“Estamos más cerca que nunca”. Estas palabras las pronunció este martes el secretario de Estado de UE, Fernando Sampedro, tras la cumbre del Consejo de Asuntos Generales en Bruselas en la que se decidió posponer la votación sobre la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera en la Unión, sobre todo porque hay muchas dudas entre varios socios ya sea por cuestiones políticas, legales o incluso -y sobre todo en muchos casos- económicas. España, mientras, mantiene la confianza y ve, en palabras del ministro José Manuel Albares, que la oficialidad es “irreversible”. Pero tendrá que esperar.
El titular de Exteriores sostuvo el martes que hay siete países que son los que “más dudas” expresan sobre la cuestión, y vistas las declaraciones de cada gobierno salen Alemania, Francia, Italia, Chipre, Austria, Suecia o Finlandia. Todos ellos consideran que la cuestión está “poco madura” para abordar ya una votación y prefieren esperar a seguir hablando y ver el asunto un poco más adelante.
En este sentido, por ejemplo Suecia fue bastante clara. La ministra sueca de Asuntos Europeos, Jessica Rosencrantz dejó claro que no se trata de un ‘no’ rotundo, pero que faltan por ver matices. “Suecia como varios otros países han planteado preguntas durante este proceso sobre las evaluaciones legales, sobre la evaluación de costes“, expuso, algo parecido a lo que sale de París o de Helsinki. “Queremos encontrar una solución, avanzar con nuestros amigos españoles. Pero se tiene que hacer con consenso y con el respeto al derecho y los textos legales europeos”, expuso el Gobierno galo, que además no quiere poner una fecha límite para tratar este tema.
En realidad, los países están divididos en tres bloques: en uno están los gobiernos que consideran que pueden apoyar la medida siempre y cuando no tenga un coste para ellos, en cambio otros consideran que hay recelos precisamente financieros y legales, mientras que un tercer grupo apunta a riesgos políticos -porque tengan lenguas en situaciones similares, como es el caso de Francia o Italia-.
En general, los argumentos son casi los mismos en todos los países que tienen dudas. “Todavía quedan algunas cuestiones abiertas sobre temas legales y también sobre los costes de esa propuesta, y hablaremos de ello más adelante“, añadió en este sentido la ministra austriaca para Europa, Integración y Familia, Claudia Plakolm. Mientras, el caso de Chipre es peculiar: su Gobierno no está en contra de la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera en la UE, pero quiere cerciorarse de que “no se sienta un precedente” para que después el turco -idioma que se habla en una parte del país- pueda seguir el mismo camino.
El Gobierno de Sánchez, por su lado, sabe que esta es la gran promesa que le ha hecho a Carles Puigdemont, y va a seguir insistiendo. “No estamos pidiendo nada extravagante. Es un compromiso irrenunciable e irreversible del Gobierno español. Tenemos que hablar con esos siete Estados miembros”, añadió Albares tras conocerse el retraso de la votación, y pidió que “todos los partidos” hablasen con los ejecutivos europeos de su lado para trabajar en favor de la oficialidad. Y es que en los últimos días precisamente el PSOE había acusado el PP de “maniobrar” en contra de la medida con conversaciones por ejemplo con el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani (PPE).
Viendo el panorama de una manera más amplia, lo cierto es que existe un ‘peligro’ de efecto dominó: varias fuentes confirman que hay un total de 50 lenguas en la UE en una situación similar a la de las cooficiales españolas, y algunas dentro de ese medio centenar tienen cierta ‘trampa’ dadas las circunstancias actuales. Es el caso del turco o del ruso. El primero, ya mencionado, es un idioma oficial en Chipre mientras que el segundo se emplea en algunos países Bálticos, con minorías. Además, en Bruselas inciden en que las ‘oficialidades’ siempre llegan de manera más o menos lenta, como pasó con el gaélico (que fue el último idioma en incorporarse).
Por otro lado, hay que tener en cuenta que la Comisión Europea estima que el coste de la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la Unión Europea sería de 132 millones de euros, según un informe preliminar. Para llegar a ese cálculo, Bruselas ha multiplicado por tres los 44 millones que cuesta actualmente al año a traducción y la interpretación al gaélico, pero deja claro que debe “llegar a un cálculo más preciso” que todavía no está en condiciones de elaborar, hasta que los Veintisiete acepten la oficialidad de las tres lenguas. Todo eso, en cambio, no frena a España, que se ha comprometido a asumir el coste. “España ha reafirmado que estamos dispuestos a abordar todas y cada una de las consideraciones concretas que se suscitan y queremos hacerlo de manera inmediata, de manera que esta propuesta se pueda adoptar en cuanto sea posible”, sentenció Sampedro.
