El Gobierno de Pedro Sánchez va con todo este martes a Bruselas para intentar aprobar en el Consejo de Asuntos Generales la oficialidad del catalán en la Unión Europea, pero es un tema que tiene al Ejecutivo en una encrucijada y entre presiones al resto de socios. Según explica el Financial Times, Moncloa habría puesto en duda su contribución al apoyo militar en los países bálticos si estos no respaldan la oficialidad, algo para lo que se necesita una unanimidad que España ahora mismo no tiene. Algunos diplomáticos citados por ese medio hablan incluso de “bullying” en las conversaciones al más alto nivel, pero fuentes diplomáticas españolas niegan la mayor. De momento, lo que sí está confirmado es que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, no estará en la reunión, y delegará sus funciones en el secretario de Estado de UE, Fernando Sampedro.
“El compromiso de España con la seguridad del Este de Europa y la presencia de tropas españolas en países del Este es firme e incondicional. No está y nunca ha estado en cuestión. En relación a las lenguas cooficiales, el Gobierno de España trabaja con todos los estados miembros para que la redacción final del documento resuelva cualquier duda que puedan tener”, explican desde Exteriores en respuesta a las acusaciones.
Tal como recoge el Financial Times, en las negociaciones la parte española habría amenazado con que la falta de apoyo podría hacer que Madrid se replanteara sus compromisos de defensa con algunos países de la UE, como sus tropas en el Báltico, según han declarado funcionarios de otros países.
Ahora mismo España, que es el único país que se resiste a un plan para que los 32 aliados de la OTAN se comprometan a aumentar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB, tiene unos 600 soldados en Letonia como parte de los despliegues avanzados de defensa de la OTAN. También tiene aviones que participan en patrullas en el Báltico y varios con base en Rumanía. “Es una intimidación indignante en un momento como este”, añade una fuente al citado medio.
El asunto de las lenguas cooficiales en la UE es una china en el zapato de Sánchez. En el tema hay dos claves. La primera son las prisas de Junts. El partido que lidera Carles Puigdemont puso este reclamo sobre la mesa para apoyar la investidura de Sánchez y lleva todos estos meses considerando que no hay cooficialidad del catalán en la UE porque el Gobierno no da el paso: los independentistas consideran que si Sánchez quiere, puede, y por eso parecen cerca de darle un ultimátum. Los cálculos puede ser a cortísimo plazo. Es decir, si el tema no sale adelante para después del verano, el Ejecutivo podría encarar el nuevo curso ya sin contar con el apoyo de los posconvergentes. Esos ‘plazos acortados’ tampoco gustan en los socios europeos, todos ellos adaptados a tiempos más pausados, sobre todo en temas que necesitan cálculos y matices a muchos niveles.
La segunda, la presión que se pone sobre un tema que ya parecía encaminado, aunque avanzaba de manera lenta. Las lenguas cooficiales ya son de uso en las comunicaciones diarias del Parlamento Europeo y el grupo de Lenguas de la Eurocámara, en el que se encuentran Esteban González Pons (PP) y Javi López (PSOE), tiene sobre la mesa esta situación para tratar de convencer, poco a poco, al resto de países. La urgencia del Gobierno por aprobar esta medida contrasta con la dinámica normal en la institución: las cosas llevan su tiempo, y esas presiones que llegan desde Moncloa desvirtúan un debate ya de por sí complejo, además de generar desconfianzas.
¿Dónde está realmente el problema a nivel europeo? En el efecto dominó que pueda causar: varias fuentes confirman que hay un total de 50 lenguas en la UE en una situación similar a la de las cooficiales españolas, y algunas dentro de ese medio centenar tienen cierta ‘trampa’ dadas las circunstancias actuales. Es el caso del turco o del ruso. El primero es un idioma oficial en Chipre mientras que el segundo se emplea en algunos países Bálticos, con minorías. Además, en Bruselas inciden en que las ‘oficialidades’ siempre llegan de manera más o menos lenta, como pasó con el gaélico (que fue el último idioma en incorporarse).
Por otro lado, hay que tener en cuenta que la Comisión Europea estima que el coste de la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la Unión Europea sería de 132 millones de euros, según un informe preliminar. España está dispuesta, insiste el Gobierno, en asumir ese gasto, pero ni aún así ha conseguido convencer a todos los socios. El Consejo de Asuntos Generales de este martes, en realidad, estará lleno por tanto de prisas y de muchas dudas… y de poca fe.
