La bancada republicana se anotó el jueves una importante victoria en la Cámara de Representantes de Estados Unidos con la aprobación del plan fiscal y presupuestario impulsado por el presidente Donald Trump. La iniciativa, que ahora pasará al Senado, enfrenta allí otra ardua batalla en busca de su aprobación definitiva.
Uno de los puntos destacados del proyecto es la reducción del impuesto a las remesas, que pasa del 5 % al 3.5 %. A pesar de esta disminución, la medida seguirá teniendo un impacto considerable sobre los migrantes y los países receptores.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reaccionó a la decisión asegurando que, pese a la reducción del gravamen, representantes de su gobierno continuarán dialogando con senadores republicanos y demócratas para explicar por qué no es conveniente imponer impuestos a las remesas mexicanas.
Y es que las remesas enviadas desde Estados Unidos representan un 4 % del Producto Interno Bruto (PIB) de México. En el caso de República Dominicana ascienden al 7 %, mientras que en El Salvador y Honduras alcanzan el 21 % del PIB. En Guatemala, representan un 17 %. El megaproyecto, bautizado por Trump como «El gran y hermoso proyecto de ley», fue aprobado con un estrecho margen de 215 votos a favor y 214 en contra. Todos los demócratas votaron en contra, y la mayoría de los republicanos lo apoyaron, con la excepción de dos que votaron «no».
La sesión en el hemiciclo se extendió por más de 24 horas, y el voto final se produjo alrededor de las 7:00 p.m., hora local, luego de que varios legisladores del ala conservadora del Partido Republicano modificaran su postura respecto al aumento del déficit nacional.
La aprobación del proyecto sofocó los intentos de algunos indecisos que exigían recortes más profundos al gasto y mayor rapidez en su implementación. El Comité Nacional Republicano calificó la aprobación como «una victoria muy significativa para el pueblo estadounidense».
El plan busca extender las exenciones fiscales aprobadas durante el primer mandato de Trump (2017–2021) y añadir nuevas reducciones, como exenciones fiscales sobre propinas y compras de automóviles fabricados en el país. También contempla un incremento de los fondos destinados al control fronterizo y a la implementación de políticas migratorias más estrictas.
Según un informe actualizado de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés), la nueva legislación añadirá aproximadamente 3 billones de dólares a la deuda nacional en un plazo de 10 años, la cual actualmente supera los 36 billones.
Para compensar el aumento en el gasto público, se prevén recortes por más de 1 billón de dólares en programas de seguridad social en la próxima década, incluyendo restricciones al Medicaid y al Medicare.
De acuerdo con la CBO, los fondos federales destinados a Medicaid se reducirían en cerca de 700,000 millones de dólares, mientras que el Medicare podría enfrentar recortes por 500,000 millones, con el objetivo de mantener el déficit dentro de los márgenes legales establecidos por el Congreso.
La CBO también advirtió que es probable que esas cifras aumenten, y añadió que el programa de asistencia alimentaria sufriría una reducción de aproximadamente 267,000 millones de dólares. Estos recortes dejarían a millones de personas sin acceso a programas que benefician a ciudadanos de bajos ingresos o con condiciones médicas crónicas.
Tanto Trump como el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, han asegurado que los «trabajadores estadounidenses» no se verán afectados, y que los recortes están dirigidos a eliminar beneficios otorgados a «inmigrantes ilegales que abusan de estos programas».
Junto a la ampliación de las deducciones fiscales estatales y locales, las restricciones a los programas sociales han sido uno de los puntos más polémicos dentro del propio Partido Republicano, generando tensiones entre su ala conservadora y la más moderada.
Los conservadores exigen recortes más agresivos e inmediatos, mientras que los moderados expresan preocupación por el impacto que tendrían estas medidas en sus distritos y sus implicaciones para la reelección en los comicios legislativos de medio mandato en noviembre de 2026.
Estas divisiones internas amenazaron con retrasar la aprobación del megaproyecto en la Cámara de Representantes, lo que llevó a Trump a visitar el Congreso esta semana para presionar a los miembros de su partido que aún se oponían.
Aprobación exprés y presión al Senado
Tras la votación final, Trump instó al Senado a «ponerse manos a la obra» y enviarle el proyecto de ley «¡LO ANTES POSIBLE!». «No hay tiempo que perder», escribió en su red social Truth Social.
Por su parte, Johnson expresó su deseo de que el Senado no introduzca cambios significativos al texto y llamó a considerarlo «un esfuerzo de equipo».
Ahora, el proyecto continuará su trámite en el Senado, donde los republicanos también tienen mayoría, con 53 escaños frente a los 45 de los demócratas y dos independientes que suelen votar con los progresistas.
El objetivo del Partido Republicano es tener la ley aprobada antes del 4 de julio, Día de la Independencia.
