El Tribunal Colegiado de Monte Plata condenó a 15 años de prisión a un hombre que le provocó la muerte a otro para robar en su vivienda, ubicada en el municipio Sabana Grande de Boyá, en un hecho ocurrido en el año 2022, informó este viernes el Ministerio Público.

La sentencia fue dictada en contra de Yuneibi Alexander Peña por la muerte de Tomás Aquino.

Según la acusación, Peña sustrajo de la vivienda de la víctima 10,000 pesos en efectivo y un celular, entre otras pertenencias.

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Cuando Peña se disponía a salir del lugar se produjo un forcejeo entre él y Aquino, al quien hirió en la cabeza con un bate, provocándole la muerte.

El hecho se produjo el 22 de julio de 2022, alrededor de las 6:00 de la mañana, en momentos en que la víctima se despertó y se percató de que alguien estaba dentro de su vivienda, de acuerdo con un comunicado del Ministerio Público.

El expediente señala que Aquino tenía un negocio de comida al lado de su vivienda, al cual iba el procesado, por lo que ambos se conocían.

Un hombre de Utah que estuvo recluido casi dos años en una prisión de Venezuela demandó al presidente Nicolás Maduro, acusándolo de encabezar una “organización delictiva” que secuestra, tortura y encarcela injustificadamente a ciudadanos estadounidenses.

La denuncia que Joshua Holt interpuso el jueves en una corte federal de Miami es la más reciente en una serie de demandas presentadas por estadounidenses en contra del gobierno de Maduro por sus supuestos vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que Estados Unidos considera un grupo terrorista.

La demanda exige una indemnización por los daños que asegura sufrieron Holt y su familia. Se ampara en la Ley Antiterrorismo de Estados Unidos, rara vez utilizada, la cual permite que los estadounidenses que sean víctimas de grupos terroristas extranjeros incauten los bienes de sus victimarios.

Holt, quien entonces tenía veintitantos años, viajó a Venezuela en 2016 para contraer matrimonio con una feligresa mormona que conoció por internet mientras practicaba su español. Poco después, la pareja fue detenida en el apartamento de la familia de ella, cuando las fuerzas de seguridad pública llevaron a cabo un operativo en un conjunto residencial de vivienda pública bajo el argumento de que Holt acumulaba armas de asalto y granadas. Días más tarde, altos funcionarios aparecieron en la televisora estatal para acusar a Holt de ser un “terrorista de la CIA” que había sido enviado para derrocar a Maduro.

En su denuncia de 99 páginas, Holt detalló cómo, después de ser detenido, fue trasladado hasta una obra en construcción abandonada, en donde fue colocado contra un muro mientras lo que parecía ser un pelotón de fusilamiento le apuntaba con sus armas y disparaba.

“Fue una ejecución falsa: las armas no estaban cargadas”, de acuerdo con la demanda. “Josh pensó: ‘aquí es donde voy a morir, uno de esos policías va a tener una bala’”.

Holt perdió 27 kilogramos (60 libras) durante sus primeros seis meses en prisión. Y sufrió de piedras en los riñones, bronquitis y un doloroso diente roto mientras se encontraba recluido en una pequeña y fétida celda que no contaba con inodoro. El tratamiento médico era prácticamente inexistente.

Su esposa Thamy Holt también fue encarcelada y se le presionó en reiteradas ocasiones para que confesara por escrito que su marido formaba parte de un complot de la CIA, a lo que nunca accedió.

A la larga, Holt fue puesto en libertad en 2018 como resultado de las negociaciones que encabezó un colaborador del senador Bob Corker, un republicano que presidió la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado antes de jubilarse en 2019. Luego de que Holt fue liberado, Gustavo González López quien en ese momento era director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) reconoció que los cargos en su contra habían sido fabricados, de acuerdo con la denuncia.

Según la demanda, González López le dijo a Holt: “lamento que haya tenido que pasar por eso” mientras lo escoltaba personalmente desde una cárcel hacia el avión que lo esperaba para llevarlo de regreso a Estados Unidos, donde se reunió de inmediato en la Casa Blanca con el entonces presidente Donald J. Trump.

La demanda pide indemnización por los traumas que, de acuerdo con los Holt, ellos y sus seres queridos siguen sufriendo, incluidos trastorno de ansiedad, insomnio y depresión. Laurie Holt que encabezó la campaña para la liberación de su hijo falleció en 2019 a los 50 años debido a una cardiopatía que su familia cree se debió al prolongado encarcelamiento de Holt.

“Desafortunadamente, el escape de los Holt de Venezuela no fue el fin del calvario de la familia Holt”, según la demanda.

Otros estadounidenses encarcelados en el país sudamericano han tenido éxito en sus demandas contra Maduro y su círculo de allegados con argumentos jurídicos similares.

En 2022, un juez federal en Miami otorgó 73 millones de dólares como indemnización a la familia de un opositor de Maduro que falleció bajo custodia después de caer inexplicablemente del décimo piso de un edificio del SEBIN. Y el año pasado, un abogado venezolano exiliado obtuvo 153 millones de dólares luego de que volvió al país debido al secuestro de su padre, sólo para terminar encarcelado por cargos fabricados de trabajar como “terrorista financiero” para socavar al gobierno de Maduro.

Al igual que en los casos previos, la demanda de Holt acusa a Maduro de encabezar al Cártel de los Soles, un supuesto grupo de narcotraficantes que incluye a algunos altos miembros del gobierno de Venezuela y a guerrilleros de las FARC, y que presuntamente envía 200 toneladas de cocaína a Estados Unidos cada año.

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Pero cobrar estas indemnizaciones ha resultado una tarea complicada. No se tiene conocimiento de que Maduro ni sus colaboradores cercanos tengan propiedades o cuentas bancarias a su nombre en Estados Unidos. Cualquier riqueza que los funcionarios hayan robado posiblemente esté resguardada tras una serie de prestanombres cuyos bienes son difíciles de rastrear e incautar.

“Estos países aliados que forman parte de una enorme organización delictiva son expertos en ocultar su dinero”, dijo Sam Dubbin, un abogado de Miami que ha representado a doctores cubanos que buscan justicia por trabajos forzados de parte del gobierno de la isla.

Uno de los presuntos testaferros de Maduro, el empresario Alex Saab, es nombrado como acusado en la demanda de Holt. Según la denuncia, el arresto de Saab en Cabo Verde en 2020 por lavado de dinero obligó a la “organización delictiva de Maduro” a dar inicio a una campaña para detener a todavía más estadounidenses con el fin de que fuesen utilizados como “monedas de cambio” para la liberación de Saab.

El presidente estadounidense Joe Biden indultó a Saab el año pasado como parte de un intercambio por 10 estadounidenses y un contratista prófugo del Pentágono que se encontraba encarcelado en Venezuela. Maduro insiste en que Saab, nacido en Colombia, era un diplomático venezolano que fue detenido ilegalmente durante una escala para repostar combustible mientras se dirigía a Irán para adquirir alimentos y medicamentos que han escaseado a causa de las sanciones de Estados Unidos.

Entre los seis colaboradores de Maduro acusados como presuntos responsables del encarcelamiento de Holt se incluye al fiscal general de Venezuela, al comandante de las fuerzas armadas y al presidente del Tribunal Supremo de Justicia.

Fuente: AP