sus siglas en inglés), una agencia gubernamental con el objetivo de responder a la necesidad de crear vivienda accesible en el condado.

Pero esta comisión pretende vender los terrenos del cementerio a un propietario privado. Los activistas sospechan que esta venta dificultaría su defensa en los tribunales porque, en su opinión, las leyes estadounidenses protegen más lo privado que lo público.

Tira y afloja en los tribunales

Dadas las circunstancias, en 2021 los protestantes elevaron la cuestión ante el Tribunal de Circuito de Montgomery con una demanda que sostenía que HOC debía tener aprobación judicial previa para vender las parcelas del cementerio histórico y el juez les dio la razón.

La comisión recurrió la decisión ante el Tribunal de Apelación de Maryland y, esta vez, el órgano falló en favor de HOC, por lo que el ente es libre de vender los terrenos del antiguo cementerio Moses Macedonia.

HOC defiende que interpretó correctamente las leyes y que no pretende vulnerar los derechos de los descendientes porque reconoce su “importancia histórica”, pero los defensores del cementerio no se rinden y ahora la cuestión se está revisando en el Tribunal Supremo de Maryland.

Mientras no llegue la sentencia, “el BAC seguirá presionando a cualquier posible comprador para que se le haga incómoda la adquisición y retire su oferta”, tal y como afirma otro miembro, Ari Gutman.

Un asunto de fondo que pervive

“Después de la Proclamación de Emancipación en 1863, en esta zona había una comunidad negra muy vibrante” hasta que el Ku Klux Klan quiso acabar con su prosperidad y les quitó las tierras de cultivo, detalla Coleman-Adebayo.

Pero aunque dicha proclama cambió el estatus legal federal de algunos afroamericanos de ‘esclavo’ a ‘libre’, los entrevistados aseguran que el racismo permanece en la sociedad estadounidense y lo señalan como una de las causas principales de este asunto.

“Es innegable que la idea de que los negros son ciudadanos de segunda aún está instaurada en Estados Unidos”, lamenta Gutman.

Prueba de ello, según Stubblefield, es que existen más cementerios de esclavos en el país con vulneraciones similares. “El racismo estructural es un problema nacional”, concluye.