SANTO DOMINGO, RD- En el día de ayer Los Peregrinos de El Seibo llegaron al Palacio Nacional pidiendo que se les devuelvan los terrenos de donde fueron sacados «violentamente» por un cubano, identificado como Pedro Guillermo Barona, quien alega ser el propietario de las tierras. 

Indicaron que en el año 1975 el entonces presidente Joaquín Balaguer declaró de utilidad pública el área, de unas 20,000 tareas, en la que trabajaban, pero que en el 2018 fueron desalojados por el extranjero, que destruyó sus sembradíos y desde entonces libran una lucha para que sus tierras sean devueltas.

Las más de 600 familias que ahora se encuentran dispersas dicen que lo único que quieren es trabajar las tierras que les pertenecen.

Los terrenos están ubicados en la comunidad San Francisco Vicentillo y La Culebra de El Seibo.

Indicaron que durante los años de lucha hasta muertes ha habido, como el caso de un niño de 12 años que supuestamente fue asesinado por un empleado del cubano.

En los años 2018 y 2019 una comunidad de agricultores de El Seibo, organizada en asociaciones de campesinos bajo la coordinación del padre Miguel Ángel Grullón, inició una serie de protestas ante el entonces presidente Danilo Medina, reclamando ser asentados en una finca cuya titularidad aparece a nombre de un ciudadano cubano en San Francisco de Vicentillo, en un paraje tradicionalmente conocido como La Culebra.

Los Peregrinos de El Seibo en sus protestas ante el gobierno, han realizado peregrinajes desde la mencionada provincia del este del país hasta la capital.

Los campesinos han manifestado que antes de esta administración de gobierno fueron objeto de maltrato, incluso dispersados con bombas lacrimógenas. En razón de ello, al inicio de la presente gestión de gobierno, dirigieron una carta al presidente pidiendo ser recibidos en el Palacio Nacional para explicar su situación. Esa carta fue respondida por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, invitándoles a su despacho. El encuentro se produjo a finales de 2020, siendo recibidos los campesinos tanto por el consultor como por la entonces vocera del gobierno, Milagros Germán. 

Desde ese momento el gobierno inició acciones para tratar de identificar terrenos del Estado en las inmediaciones donde mantienen sus cultivos los peregrinos, a fin de producir un asentamiento a través del Instituto Agrario Dominicano (IAD). Para ello se creó una comisión integrada por los directores del IAD y del CEA, que a la sazón eran Leonardo Faña y César Cedeño, quienes visitaron la provincia de El Seibo y sostuvieron una reunión con los campesinos. Paralelamente la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo dispuso que el director legal del IAD y el representante legal de los campesinos hicieran un levantamiento y un análisis del estatus jurídico de las tierras ocupadas por el ciudadano cubano sin que hasta el momento se haya podido comprobar de manera cierta que los campesinos tengan derechos registrados en esos terrenos, independientemente de cuál sea la situación legal del ciudadano cubano.

Frente a la situación descrita, el gobierno acentuó la gestión de identificar terrenos del Estado para ponerlos en posesión, para lo cual integró a la comisión al Defensor de Pueblo, Pablo Ulloa. Esta nueva composición de la comisión ha realizado múltiples reuniones de cuyos resultados han mantenido informada a la presidencia por vía de la Consultoría Jurídica y trabajan ardua y afanosamente por buscar una solución a este tema, mientras que los campesinos, dirigidos por el padre Miguel Ángel Gullón y el pastor Silvio Molina, han acrecentado sus reclamos, no obstante saber que se está en la gestión de rigor para la solución de sus problemas.

En el marco de esos reclamos, en el día de ayer el Defensor del Pueblo se reunió con los campesinos y le comunicó posteriormente a Peralta Romero, que tras constatar que no fueron objeto de ningún tipo de maltrato, los llevó al convencimiento de que volviesen a la provincia, reiterando que ha acentuado su gestión ante el gobierno para que sea cumplido el reclamo de esta comunidad.

Santo Domingo. – Luego de una ardua jornada de verificación y peritaje de los centros de producción para garantizar el buen funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE), el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) culminó el proceso de adjudicación de las cocinas donde se elaborará el almuerzo para los estudiantes durante los próximos años escolares.

Los 35 procesos de contratación, que iniciaron en noviembre pasado con el anuncio formal de la licitación en los principales medios de comunicación del país, finalizaron con la adjudicación preliminar de 1,591 cocinas o proveedores de almuerzo para los años lectivos 2024-2025 y 2025-2026.

Esta cantidad representa un incremento de casi 40% con respecto al proceso pasado de los años 2022-2023 y 2023-2024 para los cuales se contrataron alrededor de 1,139 cocinas.

El aumento de suplidores obedece al incremento de beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar, una reingeniería en la cantidad de raciones disponibles para lograr un mayor número de proveedores, entre otros.

Criterio de adjudicación
Para la adjudicación de los oferentes, durante los primeros meses del año y luego de revisar las ofertas técnicas de más de dos mil micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), se realizó la inspección técnica in situ de cada cocina. En el proceso participaron oferentes de todo el territorio nacional.

El organismo priorizó para la toma de decisión las buenas prácticas de manufactura, higiene y las condiciones técnicas que pudieron sustentar los oferentes en los centros de operación, la ubicación de la cocina respecto a los centros educativos, las capacitaciones obtenidas, entre otros criterios de relevancia establecidos en los pliegos de condiciones.

Tras finalizar las adjudicaciones la institución está en el proceso de firmas de contratos y reiteró su apertura para responder cualquier inquietud sobre el proceso que pudieran hacer los oferentes y otros interesados.